Se encuentran en un momento crucial para su futuro en un escenario verde marcado por los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) detallados en la Agenda 2030, y buscan dimensionarse para acometer acciones concretas con los que obtener un mayor crecimiento empresarial.

Son las empresas cooperativas agroalimentarias de Castilla y León, que con la asignatura pendiente de conseguir una conectividad efectiva en todos los núcleos rurales donde se asientan, continúan trabajando para seguir siendo el eje central de un sector primario que representa el 5% del PIB regional.

Fernando Antúnez, presidente de Urcacyl (Unión Regional de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla y León), adelanta a este periódico que actualmente están "trabajando para poder ofrecer al público una marca nacional que reúna los productos alimentarios de estas empresas”.

Se tendrán en cuenta factores que permitan al consumidor saber que esa marca cuenta con los controles y estándares más exigentes de calidad, para que cuando decida qué producto lleva a su mesa, lo haga con toda la información necesaria, vinculando esa calidad al trabajo de los profesionales que conforman este secor de la  Economía Social.

Urcacyl, que mantiene "una buena relación con el Gobierno regional", se encuentra centrada en el apoyo, formación y asesoramiento hacia estas empresas socias, para mejorar sus resultados y viabilidad. No en vano, de estas explotaciones "dependen casi 40.000 familias en la Comunidad", indica Antúnez.

Mientras valoran el apoyo del Ejecutivo de Fernández Mañueco, insisten en ponerle el cascabel al gato en referencia a la política común europea: el cooperativismo agroalimentario necesita una apuesta mayor por parte de la Unión Europea que, como indica el propio presidente de Urcacyl, "pone constantemente palos en las ruedas con condiciones que no exige para la entrada de los mismos productos procedentes de fuera de nuestro marco internacional".

Esto lleva a los ganaderos y agricultores de esta Comunidad a tener que competir en "condiciones desiguales", lo cual no beneficia en ningún caso no sólo la sostenibilidad de este tejido empresarial, sino, además, "a la lucha contra la despoblación" de esa España vaciada en la que se han convertido miles de municipios a lo largo del país.

En este sentido, Urcacyl continúa en su labor de promoción y desarrollo de un tipo de empresas, las cooperativas, que si no existieran, “habría que inventarlas”, asegura. Un trabajo en favor de un dimensionamiento que se ha traducido en empresas más fuertes, aunque en menor número. Así, esta organización ha pasado de representar a 152 socias en 2012, a 133 a día de hoy, con una evolución en términos de facturación global que ha pasado de los 1.950 millones de euros registrados hace casi diez años, a los 3.000 con los que esperan cerrar el actual ejercicio.

Sostenibilidad real

Con la Agenda 2030 del Gobierno, acorde con los retos planteados por la propia UE, que pretende impulsar medidas para la conservación del planeta, Antúnez habla claro sobre el término “sostenibilidad” y pide no caer en la trampa de adoptar tendencias sin un enfoque realista: “la sostenibilidad de la que todos hablan no puede llevarse a cabo si no se impulsa primero la económica. Sólo si existe una viabilidad económica, podrá el ganadero o el agricultor cumplir con criterios de sostenibilidad social y medioambiental”, advierte el máximo representante de Urcacyl.

“Europa sólo tiene en cuenta la sostenibilidad medioambiental, pero: ¿cómo puede un ganadero cumplir con ese reto, si antes no puede mantener económicamente a flote su explotación?”, señala Antúnez.

A este respecto, valora cómo 2021 ha sido un buen año para la agricultura, pero no para la ganadería por problemas en la rentabilidad dados los precios que se pagan en destino. Pero, ¿se arregla esto simplemente pidiendo más ayudas para el campo? “No es sólo una cuestión de ayudas, sino, sobre todo, de que la Unión Europea ha impuesto un sistema de producción con unos costes muy elevados aquí, que no tienen que cumplir los productores de otros países cuando su mercancía entra en nuestro entorno”.

Antídoto contra la despoblación

Castilla y León es hoy una de las comunidades autónomas con una radiografía más preocupante en lo que a términos de población se refiere. Para luchar contra este problema, la Junta de Castilla y León aprobó en su día la Agenda para la Población de Castilla y León 2010 – 2020, que contenía las directrices políticas específicamente dirigidas a la consecución de objetivos demográficos. Una agenda con 118 medidas que el portavoz del Ejecutivo regional, Francisco Igea, reconocía recientemente como un “fracaso”.

En apenas diez años Castilla y León ha perdido el 6,4% de su población hasta los 2.381.000 que tiene a día de hoy, con una de las peores involuciones demográficas de todas las regiones de nuestro entorno europeo.

En este sentido, las cooperativas agroalimentarias siguen siendo los principales diques de contención de esta sangría en el censo, sobre todo en el rural, dado que su presencia es fundamental para la fijación de población en el campo.

Antúnez insiste en que la raíz del problema, también para la despoblación, está en "empezar la casa por el tejado" siuando la raíz del asunto en la ausencia de rentabilidad económica en el mundo rural. "Para que un socio pueda tener relevo generacional en su explotación, o le puede aportar un futuro a sus hijos, o acaba cerrando”.

A este respecto, el presidente de Urcacyl señala directamente al problema de competitividad que genera la normativa europea, al convertir el sector primario en “moneda de cambio” a la hora de negociar otro tipo de acuerdos, además de otros de índole interna contra los que trabaja esta organización, así como a la falta de compromiso por parte de una Distribución que se niega a estar representada en ninguna interprofesional.

“La subida de materias primas y de otros factores incrementa unos costes que la propia ley de la cadena productiva obliga a repercutir”, recuerda Antúnez. Con un IPC que ya se ha subido a un más que peligroso 4% según datos hechos públicos por el INE ayer mismo, el máximo representante de Urcacyl señala que “ningún Gobierno entra a regular que este incremento de costes no arruine al dueño de la explotación, porque supondría que el indicador de los precios subiera mucho más”, aclara.

Dudas sobre la futura PAC

A pesar de que en 2018 las demandas del sector primario consiguieron algo inédito, como lo fue que todos los agentes políticos, sindicatos y organizaciones agrarias firmaran junto con el Gobierno regional un documento de posición en común frente a las negociaciones de la PAC, lo cierto es que aquellas siguen siendo las mismas reivindicaciones de hoy: que las ayudas lleguen a explotaciones de profesionales, y no se pierdan en personas que no lo son; y que no se reduzca la cuantía de esta línea de ayudas.

Si bien es cierto que la comisión de Agricultura del Parlamento Europeo dio a comienzos de este mes su visto bueno a la nueva PAC, que se aplicaría a partir de enero de 2023, Antúnez confiesa que cada nueva normativa europea complica aún más las cosas para el agricultor y ganadero.

La exigencia de una mayor sostenibilidad es muy deseable y necesaria, pero es el papel el que todo lo aguanta, no tanto el profesional del campo, mientras ese objetivo de desarrollo sostenible no venga precedido de líneas claras de ayuda que amortigüen esos sobrecostes.“Dado que la PAC conlleva un registro de campo -añade-, desde Urcacyl pedimos a las administraciones que ese asesoramiento pueda llevarse a cabo por parte de los técnicos de las cooperativas sin letra pequeña”.

En muchas ocasiones es la propia redacción normativa la que supone un verdadero obstáculo para mantener el tejido económico en zonas rurales. Así, Antúnez llama a la revisión normativa y a la reflexión de calado para que la legislación permita el dimensionamiento y crecimiento de estas empresas de economía social: “Si a las explotaciones comunitarias de la tierra se les penaliza en Castilla y León quedando fuera de la PAC, ¿cómo vamos a frenar la despoblación, si hay pueblos donde todo el terreno explotado está en este régimen?”, se pregunta Antúnez.

En lo que a sectores se refiere, Antúnez muestra su preocupación por el del ovino, que desde hace dos años registra cómputos negativos por primera vez en su hisptoria, y que es uno de los más importantes de Castilla y León, por lo que el presidente de Urcacyl exige que una parte del presupuesto de la PAC se destine a intervenciones sectoriales a través de las organizaciones de productores. 

Protección del lobo, y del ganadero

Una de las cuestiones de las que más se ha hablado en los últimos días ha sido la polémica Ley que incluye al lobo como especie no cinegética, prohibiendo su caza controlada. Algo que ha puesto en pie de guerra a todos los profesionales y representantes del sector ganadero, que ven como año tras año los ataques de este animal reducen considerablemente las cabezas de su ganado.“Quien haya decidido poner en marcha esta Ley, es evidente que no tiene ni idea de lo que ha hecho”, analiza Antúnez, quien advierte del peligro económico y de la posible desaparición de razas autóctonas de ganado. “Es increíble que no se nos haya consulado. La ministra aseguró que lo haría, pero no lo ha hecho. Ha pasado por encima de los profesionales y de las organizaciones agrarias”, lamenta.

Habrá que esperar a ver cómo se pronuncia la Audiencia Nacional, tras el recurso contencioso administrativo presentado por cuatro de las comunidades autónomas más afectadas por esta decisión, entre las que se encuentra Castilla y León.