El uso de veneno continúa siendo uno de los principales enemigo de las rapaces amenazadas que anidan en Castilla y León. A pesar de ser una práctica prohibida desde 1982, de constituir un delito tipificado en el Código Penal con hasta dos años de cárcel y de figurar como infracción muy grave en la Ley de Caza de Castilla y León, con sanciones económicas de hasta los 78.000 euros e inhabilitación para el desarrollo de actividades cinegéticas de hasta cinco años, estos lamentables episodios siguen repitiéndose en la Comunidad.
Solo el pasado año, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente cerró tres cotos de caza por la aparición en los mismos de animales muertos que habían ingerido veneno, mientras el Seprona tramitó en la Comunidad un total de 20 infracciones e investigó a cuatro personas por esta práctica ilegal.
El caso más grave se registró en el término de Wamba (Valladolid), donde aparecieron más de 70 cadáveres de animales. En concreto, junto a 67 milanos negros, también se encontraron muertos dos milanos reales, dos busardos y un cuervo. Además, los agentes encontraron 13 cebos envenenados.
Mientras tanto, en septiembre del pasado año se decidió el cierre cautelar del coto de Monsalupe (Ávila) por la muerte de cuatro águilas imperiales ibéricas, dos milanos reales, un buitre negro, un busardo ratonero, un cuervo y zorro.
El tercer coto clausurado, también por cinco años como el resto, fue el de La Vellés (Salamanca), allí aparecieron envenenados siete milanos reales, un busardo ratonero y un águila calzada.
Además, el pasado mes de marzo agente del Seprona hicieron el pasado día 6 de abril una batida en el término municipal de El Perdigón (Zamora) para detectar la presencia de sustancias prohibidas y de cebos envenenados. Esta batida se produjo después de que unos días antes fueran hallados dos milanos muertos en las inmediaciones de Tardobispo, localidad perteneciente al municipio de El Perdigón, ante la sospecha de que pudieran haber sido envenenados.
El cierre de los cotos, según explicó a Ical el jefe del Servicio de Espacios Naturales, Flora y Fauna de la Junta, David Cubero, no es ninguna medida sancionadora contra los titulares del coto, y lo único que busca es restaurar el equilibrio ecológico en la zona. A su vez, remarcó que esta decisión es independiente de las sanciones administrativas o penales que se puedan interponer.
En los tres cotos clausurados, las investigaciones han revelado que en todos los casos se había utilizado aldicarb, una sustancia prohibida en España desde el año 2007 y que suele estar presente en casi la mitad de los episodios de envenenamiento. Además, en el caso de Monsalupe también aparecieron restos de bromadiolona, un rodenticida utilizado para combatir las plagas de topillos.
Acabar con las especies que provocan daños en las plantaciones agrícolas, defender la caza de aves rapaces o zorros y proteger la cabaña ganadera de lobos o buitres son, según fuentes del Seprona, las motivaciones que hay detrás de esta prácticas ilegales.
‘Operación Antitox’
Por otra parte, además de las cuatro detenciones, que tuvieron lugar en Ávila, Palencia, Burgos y Valladolid, la operación Antitox desarrollada por el Seprona el pasado año detectó en Castilla y León 20 infracciones -13 en Valladolid, cinco en Ávila y dos en Burgos- y siete delitos -cuatro en Ávila, dos en Valladolid y uno en Burgos-.
En este sentido, David Cubero resaltó la estrecha colaboración entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y el Seprona, algo que está permitiendo esclarecer muchos de los episodios de envenenamiento
Pero además, la Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Red Dot’, dispositivo especial contra el furtivismo, detuvo a una persona e investigó a otras 30 en la Comunidad. A su vez detectó 620 infracciones. En este caso, Segovia se situó a la cabeza con 213, por delante de León (103), Palencia (133), Ávila (52), Zamora (46), Soria (33), Salamanca (24) y Burgos (16). En Valladolid no se contabilizó ninguna.
A nivel nacional, las operaciones Red Dot y Antitox se saldaron con 337 personas investigadas durante el pasado año en relación con delitos de caza y contra la fauna y la flora. Además, tras más de 900 inspecciones durante todo el año 2020, en fincas cinegéticas, explotaciones ganaderas y establecimientos fitosanitarios, los agentes del Seprona detectaron más de 2.600 infracciones administrativas y 320 delitos.