CCOO de Industria exigirá los controles necesarios para que las personas que trabajen en el sector agrario cuenten con salarios y medidas de protección "adecuadas", según informó en un comunicado.
"El sindicato ha lamentado la falta de interlocución con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y denuncia que siguen bloqueados más de 20 convenios colectivos del campo donde las patronales se niegan a adaptarlos al Salario Mínimo Interprofesional (SMI)", subraya el sindicato.
CCOO destaca que las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para garantizar el abastecimiento de los mercados requieren que se incentive que la mano de obra esté formada en su mayoría por personas que residan en el entorno de las explotaciones agrarias.
Por otra parte, el sindicato considera un avance exigir contratos por escrito, el pago de salarios mediante transferencia bancaria y el cumplimiento del convenio colectivo garantizando el SMI, reclamando también la tramitación del alta automática en la Seguridad Social a través de herramientas digitales, para evitar fraudes.
"Entendemos que es adecuado ofrecer un trabajo en el sector a miles de personas que en otros momentos estuvieron y abandonaron el trabajo en el campo para desarrollar su actividad en otros sectores, hoy paralizados. Para ello es necesario dignificar el trabajo en el sector del campo y garantizar condiciones dignas", destaca.
Comisiones Obreras ha denunciado la situación de bloqueo de más de 20 convenios colectivos, que siguen pagando a sus plantillas salarios por debajo del SMI, en algunas provincias de Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña y Extremadura.
Al mismo tiempo, el sindicato ha pedido que se garanticen las medidas de protección necesarias contra el Covid-19 de todos los trabajadores, disponiendo de equipos de protección individual, así como las medidas de protección colectivas, tanto en la movilidad al puesto de trabajo como en comedores, trabajos en almacenes y en los tajos.
Por último, Comisiones exige la coordinación de las administraciones públicas que se dedican a la gestión de las contrataciones (SEPE, Delegaciones o Subdelegaciones de Gobierno) con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así como la interlocución continua entre el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, las organizaciones empresariales y los sindicatos representativos en el sector.