El viceconsejero de Política Agraria Común y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, Juan Pedro Medina Rebollo, ha advertido de que, con la crisis del sector primario actual y las imposiciones de una PAC "que no es profesional y está hecha desde los despachos y no desde los territorios, nos encaminamos hacia un escenario de falta de alimentos".
Son declaraciones que Medina Rebollo ha hecho en el transcurso de una jornada sobre la PAC organizada por Cajamar en Valladolid y a la que han acudido tanto el presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo; como el presidente nacional de esta organización profesional agraria, Pedro Barato.
A pesar de que la última PAC aprobada en Bruselas y que entrará en vigor a partir del próximo año, pretende, entre otros objetivos, garantizar la seguridad alimentaria, las imposiciones en materia medioambiental ha puesto en pie de guerra a todo un sector primario que ha tenido que solicitar a las administraciones territoriales que se flexibilicen estas nuevas obligaciones, que consideran "inviables".
Medina Rebollo ha señalado que, además de que las normas de la nueva PAC se tuvieron en cuenta "en un escenario totalmente diferente" al actual, "se trata de una política que no es profesional" y que está marcada por "políticas de izquierdas medioambientalistas que están prohibiendo más que preservando, cuando lo que hay que hacer es preservar y eso se hace con ciencia y tecnología, no con ideología".
La nueva PAC aprobada para el período comprendido entre 2023 y 2027 y que entrará en vigor el próximo 1 de enero, "nace con el presupuesto congelado a pesar de la inflación, que también afecta al sector primario", ha indicado el viceconsejero de Agricultura.
En cuanto a esa flexibilización anunciada hace unas semanas por el propio Ejecutivo autonómico para intentar ayudar al sector primario frente a esta PAC, Medina Rebollo ha aclarado que "son normas de Bruselas que dejan muy poco margen a las administraciones autonómicas para flexibilizar nada".
En este sentido, el responsable de Política Agraria Común en Castilla y León ha denunciado que "los que más van a perder son los ganaderos profesionales, cuando apoyar el futuro es apoyar explotaciones más dimensionadas y esto es lo que no se está haciendo. Espero que Europa reflexione, pero para que lo haga se tendrán que poner aún peor las cosas".
Por último, y respecto a la intención anunciada hace unos días por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de limitar el precio de los alimentos básicos de la cesta de la compra, Martínez Rebollo ha tildado la ocurrencia de "barbaridad que perjudicará a los de abajo, al agricultor".
Asaja exige que se cumpla la Ley de cadena alimentaria
Por su parte, el presidente nacional de Asaja, Pedro Barato Triguero, también ha salido al paso de la información publicada hoy también por este periódico en la que se anuncia un recorte de plantilla en la fábrica de Lactalis de Peñafiel, Valladolid. A este respecto ha asegurado que " a día de hoy no consta que Lactalis vaya a hacer reestructuraciones en España pero sí que va a bajar el precio de la leche en Talavera de la Reina, y esto no puede seguir así".
Precisamente respecto a esa eterna tensión entre la industria y los productores a la hora de fijar un precio de la leche que no suponga al ganadero trabajar a pérdidas, Barato ha recordado que son "las administraciones las que tienen que hacer cumplir la Ley de cadena alimentaria" y ha anunciado que, para evitar que las denuncias individuales "queden en nada, Asaja ha puesto en marcha un mecanismo de denuncias para llevar nosotros estas denuncias" ante los juzgados.
Esta PAC no es la que necesita el campo español ni la que Asaja había propuesto. De hecho, "con Asaja no se ha negociado nada, tan sólo hemos sido informados de los acontecimientos". Ahora, con el anuncio de la flexibilización de "los puntos que son imposibles de cumplir", en Bruselas siguen empeñados en hacer cumplir una "PAC política, pero no agraria", de la cual "lo que se pretende es beneficiarse en número de votos".
Por último, el presidente de Asaja ha denunciado que "es la primera vez en la historia que miembros de un Gobierno criminalizar a parte de su sociedad. No lo había visto nunca, pero ahora hay ministros que criminalizan al sector agrario español y se empeñan en defender lo indefendible. Esta PAC ha nacido muerta. Nace en 2017 y se aplicará a partir de 2024".