El teletrabajo en la Junta de Castilla y León se ha cuadruplicado entre los empleados públicos durante este año y medio de la pandemia, ya que el cierre de la actividad presencial en la primera ola por el coronavirus obligó al trabajo en remoto, pero la buena evolución de la incidencia ha llevado a recuperar la prestación presencial del servicio público desde el 1 de octubre.
Antes del 14 de marzo eran 193 los empleados públicos de la Junta con teletrabajo requiere de autorización-, pero a día de hoy suman 811 los que han elegido este sistema, según informaron fuentes de la Consejería de la Presidencia a Ical, si bien advirtieron de que puede incrementarse porque hay expedientes por tramitar.
El anteproyecto de ley de Medidas Tributarias y Administrativas, que acompaña a los presupuestos, elimina el silencio administrativo desestimatorio en el procedimiento de autorización para el desempeño de la jornada de trabajo no presencial mediante teletrabajo. En su informe, el Consejo Económico y Social (CES) lo valora favorablemente porque cree que contribuirá a fomentar la flexibilidad laboral en la prestación de servicios.
Precisamente, la Consejería de la Presidencia ultima el decreto que regula el teletrabajo en la Administración de Castilla y León, después de la modificación de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público por el Gobierno, que estableció una regulación de la modalidad de prestación de servicios a distancia mediante el uso de tecnologías de la información y de la comunicación.
En este momento, se ha terminado la negociación con las organizaciones sindicales y el debate en el Consejo de Función Pública, por lo que solo falta la petición de informes jurídicos y del Consejo Consultivo con la previsión de su aprobación antes de finalizar el año por el Consejo de Gobierno, como informó en las Cortes el consejero Ángel Ibáñez al presentar el balance en el ecuador de la legislatura.
“Y es que estos últimos meses ha quedado constatado que esta nueva forma de organización del trabajo es un sistema flexible y eficiente de desempeño laboral que mejora la eficacia y la calidad de los servicios que se prestan”, sostuvo el consejero en las Cortes.
El borrador redactado por Presidencia limita la aplicación del teletrabajo al ámbito del personal funcionario y laboral de la Administración General de la Comunidad y órganos autónomos dependientes de ésta, de manera que quedan fuera de esta modalidad no presencial los empleados públicos sanitarios, los docentes y trabajadores de residencias y servicios sociales, excepto los administrativos de las tres áreas.
El nuevo decreto, cuyo objeto es regular las condiciones y el procedimiento para el desarrollo de la actividad laboral mediante el teletrabajo por el personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, afectaría así a unos 22.000 de los casi 85.000 empleados públicos, uno de cada cuatro, al no incluir al bloque sanitario, educativo y de servicios sociales.