La compañía australiana Berkeley, que promueve la construcción de una mina de uranio en Retortillo (Salamanca), anunció este miércoles que remitirá su disputa legal con el Gobierno al Centro Internacional de Arreglo de Controversias sobre Inversiones (Ciadi).

Según informó Berkeley a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), esta decisión se produce como consecuencia de que el gobierno español no ha entablado ninguna negociación relacionada con la disputa, por lo que no ha tenido más opción que tomar medidas para hacer valer sus derechos en Salamanca.

A este respecto, recuerda que en noviembre de 2022 presentó una notificación por escrito de una disputa sobre inversiones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que no han sido atendidas.

En dicha misiva, además de informar de la naturaleza de la disputa y de las presuntas violaciones del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE), la compañía proponía negociar una solución amistosa.

Por otro lado, Berkeley asegura que sigue comprometido con el proyecto de Salamanca y que sigue abierto a un diálogo constructivo con España. “Berkeley está dispuesto a colaborar con l Gobierno para encontrar una solución amistosa a la situación de los permisos”, afirma en el comunicado.

Al recurrir al arbitraje internacional Berkeley renuncia a la vía judicial en España

La plataforma Stop Uranio apuntó este miércoles, tras conocer que Berkeley Minera recurrirá al arbitraje internacional en su intento por abrir una mina de uranio en la localidad salmantina de Retortillo, que la compañía, de esta manera, renuncia a la vía judicial en España para conseguir este objetivo.

“A pesar de haber anunciado a bombo y platillo que recurría en casación al Tribunal Supremo las dos sentencias desfavorables recibidas del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Berkeley Minera ha presentado sendos escritos de desistimiento a ambos recursos, por lo que renuncia definitivamente a la vía judicial, la única que le quedaba, para abrir la mina”, señaló la plataforma en un comunicado recogido hoy por Ical.

Stop Uranio recordó que en el mes de enero se conocieron las sentencias por las que se anulaba, en primer lugar, la autorización de uso excepcional en suelo rústico, concedida en 2017 por la Comisión Territorial de Urbanismo y Medio Ambiente de Salamanca y, por otro, la licencia urbanística parcial, dada por el Ayuntamiento de Retortillo en 2020.

“Ahora Berkeley difunde la noticia de que recurre al arbitraje internacional para solventar sus disputas con el Reino de España, pero no cuenta que renuncia a la vía judicial en territorio español por lo que da por buenas las sentencias desfavorables recibidas, lo que supone abandonar definitivamente su pretensión de abrir la mina de Retortillo”, incidió la plataforma.

En este sentido, Stop Uranio recalcó que el Centro Internacional de Arreglo de Controversias sobre Inversiones al que dice haber acudido Berkeley “en ningún caso puede autorizar la apertura de las instalaciones de Retortillo”, si no que “como mucho podrá acordar una indemnización por el perjuicio sufrido por la empresa minera en su interés de abrir la mina de uranio”.

Por otro lado, la plataforma firmó que aunque recibiera una respuesta favorable en esa instancia internacional, Berkeley no puede solicitar ningún nuevo permiso relacionado con la investigación, exploración o aprovechamiento de la mina de Retortillo, pues la Ley de Cambio Climático y Transición Energética ha prohibido todo lo relacionado con yacimientos de minerales radiactivos.

“Esta situación supone la confirmación del retiro de la multinacional australiana de las instalaciones abiertas en Retortillo, en las que hace mucho tiempo que no observamos movimiento alguno y que vienen sufriendo una degradación progresiva con el paso del tiempo. Confiamos en que las administraciones competentes soliciten la renaturalización de los terrenos afectados por la actuación dolosa de la empresa minera, estando pendiente el Ayuntamiento de Retortillo de resolver el expediente sancionador abierto por las obras de desvío de la carretera comarcal que une esa localidad con Villavieja de Yeltes”, valoró la organización ciudadana.