La Ley D’hondt es la norma que determina el valor de los votos, los necesarios por cada candidato para ser elegido en los procesos electorales.

Esta ley especifica un valor distinto a los votos emitidos en un territorio sobre otro, es un tipo de discriminación positiva que da un valor superior a un voto emitido a un mismo partido, -con un ejemplo las reciente elecciones del 21D- en Barcelona, donde el voto allí emitido valió menos que otro voto emitido en Vic.

Con ello, los candidatos de la Ciudad Condal necesitan más votos para ser elegidos que aquellos que lo hacen en Vic. Y qué justificación hay para que se sostenga y se defienda -por algunos partidos- tal desigualdad manifiesta, y sobre todo, tras ver cómo en las últimas elecciones catalanas del 21D, partidos que sostienen esta Ley han visto dañados sus intereses representativos.

La defienden acaso, porque no se vieron perjudicados, como ocurrió en su momento con la bajada de votos en favor de IU.

 La Ley de D’hondt tuvo su justificación al inicio de este periodo constituyente para dar cabida a partidos, en aquel entonces, regionalistas con una representación limitada a un territorio, hoy se han convertido claramente en partidos nacionalistas, separatistas y por qué no decirlo, 'golpistas', que tendrían una menor representación, de aplicarse el principio de 'un hombre un voto'.

Aunque los menores de 18 años no tienen derecho a voto, que duda cabe que las políticas que se ejecuten por los partidos políticos elegidos van a repercutir sobre todos los ciudadanos, las familias al completo, incluido sus ciudadanos menores de edad.

A raíz de los resultados obtenidos en las elecciones catalanas seria interesante saber cuántos miembros de menos de 18 años componen la unidad familiar del padre o madre de familia, o ambos, que han ejercido el derecho al voto, cuántos menores de edad -ciudadanos al fin y al cabo- van a ver limitados o anulados sus derechos por esta locura secesionista, y cuántos de esos votos se han efectuado por jóvenes ya mayores de edad sin ningún tipo de responsabilidad, ya sea social, laboral o familiar. Responsabilidades que son un elemento crucial, una causa restrictiva para dirigir tu voto a según qué partidos.

No estoy poniendo en cuestión el derecho de los ciudadanos mayores de edad al ejercicio de tan consustancial importancia para la democracia.

Pero, si la Ley electoral vigente en España sobrevalora los votos que se emiten en un territorio, no se podría aplicar ese mismo principio discriminatorio positivo para que los padres y madres de familia o ambos tuvieran esa misma sobrevaloración en los procesos electorales, que se valorara ese otro elemento diferenciador, los hijos, la familia.

Por qué no sostenemos que no son los territorios los que tienen los derechos, sino que son los ciudadanos los sujetos de éstos.

Queda claro que la Ley de D’Hondt sobrevalora el voto de un determinado territorio, en pos de conseguir una representación de éste y que normalmente se suele circunscribir al ámbito rural.

Ya he defendido en más de una ocasion en distintos artículos de opinión, la creación de leyes específicas para conseguir el mismo fin, que es necesario protegerlo con diversos tipos de políticas que favorezca su mantenimiento y su supervivencia.

Porque -seamos honestos- tan importante es proteger cualquier situación social, si así fuese necesario, como es en un caso, la supervivencia del ámbito rural y en el otro, los hijos, la responsabilidad de los padres de darles un futuro mejor que asegure con ello la supervivencia de esta sociedad, su sistema político, leyes y derechos por medio de la renovación y aumento poblacional.

Pero seamos más honestos aún, por qué no se hace el esperado cambio de la ley electoral y dejamos las políticas efectivas -no las efectistas- en sustitución de las discriminaciones positivas para un gobierno elegido, con más legitimidad si cabe, por un voto con el mismo valor independientemente del territorio donde se emita.

'Un ciudadano un voto' no sería más justo?