El pasado 26 de mayo el Colegio de Ópticos-Optometristas de Castilla y León (COOCYL) inició una campaña de concienciación social con el único objetivo de lograr la inserción de la profesión en el Sacyl, el servicio sanitario público de Castilla y León.

Se trata de una lucha en la que llevan inmersos casi dos décadas, desde que la Comunidad reconoció la categoría profesional sanitaria del óptico-optometrista en el año 2004, siendo la primera junto con Navarra donde fueron reconocidos como tales, pero también en Castilla y León se ofrecen estudios de Grado en Óptica y Optometría.

Pese a ello, en todos estos años la Comunidad no ha continuado con el desarrollo de la profesión y tampoco ha mostrado intención alguna de incorporar a estos profesionales en los centros de salud o en sus servicios de Oftalmologia, como sí han hecho otras comunidades como Andalucía, Aragón, Baleares, Cataluña, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana.

Esta situación ha sido denunciada nuevamente por el decano del COOCYL, Luis Ángel Merino, en una entrevista con EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León: "Ahora mismo en España hay más de 400 ópticos-optometristas trabajando para los diferentes sistemas sanitarios de las autonomías. Hay 11 que los tienen ya incorporados, mientras que en Castilla y León no hemos sido capaces de convencer a nuestros políticos de la necesidad de nuestra inclusión", ha explicado.

En este sentido, Merino ha aclarado que, aunque en los dos años que lleva desempeñando el cargo de decano del Colegio y ocho como miembro de la Comision permanente del COOCYL se han mantenido varias reuniones con asistencia sanitaria del Sacyl y con diferentes consejeros, lo cierto es que todas ellas parecen haber caído en saco roto: "Algunos consejeros en Castilla y León no han entendido la importancia de la incorporación del Óptico – Optometrista en el Sacyl”.

Además, ha puntualizado, que a dichas reuniones "hemos llevado argumentos, aportado datos de estudios y experiencias de todo tipo", pero que esto no ha servido para nada. Y es que, según explica Luis Ángel Merin, "no somos una profesión que tengamos una necesidad de colocar a compañeros porque apenas hay paro, sino que lo estamos haciendo porque sabemos de nuestra utilidad cuando de mejorar la salud visual de la sociedad se trata y así se ha demostrado en las autonomías donde la presencia del óptico-optometrista se ha hecho imprescindible".

Las ventajas de la inserción

Él insiste en que incorporar ópticos-optometristas a la sanidad pública de Castilla y León no solo supone ventajas económicas para la Comunidad, debido al ahorro que supondría para las arcas públicas incorporar diferentes unidades de estos profesionales, sino también avanzar en la detección de los problemas visuales de la población, lo que mejoraría la salud visual de los ciudadanos; reducir la lista de espera para una consulta especializada de Oftalmología, la cual aglutina 52.296 personas, un 63% más que el año anterior según datos oficiales del Gobierno regional; y que el sector "vaya mejor y más fluido". 

"El tema de la lista de espera es lo que mejor entiende el paciente porque sé que una sanidad no es adecuada si no es rápida y si no se realiza de una forma integral y efectiva. Que los ópticos-optometristas sean intermediarios entre la atención primaria y la atención especializada aliviaría mucho, no solo la carga asistencial de la especializada, también el seguimiento y el control de las patologías de tipo crónico", ha argumentado el decano, aclarando que su inclusión en la sanidad pública también aliviaría de trabajo al servicio de Oftalmología, permitiendo que estos profesionales tengan "una labor mucho más quirúrgica y diagnóstica". 

A la hora de realizar dichas afirmaciones, Merino se basa en los datos recogidos por el informe 'Ampliación de cartera de servicios de salud visual en Castilla y León: una aproximación de evaluación económica', donde se establece que "prácticamente el 70% de la gente que acude a revisarse su visión es por problemas optométricos que se resuelven con una solución optométrica", y que, teniendo en cuenta que desde Atención Primaria se suelen derivar al oftalmólogo 74.000 personas al año en la población pediátrica y 63.100 en la población adulta solo por problemas de agudeza visual, serían necesarias 31 unidades de Optometría en Castilla y León, 15 para atención pediátrica y 16 para adultos. 

En el documento queda reflejado, además, que cada una de ellas supondría un coste anual de 59.309 euros, o lo que es lo mismo, un total de 1.838.579 euros, casi la mitad del desembolso que se realiza hoy en día, 3.642.300 euros. 

Aun así, Luis Ángel Merino es perfectamente consciente de que "no se puede empezar con 31 unidades porque es muy complicado".

Según Merino, actualmente el tema se encuentra en un punto de absoluto estancamiento, pues todavía están esperando a que les reciba la directora de asistencia sanitaria y el consejero para mantener una nueva reunión.

No obstante, el COOCYL no piensa en tirar la toalla, ni mucho menos. Él se muestra convencido de que "el óptico-optometrista acabará en la sanidad pública de Castilla y León porque es de lógica. Pero mientras tanto seguiremos realizando las campañas que consideremos para promocionar al óptico-optometrista como agente básico en salud visual. Llevamos hablando de este tema desde 2004, que fue cuando nos reconocieron como profesionales sanitarios", y asegura, “no nos vamos a cansar. Tenemos que seguir peleando".

De este modo, el también empresario ha explicado que siempre han abordado el tema desde tres vías diferentes, una institucional, que consiste en hablar con las instituciones; una de opinión pública, para que esta entienda que la profesión es importante; y otra de preparación y formación de la profesión, algo que, según el decano, en el caso de la del COOCYL, es "muy exitosa" dada  la implicación del colectivo. 

Llegados a este punto, Luis Ángel Merino ha aprovechado la ocasión para agradecer a los pacientes el apoyo hacia el colectivo por la confianza, que año tras año se amplía, y también para pedir a las autoridades competentes "que valoren estas profesiones que todavía no han entrado en la sanidad pública de Castilla y León y vean lo útiles y necesarios que somos para la sociedad”.