Y la Justicia le dio calabazas

Archivada la causa contra Maíllo y el resto de exconsejeros de Caja España por haber prescrito los delitos. Estaban siendo investigados por la supuesta concesión irregular de créditos de 70 millones al expresidente de la entidad Santos Llamas.

Con este titular, un café y una tostada con tomate y aceite de la zona me he despertado esta mañana en Valdepeñas donde me encuentro por motivos familiares.

Especial atención tenía sobre este asunto por encontrarse en él Fernando Martínez Maíllo, el que trataba de hacer comer lentejas a Ciudadanos con un embudo.

No hay duda que Maíllo ya no tiene responsabilidades judiciales que atender, (la justicia le ha dado calabazas y no hizo falta embudo o sí, quizás lo ancho??). Pero, muchas veces, esas responsabilidades son mejor aclararlas, no dejarlas en el limbo, evitar dudas sobre la supuesta inocencia o sobre la supuesta culpabilidad.

La duda para el PP, lejos de ser una ventaja, es una pena añadida pues su imagen, su fama - de la que presumen en demasía y que suelen poner como prenda para ejercer su actividad política-, es una duda permanente. Y a ellos parece darles igual.

El Partido Popular con la corrupción institucionalizada, convertida ya en una metástasis que afecta a todos los órganos de la formación, actúa como alguien que no tiene cura, sin esperanza, actúa sin responsabilidad propia, como que le da todo igual porque, mientras Maíllo ha estado imputado, ha venido ejerciendo la coordinación general del partido. De todo esto debemos sacar una conclusión. Que ha prescrito el delito, pero la sospecha no.

El plazo de prescripción de los delitos lo señala el Código Penal en el Art 132,2  tras la reforma acaecida en 2015 (el zorro diseñando el gallinero) un modus vivendi muy adecuado para el rancio bipartidismo. Transcurrido el plazo de prescripción de los delitos señalado en el Código Penal, la responsabilidad penal del sujeto se extingue.

Un tiempo excesivo sin pena hace que la condena no cumpla su finalidad de prevención general y específica siendo, incluso, contraria al fin de resocialización de la sanción, es por ello que la prescripción extingue la responsabilidad penal.

Una vez dicho esto, que uno de los principales encausados en el caso Caja España sea un miembro del partido en el Gobierno, (Gobierno que por activa, pasiva, acción y omisión ha impedido la modernización del sistema judicial, que de forma muy beligerante impide la autonomía e independencia del poder judicial) es muy frustrante si entendemos que una justicia independiente es una de las patas donde se sustenta la democracia.

Y para ahondar mucho más en las dudas leo con alarma esto: “La asociación de jueces AJFV denuncian que el Gobierno quiere aumentar su injerencia en la Justicia”.

Por eso, ningún Gobierno puede ser juez, vigilante, perseguidor y perseguido al mismo tiempo. Y preocupante es la última chapuza, “lexnet” como parte del no menos chapucero proceso de digitalización del sistema judicial.

Así pues, nos encontramos con un sistema judicial que por su lentitud permite la prescripción de delitos y que necesita realmente la prescripción facultativa de una ordenación y reorganización que alivie los síntomas de semejante virus, enfermedad que este Ejecutivo no hace más que propagar, por no aplicar la receta correcta.

Modernización, reordenación, reorganización y sobre todo autonomía plena de todo el sistema judicial.