La Unión General de Trabajadores de Castilla y León despedirá a más de 70 empleados, el sindicato no quiere ofrecer el dato exacto “por respeto a los trabajadores” tras la presentación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a las nueve provincias de la Comunidad. La decisión “es dura”, aseguran fuentes a este periódico, pero se ven abocados por la “ruptura del Diálogo Social” por parte de la Junta de Castilla y León y, en concreto de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo. Una cifra que supone un tercio de todos sus empleados en la Comunidad.

UGT apuntan a la supresión de la financiación destinada a los programas de inserción laboral para ocupados y desempleados, el de prevención de riesgos laborales, y el de acompañamiento a trabajadores inmigrantes, todos ellos dentro del Diálogo Social, como causa principal del masivo despido. Una falta de presupuesto que según el sindicato “al final afecta a los ciudadanos”, ya que hasta ahora se hacía de manera gratuita por sus empleados y que, pese a que desde la Consejería se ha asegurado que se haría con empleados públicos, “ahora no se están realizando”.

La decisión del consejero Mariano Veganzones de recortar presupuesto a los sindicatos, que estimaron en 20 millones de euros, está provocando los primeros efectos, pese a que sus líderes sindicales siempre han dicho que su financiación llegaba desde la cuota de los militantes, se ha comprobado que no es así.  “Todo se debe a un criterio ideológico y no podemos mantener estos programas, porque no tenemos capacidad económica porque con la cuota pagamos toda la negociación colectiva, tareas propias que dan sentido a un sindicato”, asegura su secretario de Administración, Manuel Carlos Martín, a este periódico. “Ahora mismo un trabajador inmigrante no está recibiendo asesoramiento”, agrega.

Así, ya se ha presentado ante la autoridad laboral la documentación que se necesita para la presentación del Expediente de Regulación de Empleo para casi un tercio de los 188 trabajadores que actualmente tiene en nómina en toda Castilla y León. Ahora se abre un periodo de un mes para realizar una negociación con los representantes de los trabajadores, para concretar la cifra total de despidos que englobará el ERE.

Desde el sindicato se recuerda que aunque se mantienen varios contenciosos por este aspecto con la administración autonómica, “la justicia va lenta” y, aunque se ven seguros de que la Justicia los dé la razón, “lamentablemente” no llegará a tiempo para poder evitar los despidos. No obstante, no cierra la puerta a que cuando “haya un cambio en la postura del Diálogo Social” con la Junta se pudiera volver a contar “con los compañeros y compañeras” despedidos.

Por su parte, la Junta no se ha dado por aludida en este sentido. El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha mostrado hoy el respeto “máximo” a las decisiones de autoorganización y gestión de los recursos de todas las entidades, ya sea sindical, empresarial, político o de otra índole, pero no se ha responsabilizado de los despidos, "no son empleados públicos, por lo que la Junta no tiene relación laboral con ellos", ha asegurado.

CCOOCyL descarta un ERE: "Somos autosuficientes" 

Por su parte, el sindicato CCOO en Castilla y León ha descartado presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) “ni de forma inminente, ni a corto ni a medio plazo”, dado que se trata de una organización “autosuficiente” en sus finanzas.

El secretario general de CCOO en la Comunidad, Vicente Andrés, no quiso entrar a “hacer valoraciones de la organización con la que trabajamos de forma conjunta en la defensa de los intereses de los trabajadores” y con la que, recordó, mantienen “una postura de unidad inquebrantable”, pero sí descartó la posibilidad de que CCOO lleve a cabo la misma decisión: “Nosotros no vamos a presentar un ERE”.

No obstante, lamentó que estas dificultades económicas vienen planteadas por unas medidas “ilegales” llevadas a cabo por la Consejería de Industria, Comercio y Turismo de la Junta, que según Andrés “está incumpliendo las leyes y los acuerdos, por las bravas y sin contemplación”.

“Eso produce un daño a los servicios públicos que atendemos, como el Serla, la negociación colectiva y otros asuntos de interés general”, continuó explicando, afirmando además que eso “hace un daño tremendo a la sociedad y a las personas trabajadoras” por culpa de las políticas del Gobierno autonómico que “genera problemas temporales”.

Asimismo, presumió de la “fuerte afiliación” de CCOO en Castilla y León, con cerca de 70.000 afiliados, que permite “sortear los problemas que se están generando fruto de una decisión ilegal” y que, en todo caso, obliga al sindicato a “ajustar nuestra forma de actuar en función de nuestras posibilidades”.

En ese sentido, y aunque aseguró que desde CCOO seguirán haciendo su tarea “como sindicato de interés general” y que “no será un partido radical ni sus actuaciones ilegales el que condicione la libertad sindical”, sí reconoció que estos recortes supondrán “que se dejarán de dar servicios públicos”, por lo que, en último término, “quien pierde es la ciudadanía”.