El precio de la gasolina pone "en jaque" la continuidad de la agricultura y ganadería en Castilla y León

La organización agraria Upa acusó hoy a las distribuidoras mayoristas de carburante de ser responsables del “desorbitado” precio actual del combustible, y censuran “la especulación y la absoluta falta de escrúpulos de las empresas petrolíferas asentadas en España”. “La disparatada escalada del precio del gasóleo en los últimos meses, y especialmente desde el inicio de la invasión de Ucrani,a está poniendo en jaque la continuidad de la agricultura y la ganadería en Castilla y León, especialmente de las explotaciones más pequeñas y de carácter familiar, las más vulnerables”, lamentan.

Así, en un comunicado recogido por Ical afirman que “llenar el depósito de un tractor medio podía costar unos 300 euros el año pasado, y actualmente puede superar, dependiendo de la capacidad, los 1.000 euros”.

“UPA considera que los niveles tan disparados de inflación que sufre actualmente el país viene motivado por actitudes tan desaprensivas como las que ejerce este `lobby´, concentrado prácticamente en tres empresas con capacidad de refino en territorio español, al que no le duelen prendas dejar al límite a sectores estratégicos del país como es el agrario, y a particulares con economías muy modestas y que necesitan del uso de su vehículo”, denuncian.

Además, aseguran que “estas empresas están ‘comiéndose’ ellas solas la bonificación del Gobierno de 20 céntimos de euro por litro, por lo que la medida de auxilio del Ejecutivo central está sirviendo para engrosar las suculentas cuentas de las mismas aumentando aún más sus márgenes a costa de la sociedad en su conjunto”.

Por todo ello, reclaman al Gobierno central que en una situación excepcional como la actual, actúe para frenar esta escalada “inaceptable” del precio de los combustibles marcando unos topes máximos y que los module en función a criterios sociales y sectores profesionales. Así, hacen un llamamiento a Competencia para que inicie una investigación y así comprueben si se están llevando a cabo prácticas contrarias a la libre competencia.