La organización agraria COAG muestra su satisfacción por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de tumbar el proyecto de un parque solar en Paredes de Nava (Palencia), porque "cuestiona el modo de vida de los pueblos".
El TSJCyL da así la razón a la Junta Agropecuaria Local, que fue quien presentó la demanda. Además, COAG de Castilla y León acaba de presentar, junto a UPA un documento dirigido a todas las administraciones competentes dónde se pide que no permitan la instalación de parques de energía fotovoltaica en superficies agrarias.
La sentencia judicial supone un duro golpe para el Ayuntamiento de Paredes de Nava, que era partidario de que en su término municipal se erigiera un megaparque solar sobre 460 hectáreas, al declarar nula la modificación de la ordenanza municipal realizada por el propio consistorio que abría las puertas al proyecto energético.
La sentencia anula, además, la Orden de la Consejería de Presidencia por la que autorizaba al Ayuntamiento a acotar los bienes comunales en los que se pretendían asentar las placas solares.
La Junta Agropecuaria Local, que ha presentado la demanda, y ahora el propio Tribunal, consideran, y así se hace constar en el fallo de 5 de mayo de 2022, que "al municipio le corresponde la gestión de los bienes vecinales, pero es a los vecinos a quien le corresponde su aprovechamiento, que puede configurarse como un derecho real administrativo de goce".
La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León es recurrible, pero la viabilidad de que prosperara este recurso es baja al ser en casación. Además, "de recurrir el Ayuntamiento tendría que hacerlo con fondos municipales y muchos vecinos no están de acuerdo en que se destine a este fin el presupuesto municipal", según indica COAG en su comunicado.
La sentencia defiende que "en el trasfondo de la controversia planteada se encuentra el cuestionamiento del modelo de vida de los pueblos que han vivido de la agricultura disfrutando de estos bienes comunales". Y en este sentido está de acuerdo con la Junta Agropecuaria Local demandante y con las organizaciones agrarias de Castilla y León.
Intereses económicos "ajenos a nuestra comunidad autónoma"
Las OPAs elaboraron un documento que presentaron a todas las administraciones competentes el pasado 27 de abril, en la que denuncian que "intereses económicos, en muchos casos ajenos a nuestra comunidad autónoma, prevalezcan sobre la soberanía alimentaria y busquen en terrenos agrícolas y ganaderos la superficie ideal, según sus intereses, para instalar placas fotovoltaicas o los destrocen atravesándolos con las líneas de evacuación".
Para COAG es muy alentador el párrafo de la sentencia del TSJCyL que dice textualmente: "Es al legislador al que corresponde definir el modelo territorial y buscar la armonización entre los intereses de los que explotan agrícolamente las tierras y viven de ello y los proyectos de energías renovables, sin que los derechos de aquellos resulten atropellados por el mayor rendimiento económico de estos".
COAG, firmante del aludido documento, reprocha que muchos ayuntamientos de Castilla y León, "al rebufo de las altas tasas que pueden pagar las empresas inversoras en energías renovables, estén colocando una alfombra roja a estas firmas para que se implanten en sus municipios", que "afecta a su subsistencia y permanencia en el territorio".