"Queríamos una mayor calidad vida para los trabajadores del campo, que salieran de aquella pobreza severa que había en los pueblos, una mayor calidad en la carne y su acceso a todas las rentas y no sólo a las más privilegiadas; y ahora que lo conseguimos, parece que Garzón quiera que volvamos a la España de las pocilgas y la miseria", lamenta Lorenzo Rivera, coordinador general de COAG en Castilla y León.
Es uno de los debates del momento tras las polémicas declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón en el periódico británico 'The Guardian' afirmando que la carne que producen las macrogranjas españolas, es de "mala calidad".
"No puede demostrarse científicamente que la carne procedente de granjas estabuladas sea de menor calidad que la de extensivo. Quien diga lo contrario está mintiendo", afirma sin titubeos Rivera.
Una cerda alimenta a sus lechones en una granja estabulada de Castilla y León
La controvertida polémica suscitada por el titular de Consumo del Gobierno de Pedro Sánchez, ha generado un revuelo que ha trascendido a todas las comunidades autónomas, especialmente en aquellas donde mayor peso tiene el sector ganadero, como es el caso de Castilla y León.
Las organizaciones profesionales agrarias pidieron de inmediato el cese del ministro, que no se ha producido, si bien es cierto que tanto el ministro del ramo, Luis Planas, como la ministra de Industria y Comercio, la vallisoletana Reyes Maroto, han desautorizado las declaraciones de Garzón y han defendido "la calidad de la carne que exporta España".
Menos carne y más cara
La ganadería estabulada o intensiva supone "sólo el 15% de la carne que consumimos en España", según datos de la propia COAG.
"El desconocimiento del sector está llevando a buena parte de la sociedad a opinar sin conocimiento, dejándose llevar por una humanización de los animales que ha llevado a una idealización de la actividad ganadera que nada tiene que ver con la realidad", indica Rivera.
Sin estas explotaciones a gran escala "la carne sería tan cara que se convertiría en un artículo de lujo al alcance sólo de los más ricos porque, entre otras cosas, cebar un ternero en extensivo es muy bucólico pero necesita de tiempo tres años más que uno estabulado", detalla.
La carne se ha convertido en un alimento asequible para la economía de las familias
Respecto al fondo de la cuestión, Rivera se pregunta "si lo que pretende el ministro es volver a las dehesas de los terratenientes", dado que no en toda la geografía española se dan las mismas condiciones climáticas, con zonas en Castilla y León donde no hay pasto suficiente para alimentar al ganado al aire libre, lo cual encarece los costes de producción.
Sin una normativa clara
El principal problema que se cierne sobre este asunto es determinar a partir de cuántas cabezas de animales una explotación deja de ser familiar y se considera macrogranja, algo que, a día de hoy, no está regulado por ley.
Si bien es cierto que el sector primario ayuda a fijar población en un entorno rural que cada día se enfrenta a mayores problemas para frenar el éxodo de sus vecinos a las ciudades (falta de conectividad, ausencia de cajeros automáticos, consultorios médicos o escuelas, entre otros asuntos), una explotación de intensivo de siete mil cabezas, por ejemplo, genera tan sólo de cinco a ocho puestos de trabajo y entorpece la salida al mercado del resto de actividad ganadera del resto de vecinos.
Un grupo de vacas de una explotación de Palencia
Uno de los argumentos que más se pone de manifiesto en contra del ganado de intensivo es la contaminación en cuanto a la gestión de los purines. Sin embargo, "la ley marca claramente cómo debe procederse en todos los sentidos que pudieran afectar a la contaminación de acuíferos, así como al bienestar animal, por lo que o cambian la ley si consideran que es insuficiente, o que la dejen como está y entonces es que no se contamina", indica Poli Castellanos, presidente de COAG en León.
En este sentido, el coordinador de COAG en Castilla y León, comunidad autónoma con 630 explotaciones de intensivo, considera que las pretensiones del ministro Garzón "supondrían volver a la edad de piedra, con explotaciones no rentables, ganaderos y sus familias empobrecidos y unos altísimos precios de la carne a la que sólo tendrían acceso, como en épocas pasadas, los señoritos".
Prohibido hormonar pollos desde 2004
Son muchos los ciudadanos que creen peligroso consumir pollos que no estén criados bajo la etiqueta de ecológico, cuando desde 2004, está prohibido utilizar tanto sustancias que hormonen a estos animales, como alimentar a los animales con pienso que las contenga (Real Decreto 2178/2004, de 12 de noviembre)
Es una de las cuestiones que rodean también la supuesta menor salubridad de la carne que se obtiene de las granjas estabuladas, "cuando, además, está perfectamente controlado por los servicios de veterinaria de la Junta de Castilla y León las cantidades de antibiótico que hay que administrar a un animal si enferma, y el tiempo que ha de pasar hasta que se puede sacrificar el animal con total garantía de que no queda resto de ese antibiótico en su cuerpo", indica Rivera.
Un avicultor pasea entre los pollos de su granja.
La polémica ha generado, además, un profundo debate sobre qué se puede considerar macrogranja, dado que la ley no contempla específicamente el número de cabezas de ganado de cada subsector.
Así, "estamos criminalizando las explotaciones de intensivo familiares de cinco mil cabezas, cuando estamos en un país donde se cuida el bienestar del animal mucho más que en otros como China, con macrogranjas de hasta 100.000 cabezas", afirma el coordinador de COAG en Castilla y León.
"Se está atacando al campo de una manera incomprensible. Se trata de trabajadores que cumplen estrictamente con todas las normativas sanitarias y de bienestar animal, con explotaciones muchas de ellas de apenas 750 cabezas de la que viven unas cinco familias", añade.
Las nóminas por trabajar en una de estas explotaciones rondan los mil euros al mes, y en muchas ocasiones los empresarios han de buscar "mano de obra extranjera porque cuesta mucho convencer a los jóvenes de que hay futuro en el campo", indica.
Un debate que ha llegado a Moncloa, que ha obligado a pronunciarse a buena parte del Ejecutivo nacional, y que centra también el de la política de Castilla y León a un mes de las elecciones autonómicas del próximo 13 de febrero, y que tiene en vilo a un sector que supone casi el 10% de la economía regional.