La Junta de Castilla y León apoya a 2.390 propietarios de una vivienda protegida de titularidad pública con una moratoria en el pago de la cuota mensual de la hipoteca o con una reestructuración de la deuda pendiente de amortizar durante los primeros nueve meses del año, en el contexto de las consecuencias del conflicto bélico en Ucrania, que ha disparado la inflación, según informa Ical.

Las medidas suponen un desembolso de 15,1 millones de euros, tal como ha informado la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Además, Castilla y León ha adjudicado una casa a 762 familias en riesgo de exclusión social entre enero y septiembre, a través de una actuación singular. También ha pagado el alquiler a otras 17 familias, lo que ha supuesto un desembolso de 27.870,67 euros.

La Consejería aplica este año el paquete de medidas urgentes en materia de vivienda, intervenciones que nacieron en la anterior crisis económica. En concreto, se dictaron 1.807 resoluciones por 7,52 millones de euros para facilitar una moratoria en el pago de la cuota de viviendas protegidas. 378 peticiones se solicitaron desde Valladolid, 287 desde Zamora, 286 desde León, 211 desde Palencia, 159 desde Ávila, 146 desde Salamanca, 137 desde Segovia, 109 desde Burgos y 94 desde Soria. 

En el mismo período, han sido emitidas 583 resoluciones favorables sobre la reestructuración de la deuda pendiente, por un importe de 7,6 millones. Desde Valladolid se pidieron 141, 125 desde León, 95 desde Ávila, 71 desde Salamanca, 63 desde Burgos, 56 desde Palencia, 28 desde Soria y cuatro desde Zamora. 

Además, se resolvieron 762 declaraciones de actuación singular, mediante las que se ha adjudicado una vivienda a la misma cifra de unidades familiares que fueron calificadas por los servicios sociales como en riesgo de exclusión social. 222 fueron en Valladolid, 119 en Salamanca, 87 en León, 84 en Zamora, 53 en Burgos, 51 en Ávila, 41 en Segovia y 16 en Soria.

Por otro lado, 1.495 propietarios se acogieron a la opción de amortización anticipada de su préstamo de VPO de este año, aunque fueron 1.629 quienes lo solicitaron, lo que supuso un desembolso de 9,25 millones que de distribuyeron entre 117 solicitudes en Ávila, 145 en Burgos, 197 en León, 198 en Palencia, 106 en Salamanca, 172 en Segovia, 135 en Soria, 305 en Valladolid y 120 en Zamora.

También se resolvieron cuatro solicitudes para la compra de viviendas en arrendamiento, y se aplicó un coeficiente reductor de 0,8 a los precios de las casas vendidas, dos en Burgos, 15 en Soria, una en Segovia, 54 en Palencia y diez en Salamanca.

Respecto a las casas protegidas de titularidad privada, 93 propietarios, de los cuales 82 son de Burgos, adelantaron este año el pago de la casa antes de los diez años. También se aceptaron 98 peticiones, 86 de ellas en Valladolid, para el alquiler de una vivienda por motivos laborales.

La Consejería estima que 2.554 familias se han visto beneficiadas de la flexibilización de los requisitos para la compra o el alquiler por personas con ingresos hasta 6,5 veces el IPREM. También se han atendido 29 peticiones de adquisición de vivienda nueva sin cumplir con las condiciones exigidas, aunque a cambio de destinarlas al alquiler por cinco años.

Para descalificar o reducir a diez años el régimen legal de protección de las viviendas nuevas sin vender, se concedieron 234 solicitudes, 66 en León, 59 en Salamanca, 41 en Ávila, 39 en Palencia, 19 en Soria, siete en Zamora y tres en Segovia.