La problemática de la sequía viene azotando a España desde tiempo atrás. La situación ha tornado en un contexto riesgo nacional y por eso desde diferentes colectivos medioambientales han salido a la palestra a pedir recortes para tratar de frenar esta falta de agua. Precisamente, el informe 'La burbuja del regadío en España' de Greenpeace ha puesto el foco sobre este sector en Castilla y León, donde el 13,4% de los regadíos está en "zonas tensionadas".
Desde la organización ecologistas ponen de manifiesto que debe ser este el primer sector donde se produzca un "recorte necesario", ya que el 80% del consumo va a regadío. Asimismo, aseguran que el 44% de las aguas subterráneas ya "están en mal estado", por lo que no pueden ser la "fuente alternativa".
Volviendo a Castilla y León, recalcan que los regadíos están en mayor proporción en las áreas cercanas a la ciudad de Valladolid, donde hay una intensa actividad agrícola desde la antigüedad. Además, aclaran que al sudoeste de la urbe hay una amplia zona que "ya ha sufrido un cambio en su clasificación climática" y que es la causante de que la cuenca del Duero sea una de las que tiene "mayores zonas críticas para el regadío".
Denuncian que la planificación hidrológica Estatal, vigente hasta 2027, sigue aumentando las superficies de regadío en cuencas grandes como la del Duero, Ebro, Segura o Guadiana, en una situación que ya "parece insostenible". Por eso, apuestan por empezar a recortar en donde la industria agropecuaria "ha sometido al territorio geográfico a una presión que hace injustificable mantener algunos regadíos".
Por eso, focalizan estos recortes en las zonas sobre acuíferos con un "mal estado cualitativo del agua": 32,88% del regadío, los lugares sobre acuíferos con un "mal estado químico" del líquido elemento: 45,52% del regadío, las zonas con niveles de nitratos elevados: 56,59% del regadío y las zonas en las que se ha producido en estos momentos una evolución climática: 15,82% del regadío.
Precisamente, ponen de manifiesto que el 16,23% de los regadíos del país se encuentran en áreas tensionadas (los puntos 1,2 y 3), por lo que consideran "preferente" la reducción, pero comenzando por los regadíos ilegales y llevando a cabo un análisis socioeconómico de las explotaciones.
Piden a las administraciones, tanto del Estado como de las comunidades autónomas, prohibir nuevos regadíos en industriales en lugares tensionados, contar con un registro que sea público de hectáreas de regadío y potenciar la agricultura ecológica. A las grandes y medianas empresas las piden paralizar las inversiones que aumenten este tipo de sectores industriales y obligarlas a informar públicamente sobre la compra de amplias zonas de regadío con efectos sobre un recurso "escaso" como es el líquido elemento.