El importe de los beneficios fiscales ejecutados en Castilla y León pasó de 301 millones de euros en 2017 a 713 en 2022 debido fundamentalmente al fuerte repunte en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. En este periodo, con un avance del 15%, se pasó de 162.410 a 186.461 contribuyentes con ventajas fiscales, siendo la      causa fundamental las sucesiones por la alta mortalidad debida a la COVID-19 y las donaciones realizadas al amparo de la bonificación del 99% de la cuota.

Así lo pone de manifiesto el Consejo de Cuentas en su informe de fiscalización de los beneficios fiscales de la Comunidad en el ejercicio 2021, que ha entregado en las Cortes de Castilla y León. Una fiscalización operativa, en la que el órgano de control externo ha comprobado si existen objetivos previos de política social y económica en la creación de estas ventajas tributarias, así como sistemas para evaluar su consecución a efectos de su mantenimiento o supresión.

El trabajo analiza todos los beneficios fiscales sobre los tributos propios y cedidos, verificando la correcta cuantificación de todos estos en la memoria explicativa de los presupuestos generales de la Comunidad, comprobando la evolución de los establecidos en la normativa autonómica y verificando la existencia de estudios previos para la adopción de decisiones relativas a la creación, mantenimiento y supresión de los beneficios regulados en Castilla y León.

El informe anota que en la normativa tributaria estatal y autonómica, para los ejercicios 2021, 2022 y 2023, se identificaron 794 incentivos fiscales, de los cuales 657 (83%) vienen regulados en la normativa estatal y 137 en la autonómica (17%). Dentro de los 137 incentivos de la normativa autonómica, de una parte, hay 58 que corresponden a los tributos cedidos y, de otra, 79 que afectan a los tributos propios, 5 exenciones en los impuestos propios y 74 en las tasas autonómicas, desglosados a su vez en 55 exenciones y 19 bonificaciones o reducciones.

En el IRPF, hay 222 incentivos fiscales de los que 203 son estatales y 19 autonómicos. La pérdida recaudatoria definitiva estimada provocada por la existencia de los incentivos fiscales creados por la Comunidad fue de 83 millones de euros en 2020 y de 90 millones de euros en 2021.

En el Impuesto sobre el Patrimonio hay 18 incentivos fiscales, 17 estatales y 1 autonómico. La Comunidad solo ha regulado una exención, por lo que prácticamente no ha ejercitado sus competencias normativas.

Por su parte, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) hay 44 incentivos fiscales, 29 estatales y 15 autonómicos. Entre los incentivos autonómicos, se han establecido desde mayo 2021 dos bonificaciones del 99% de la cuota en las adquisiciones inter vivos y mortis causa efectuadas por el cónyuge, descendientes o adoptados, o ascendientes o adoptantes. La pérdida recaudatoria por estos incentivos ha sido de 555 millones de euros en 2021 y de 646 en 2022.

En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPyAJD) hay 136 incentivos, 119 estatales y 17 autonómicos. En Castilla y León el aumento de los tipos generales respecto de los regulados en la normativa estatal tiene mayor importancia cuantitativa que los incentivos fiscales aplicados. El incremento de recaudación neto en 2021 fue de 90 millones.

En los tributos sobre el juego hay 11 incentivos fiscales, 5 estatales y 6 autonómicos. No obstante, en estos tributos la Administración autonómica aumenta la carga fiscal respecto de la que resultaría de la aplicación de la normativa estatal. El incremento de la recaudación definitiva fue en 2021 de 24 millones de euros.