La Junta de Castilla y León externaliza la búsqueda y planificación de nuevos suelos industriales y para actividades productivas en cinco provincias. En concreto, el Ejecutivo autonómico se propone iniciar el diseño de cinco nuevos desarrollos en León, Segovia, Salamanca, Zamora y Valladolid, que tendrá un tamaño de entre 60 y 250 hectáreas.

En ese sentido, el Gobierno de coalición de PP y Vox ha dejado en manos de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl), dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, el contrato para contar con ayuda externa para avanzar en el diseño de estas nuevas posibles actuaciones urbanísticas asociadas a usos industriales o actividades productivas.

Para ello, la empresa pública ha licitado un contrato de servicios de asistencia técnica sobre condiciones urbanísticas y de viabilidad para el desarrollo de suelos industriales. El contrato, que cuenta con un presupuesto de 363.000 euros, tiene un plazo de ejecución de 24 meses, dos años, para planificar nuevos desarrollos en León, Segovia, Salamanca, Zamora y Valladolid.

Tan solo una empresa presentó su oferta para llevar a cabo esta actuación en el mes en el que se estableció el plazo para presentar ofertas. Se trata del estudio PLANZ Planeamiento Urbanístico, situado en el paseo de Isabel la Católica de Valladolid, que tiene entre sus clientes a la Junta así como diversos ayuntamientos de la Comunidad. Entre sus trabajos se encuentra el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valladolid, Laguna de Duero o Llanes (Asturias) o el Proyecto Regional para Nissan en Ávila o el Proyecto Regional del Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA) de Garray (Soria).

La Junta explica en sus pliegos que estos servicios incluyen la planificación y la gestión de las actuaciones seleccionadas, mediante los instrumentos de ordenación del territorio y de planificación urbanística, general y de desarrollo. Los trabajos contratados, señala, establecerán las condiciones urbanísticas, actuaciones de urbanización y propuestas de gestión necesarias para habilitar un desarrollo “ordenado” de áreas industriales, dotándolos de las infraestructuras y servicios necesarios y la mejora de sus dotaciones y servicios urbanos.

Para ello, la empresa debe abordar la delimitación espacial de un nuevo ámbito de suelo urbanizable de uso industrial, dividido a su vez en uno o varios sectores, definiendo su ordenación detallada completa y las condiciones técnicas requeridas para habilitar la ejecución “inmediata” -urbanización, infraestructuras y servicios-. En particular, se incluirá la documentación necesaria para permitir la ejecución “directa” del suelo de acuerdo al marco legal vigente, y en particular las determinaciones completas de ordenación, urbanización y gestión requeridas para su desarrollo.

Mediante este contrato, aclara en sus pliegos la Junta, se pretenden satisfacer las necesidades derivadas de las concreciones urbanísticas de las actuaciones, “con encuadre estratégico” en las políticas municipales de promoción de la actividad económica, como en las autonómicas, como las líneas del II Plan Director de Promoción Industrial de Castilla y León 2021-2024, sobre las que funda su interés público y para la Comunidad. 

Trabajos

La Junta pretende que la empresa seleccionada en el concurso público asuma la elaboración de estudios, análisis y “diagnósticos” sobre condiciones de planeamiento y ordenación territorial vigentes o en tramitación, sobre las condiciones jurídicas y económicas de fincas y solares, y la redacción de la documentación necesaria par la tramitación ambientales de los diferentes planes y proyectos, con todos los informes necesarios.

Además, pide en su oferta estudios y propuestas de implantación estratégica, con alternativas de viabilidad urbanística, ambiental, funcional y económica e informes tipo ‘Due Dilligence’ -evaluación previa-.

También encarga la redacción de instrumentos de planificación urbanística -modificaciones de planeamiento general, planes parciales o estudios de detalle- y de ordenación territorial, así como instrumentos de gestión –proyectos de actuación, reparcelación, expropiación. También incorpora la elaboración de los proyectos de urbanización e infraestructuras urbanas a nivel básico y de la documentación para las autorizaciones de uso y licencias urbanísticas, así como la asesoría para los procedimientos de tramitación administrativa y colaboración en los procesos de participación pública.