El Consejo Autonómico de Veterinarios y el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, que representan a los profesionales que más trabajan por el medio rural, apoyan la gestión del lobo ibérico que se viene realizando en el marco legal establecido por la Directiva Hábitats de la Unión Europea y el Convenio de Berna, porque reconocen la diversidad de situaciones de la especie en las diferentes regiones europeas no como un problema, sino como una oportunidad para una gestión adaptada a las singularidades locales y siempre basada en la mejor información disponible y en la coexistencia entre el lobo y la ganadería extensiva.
Los dos colegios profesionales rechazan que se reduzca el marco competencial y de actuación de las Comunidades Autónomas para gestionar la especie, pues el actual estatus legal permite que las CCAA que así lo consideren puedan otorgar un máximo nivel de protección que impida cualquier control letal, pero también facilita que otras puedan gestionarlo bajo el actual régimen, que, garantizando su estado de conservación favorable, habilita los controles de ejemplares, incluso mediante normas cinegéticas como permite la Directiva Hábitats.
Los colegios profesionales citados niegan que la consideración de los indudables valores culturales, científicos o ecológicos del lobo sea incompatible con su actual estatus legal de la especie. Esos valores y el objetivo de conservar la especie son la piedra angular de los planes de gestión de las Comunidades Autónomas.
Consideran que la actual Estrategia de conservación y gestión del lobo, vigente desde 2005, simboliza un punto de encuentro entre las Comunidades Autónomas responsables de la conservación y gestión directa de la especie y el Ministerio con competencias en Medio Ambiente, con funciones de coordinación y establecimiento de criterios orientadores y normativa básica, y apoyan su actualización, cuando se dispongan de los resultados de un nuevo inventario de las poblaciones a nivel nacional.
Los colegios profesionales de veterinarios y de ingenieros de montes muestran su apoyo incondicional a la ganadería extensiva, fundamental en la economía de las zonas rurales, y que precisa en las zonas loberas de un modelo de coexistencia basado en las medidas ya contempladas en los planes de gestión de las Comunidades Autónomas, con el objetivo de la reducción de los daños y la justa indemnización cuando estos se produzcan. Reconocen el valor ecológico y cultural que tiene la ganadería extensiva, jugando un papel clave en el mantenimiento de la biodiversidad y de determinados hábitats naturales, que son tan relevantes como los valores que representa el lobo y plenamente compatibles en el actual marco normativo.
Y por estos motivos hacen un llamamiento al Ministerio a volver al escenario de consenso y diálogo, renunciando a continuar con la tramitación de la inclusión del Lobo en el LESPRE.
La Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal se ha reunido en estas fechas con los responsables de estos colegios profesionales para analizar la situación y coordinar sus actuaciones en apoyo a la ganadería extensiva y el medio rural regional, con plenas garantías de conservación del lobo y el resto de la valiosa biodiversidad regional.