El CES duda de las medidas fiscales de la Junta para el medio rural en 2023

El Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León valora las medidas que persigan “activar y fijar población en el medio rural”, si bien sostiene que "no parece" que las exenciones propuestas por la Junta en su ley de acompañamiento a los presupuestos "por sí solas, tengan una entidad suficiente para dinamizar plenamente el medio rural”.

Así lo recoge, en su apartado de conclusiones y recomendaciones, el Informe Previo sobre el anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas, consultado por Ical y que acompañará a los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2023. Esta norma es uno de los primeros documentos que se conocen de las cuentas del próximo ejercicio, las primeras que elabora el gobierno conjunto de PP y Vox.

El CES explica que las medidas en materia fiscal para el medio rural que la Junta plantea aplicar a partir de 2023 tendrán una “mínima repercusión económica para los sujetos pasivos”, puesto que argumenta afectan a tasas anuales para la caza y la pesca y deducciones y ayudas en el caso de viviendas para jóvenes.

Igualmente, el Consejo reitera la necesidad de que se reformule el modelo de financiación autonómica y se redefina el sistema tributario para que Castilla y León pueda disponer de “más recursos públicos” para poder cubrir las necesidades derivadas de la prestación “con calidad” de los servicios básicos en la “totalidad” del “extenso territorio” de la Comunidad, así como adoptar medidas para favorecer el crecimiento y la transición hacia un modelo productivo “más sostenible y más justo”.

De la misma forma, el CES vuelve a cuestionar que se utilice esta futura Ley de Medidas para la inclusión de materias no tributarias, ya que considera que esta norma, que se tramita en paralelo a los presupuestos, debe incluir “exclusivamente” medidas que afecten en su opinión a los ingresos y los gastos de la Comunidad. Así se refiere a cuestiones de “tipo técnico” o “adaptación normativa” recogidos en este texto legislativo.

En todo caso, el Consejo Económico y Social propone que estas cuestiones, de incluirse, deberían ir acompañadas de una “mayor justificación o explicación de las razones” que las motivan, así como del alcalde que tendrán, sobre todo, de aquellas de “amplio calado”, como a su juicio son las sanitarias, las referidas a la ley de Fundaciones o a las subvenciones en general.

Al respecto, el CES deja patente en su informe que las fundaciones públicas de Castilla y León han desempeñado una labor “positiva”, especialmente, las que han nacido fruto de la “participación” y la “concertación social”. Por ello, aboga por su “continuidad plena”.

Finalmente, aprovecha para pide a la Junta que tenga en cuenta como criterio para las jubilaciones de profesionales sanitarios la “alta tasa de envejecimiento” del colectivo de médicos. Por ello, entiende que retrasar su salida del sistema puede ayudar a garantizar la asistencia. Además, apuesta por abordar el establecimiento del número y tipo de plazas de residentes necesario y las jubilaciones de acuerdo a la distribución territorial y las necesidades rurales.