La pandemia provocó una caída de la recaudación en los ayuntamientos de las capitales de provincia de Castilla y León entre enero de 2020 y junio de 2021, de 28,5 millones de euros, según se establece en un informe del Consejo de Cuentas de Castilla y León, presentado esta tarde en las Cortes por su presidente, Mario Amilivia.
El Ayuntamiento que más vio rebajada su recaudación en 2020 fue el de Burgos con una variación respecto a 2019 de -9.462.362 euros; seguido del de León, -7.857.025 euros; Salamanca, -3.458.490 euros; Valladolid, -3.258.039 euros; Segovia, -1.982.890 euros; Palencia, -866.809 euros; Soria, -740.153 euros; Ávila, -660.294 euros; y Zamora, -222.518 euros. En este sentido, Amivilia, que destacó que los ayuntamiento “dieron la cara” y realizaron un gran esfuerzo, a la vez que cifró en 63,3 euros por habitante la merma de la recaudación en el caso de León, mientras que en Burgos fue de 53,6 euros.
Con respecto a la situación en el ejercicio 2021, los ayuntamientos, según el informe del Tribunal de Cuentas, han evaluado una pérdida de ingresos, en su conjunto, de nueve millones de euros, muy inferior a la estimada para 2020. Referente a 2022, con carácter general, no se estima ya una incidencia relevante de la pandemia en los datos de liquidación y recaudación tributarias.
Ante esta situación, el Consejo, según explicó Amivilia, recomienda que los servicios de tesorería y recaudación lleven a cabo un seguimiento de la incidencia en los datos de recaudación anual de las medidas adoptadas por el propio ayuntamiento sobre sus tributos y precios públicos y, al mismo tiempo, informen al Pleno a través de la memoria de las cuentas de recaudación.
Además, los consistorios, atendiendo a la información de la memoria de las cuentas de recaudación anual, deben evaluar si se mantienen o se suprimen los beneficios y reducciones concedidos sobre los ingresos propios a raíz de la crisis económica ocasionada por la pandemia, estimando la situación de recuperación de la actividad económica en el municipio.
En Comisión también se presentó el informe de ayudas en el que se analiza los fondos que a raíz de la pandemia recibieron los 16 ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes en 2020 y hasta el 30 de junio de 2021. Así, estos municipios fueron beneficiarios de una ayuda extraordinaria del Estado por la prestación del servicio de transporte público y de un total de ocho ayudas concedidas por la Junta destinadas a la cofinanciación de servicios sociales, alimentación y contratación de personal para otras finalidades; gastos sociales; apoyo a familias; limpieza de colegios en los ejercicios 2020 y 2021; reactivación del comercio; inversiones y contratación de personal temporal. Todas las ayudas recibidas se instrumentaron a través de subvenciones, las cuales, con carácter general, se han tramitado de forma directa, concedidas por razones de interés público, social, económico o humanitario, que en total sumaron 38,6 millones de euros.
Los municipios de mayor población absorbieron un mayor volumen de estas ayudas: Valladolid , 11,5; Salamanca, 4,9; Burgos, 4,7; León, 3,8. A estas se suman: Segovia, 2 millones Ponferrada, 1,9; Palencia, 1,8; Zamora, 1,6; Ávila, 1,5; Miranda de Ebro, 949.000; Soria, 948.000: Aranda, 895.000; Medina del Campo, 721.000; San Andrés de Rabanedo, 701.000;Laguna de Duero, 350.000 y Arroyo de la Encomienda 251.000.
Acusaciones
La presentación de este informe provocó un cruce de acusaciones entre socialistas y populares. Mientras la portavoz del PSOE en la Comisión, Rosa Rubio, aseguró que el informe del Tribunal de Cuentas demuestra la opacidad de la Junta en la peor crisis de la historia, a la vez que acusó a Mañueco de mirar hacia otro y de dedicarse solo a gestionar el dinero que recibía del Gobierno, la procuradora ‘popular’ Leticia García, puso en valor el apoyo de la Junta con las entidades locales y aseguró que en todo el 2020 el Gobierno no destinó ni un solo euro a cubrir las necesidades de los ayuntamientos.
Mientras tanto, el procurador de Vox Francisco Javier García, destacó que los ayuntamientos supieron dar la cara ante la crisis, mientras que el Gobierno se dedicó a elaborar unos decretos que luego se declararon inconstitucionales y que solo generaron la ruina para autónomos y empresas.
Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto, Pablo Fernández, resaltó que mientras el Gobierno central sí estuvo a la altura de la crisis, la Junta no actuó igual y “abandonó” a las entidades locales y a los sectores más afectados por la crisis.
Por último, desde UPL-Soria Ya, José Ramón García aseguró que todavía queda mucho trabajo por hacer para superar los efectos de la pandemia y ayudar a los más afectados.