La Alianza UPA-COAG reclama a la Junta de Castilla y León la creación, dentro del plan anticrisis anunciado por Alfonso Fernández Mañueco en su discurso de investidura, de un fondo extraordinario dotado con 50 millones de euros destinado a ayudas directas para paliar la “desesperada” situación que atraviesa el sector ante el incremento desorbitado de los costes de producción.

El coordinador general de COAG, Lorenzo Rivera, y el secretario general de UPA, Aurelio González, además de advertir de que la crisis está poniendo en jaque la viabilidad de numerosas explotaciones, reclamaron una compensación por el incremento del precio de la electricidad y del gasóleo, a la vez que pidieron al futuro consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, que trabaje en el desarrollo de la Ley de la Cadena Alimentaria y que fije los costes de producción en la Comunidad, dado que esta norma es la mejor herramienta que tienen agricultores y ganaderos para defender el precios de sus productos frente a la industria. “Si la Ley de la Cadena Alimentaria se cumpliera, el 85 por ciento de los problemas del campo se solucionarían”, aseveró Aurelio González.

Con respecto a la compensación energética, indicaron que la bonificación de la Junta debería ser similar a la puesta en marcha por el Gobierno, con una rebaja de 20 céntimos en el gasóleo, mientras que en el caso de la electricidad debería fijarse en función al consumo, pero en términos similares.

Además, ambos dirigentes se mostraron confiados en que el nuevo consejero de Agricultura será receptivo a sus peticiones, dado que Vox ha hecho de la defensa del campo una de sus banderas, a la vez que consideraron positivo que el hasta ahora director general de la PAC, Juan Pedro Medina, también forme parte del nuevo equipo de Gerardo Dueña, dado que gracias a su gestión Castilla y León es la comunidad que mejor gestiona las ayudas de la PAC.

Lorenzo Rivera argumentó que después de cuatro meses de parón y con una crisis que se ha agravado con la guerra de Ucrania, es urgente que el nuevo gobierno autonómico tome medidas y pongan en marcha ayudas que complementen a las del Ministerio de Agricultura y de las que también se beneficien sectores como el porcino o el cunícola, que han quedado fuera de los planes estatales.

A su vez, Rivera recalcó que todas las ayudas deben estar dirigidas a los agricultores y ganaderos a título principal, a la vez reclamó que las normas de flexibilización de la PAC se conozcan antes de septiembre, para que de esta forma se pueda incrementar la superficie dedicada al cereal.

Parques fotovoltaicos

Otra de las peticiones que la Alianza trasladará al nuevo gobierno autonómico es la elaboración de una normativa que proteja el suelo agrícola de la avalancha de parques fotovoltaicos. En este sentido, Aurelio González advirtió de que en los últimos 30 años la superficie de monte bajo de la Comunidad se ha ampliado en un millón de hectáreas.

La mejora de las condiciones de los seguros agrarios, en los que las administraciones deben tener más peso para evitar que las compañías privadas marquen las reglas de juego, el impulso de los regadíos y la protección de la actividad ganadera, tanto intensiva como extensiva, pero siempre desde el rechazo a las macrogranjas, son otras de las peticiones de la Alianza, que también reclama a la Junta que garantice la calidad de los servicios públicos en el medio rural, a la vez que pide a Mañueco que cumpla su promesa y lleve la banda ancha a todo el territorio.

Por último, reclamaron a la Junta que continúe trabajando para sacar al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), pero a la vez también reclamaron que la Consejería de Agricultura y Ganadería se sume al grupo de trabajo para el control de las plagas de conejos que sufren muchas comarcas de la Comunidad, y que establezca medidas de control para jabalíes, corzos y ciervos, que además de daños en los cultivos provocan en la Comunidad una media de 27 accidentes de tráfico diarios.