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Castilla y León
Mediación familiar antes del proceso de divorcio
Divorciarse es un paso doloroso, caro y complicado, aunque lo es menos desde la reforma de la ley en el año 2005. Entonces se suprimió la obligación de pasar por un proceso de separación previo al divorcio y se creó una nueva figura, la mediación familiar, pensada para ayudar a solventar el divorcio de la forma menos conflictiva posible.
Al margen de la ley estatal, la mayor parte de las comunidades autónomas han ido desarrollando y definiendo con más precisión la figura de la mediación, de modo que este servicio se presta con matices en cada una de ellas. Pero los fines perseguidos por la mediación son iguales en todas partes, reducir los daños emocionales y económicos derivados del divorcio, proteger los intereses de los menores que puedan estar implicados, y minimizar las desavenencias entre los cónyuges, creando las condiciones para que dialoguen y se comuniquen.
Pero al margen de los tribunales, la mediación familiar es un proceso al que acude voluntariamente la pareja que va a divorciarse, para establecer de mutuo acuerdo los términos de su divorcio, con la ayuda de un mediador y sin necesidad de ir a un juicio donde sería el juez quien tomaría las decisiones.
Si la mediación resulta fructífera y los miembros de la pareja logran un acuerdo, el mediador redactará un documento que lo plasme. Este documento, un borrador de convenio regulador, tendrá que adjuntarse después a la demanda de divorcio que se interponga ante los tribunales y será examinado por un juez, que se asegurará de que se respete la ley y de que ninguno de los implicados (cónyuges o hijos, si los hay) haya salido perjudicado.
Si el juez lo aprueba y lo homologa, el convenio tendrá la misma validez que si lo hubiera dictado el mismo tras un proceso contencioso.
Pero nos surge una pregunta importante ¿está cualificado el personal?
La mediación es supervisada por una persona cualificada (el mediador) para guiar a dos personas que tienen dificultades para entenderse hacia soluciones que satisfagan a ambos lo más posible y respeten la legalidad.
La ley exige que el mediador sea activo y que se muestre imparcial y neutral. Es decir, no es un mero espectador, sino que debe estimular y encaminar las negociaciones, sin tomar partido y sin imponer soluciones propias. Además, se le exige que mantenga la confidencialidad sobre el proceso y que sea fiel a su tarea.
Si falta a estos principios y de ello se derivan daños y perjuicios para otras personas, los perjudicados le podrán exigir una indemnización por responsabilidad civil. La ley exige también que el mediador esté específicamente cualificado para mediar.
Las normativas autonómicas son más precisas que la estatal y exigen titulaciones concretas, que varían de unas a otras: licenciatura en derecho, psicología o pedagogía, diplomatura en trabajo social, educación social…
Si nos paramos a pensar seriamente en la mediación, todo son ventajas. Los acuerdos obtenidos bajo los auspicios de un mediador familiar las tienen.
Al tratarse de un arreglo de mutuo acuerdo es menos traumático, pues cada parte ve reflejada su voluntad en alguna medida. Esto favorece el cumplimiento de los acuerdos, que sin embargo falla con más frecuencia cuando el juez decide por los contendientes, sobre todo lo que antes compartían (bienes, vivienda, negocios y, sobre todo, hijos), sin dejar satisfecho a ninguno.
El acuerdo se debe alcanzar en un plazo breve que varía de una región a otra, siendo por lo general de tres meses prorrogables excepcionalmente por otros tres, aunque hay diferencias entre comunidades (el proceso como mucho puede prolongarse tres meses en Baleares, cuatro en Cantabria o cinco en Valencia).
La mediación suele abaratar mucho el divorcio, al menos si se compara con los procesos contenciosos, en los que cada cónyuge necesita un abogado y un procurador. No hay unas tarifas prefijadas, sino que se pactan de antemano con quienes la solicitan. Lo habitual es que el precio varíe en función del número de sesiones necesarias para lograr un acuerdo, de cuántos profesionales intervengan, etc. No obstante, dadas las ventajas del sistema, algunas comunidades y entidades están fomentando servicios de mediación gratuitos. Al coste de la mediación es preciso añadir el de un único abogado y un procurador, que tramiten la demanda de divorcio ante el juez adjuntando el acuerdo obtenido gracias a la mediación, puesto que no es posible interponer una demanda de este tipo sin la intervención de estos profesionales.
En definitiva, si tu cónyuge y tú habéis determinado disolver vuestro matrimonio y os veis capaces de definir las coordenadas del divorcio de mutuo acuerdo, lo mejor es que preguntéis en los servicios sociales de vuestra comunidad por los servicios de mediación familiar existentes y su coste. Dependiendo del lugar de residencia, los servicios de mediación disponibles pueden llegar por parte de los colegios profesionales de abogados, de los ayuntamientos, las consejerías...
En la mediación también está concebida revisar acuerdos y contenciosos, cualquier pareja puede solicitar una mediación cuando aún está preparando su divorcio, a fin de alcanzar un acuerdo y presentarlo junto a la demanda de divorcio, para que el juez lo evalúe y lo ratifique. Pero, además, las parejas ya divorciadas pueden solicitar una mediación si, por ejemplo, desean presentar una demanda para modificar alguna de las medidas pactadas en el pasado.
Incluso los que ya están inmersos en un proceso contencioso, pueden solicitar voluntariamente una mediación como última oportunidad de entenderse por las buenas. El propio juez puede proponer a los contendientes, durante el proceso contencioso, que usen los servicios de mediación.
El coste de este tipo de mediación intrajudicial, a la cual se acede una vez iniciado el procedimiento judicial por invitación del Juez a las partes para que intenten el procedimiento de Mediación, será el fijado por los órganos judiciales, siendo nulo para las personas beneficiarias de la justicia gratuita, o sea, las integradas en unidades familiares cuyos ingresos anuales no superen el doble del IPREM, (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. IPREM) índice empleado en España como referencia para la concesión de ayudas, becas, subvenciones o el subsidio de desempleo entre otros.