El Consejo de Ministros del Gobierno de España autorizó hoy a Castilla y León a conceder avales en 2023 en favor del Banco Europeo de Inversiones (BEI) por un importe máximo de 85,8 millones de euros. Estas autorizaciones se efectúan en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
Tal y como informó hoy a Ical el Ministerio de Hacienda y Función Pública, el pasado 11 de julio Castilla y León presentó una solicitud de autorización para la concesión de dos avales por parte de la Administración General de la Comunidad, en garantía de varios contratos de financiación, por importes de 25,8 y 60 millones de euros.
En concreto, se trataba del contrato de financiación ‘ICE Focused Support for SMES and MICAPS’ de fecha de 26 de abril de 2023, suscrito entre el BEI y el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León por un importe máximo de 25,8 millones de euros, y el contrato de financiación ‘Somacyl social & affordable housing’ de fechas 28 y 29 de junio, suscrito entre el BEI y la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl), en el que el aval del contrato tendría un importe máximo de 60 millones de euros.
Atendiendo a la solicitud de la Comunidad, y considerando que el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León y la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de la Comunidad forman parte del subsector de comunidades autónomas conforme al SEC, así como la finalidad y características de las operaciones de aval, el Consejo de Ministros ha estimado pertinente la concesión de la autorización solicitada.
En ambos casos, el beneficiario del aval será el Banco Europeo de Inversiones. Esta autorización solo podrá amparar la concesión de garantías dentro de las líneas citadas por los importes máximos indicados hasta el 31 de diciembre de 2023.
Compensaciones para servicios públicos de Renfe por 46,5 millones
El Consejo de Ministros acordó este martes modificar los límites establecidos en la Ley General Presupuestaria para posibilitar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la compensación a Renfe Viajeros de nuevas obligaciones de servicio público por valor de 46.530.018 euros a abonar en ejercicios futuros.
Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 declararon obligaciones de servicio público y establecieron la obligatoriedad de modificar el contrato para recoger el régimen de prestación de los nuevos servicios.
Unos de estos son servicios ferroviarios de proximidad, durante un plazo de 3 años como experiencia piloto, ampliable a toda la vigencia del contrato, previo acuerdo del Consejo de Ministros, si se cumplen unos determinados niveles de utilización. Se trata de los trayectos Palma del Río y Villa del Río, Illescas y Fuenlabrada/Humanes, Málaga-El Chorro-Caminito del Rey, Murcia-Cartagena y Medina del Campo-Valladolid-Palencia. La prestación de dichos servicios supone un acrecentamiento sobre la compensación prevista de 33.813.716 euros durante los tres años.
Por otro lado, se han establecido también nuevos servicios ferroviarios de media distancia prestados sobre la red de alta velocidad para los viajeros recurrentes que utilizan títulos multiviaje: Madrid-Palencia; Madrid-Zamora; León-Valladolid; Burgos-Madrid; León-Palencia; Burgos-Valladolid; Ourense-Zamora; Palencia-Valladolid; Huesca-Zaragoza; León-Segovia; Segovia-Zamora; Palencia-Segovia; y Medina del Campo-Zamora. La prestación de dichos servicios supone una adición sobre la compensación prevista de 12.716.302 euros hasta la finalización del contrato.
Por último, se han establecido como nuevas obligaciones de servicio público los servicios entre Murcia y Alicante prestados por la nueva línea de altas prestaciones, debiendo ser modificado el Contrato con objeto de recoger el régimen de prestación del servicio, con efectos desde la fecha de inicio, pese a que la prestación de dichos servicios no supone un incremento sobre la compensación prevista.
En concreto, para dar cobertura presupuestaria a la Adenda se plantean las necesidades adicionales al gasto ya comprometido por importe de 213.906.000 euros.