La reforma de la ley de usos horarios en la que trabaja el Gobierno de Sánchez y que abre la posibilidad a reducir la jornada laboral semanal a cuatro días, vuelve a ser motivo de debate en un momento en el que las empresas pelean aún por salir de la crisis producida por el impacto de la pandemia.

Con esta medida anunciada ayer por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se pretende introducir una "mayor flexibilización de la jornada laboral que además está estudiado que aumenta la productividad", aseguró.

Sin aportar los estudios que demuestran esta mayor productividad, Díaz apuntó a que su ministerio trabaja por una formulación "menos rígida" de la jornada laboral, en la que el trabajador disponga de más tiempo para "cuidados" y "formación". 

Mientras la CEOECYL aboga por la prudencia y prefiere no pronunciarse al respecto dado que a la Patronal no le ha llegado aún ningún borrador con medidas concretas, desde CCOO de Castilla y León sí han valorado esta medida, mientras no suponga un "menoscabo en las nóminas de los trabajadores".

¿Quién paga la factura?

A este respecto, desde el sindicato regional indican a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León, que es necesario abrir este debate a través de un Diálogo Social constructivo con todos los agentes implicados. "Creemos que esta medida es positiva y que podría generar más empleo, pero entendemos que lo ideal sería que las empresas recibieran ayudas por parte del Estado para cumplir este objetivo", añaden, en clara alusión a los costes laborales que, de otra manera, generaría para los empresarios.

Las negociaciones con los agentes sociales para la elaboración del texto, no tendrá lugar, en cualquier caso, hasta 2022.