Clamamos igualdad y buscamos discriminación

Es curioso que la carrera judicial se encuentre mayoritariamente realizada por mujeres, que ocupan el 57% de los Juzgados y Tribunales, y que, además, lo hacen en los Juzgados de violencia de género, alcanzando el 72% de los mismos, pero siguen bramando los políticos sobre el “machismo Judicial” y la necesidad de “reeducar a los jueces”… ¡Manda huevos!

Resulta sintomático que se clame por la igualdad en todas las facetas de la vida, haciendo una equiparación absurda y falaz entre igualdad y democracia para, cuando hablamos de violencia “sentimental”, aplicar una legislación discriminadora y sesgada, sobre la base del género y no del delincuente, propia de regímenes totalitarios.

Es evidente que la violencia sobre la mujer está obteniendo una visibilidad y relevancia muy importante y que la acción de todo ser humano, con un mínimo de sensibilidad, debe de ser de repulsión y defensa de la víctima. En este sentido, indicar que llevamos gastados millones de euros sin que la política preventiva obtenga resultados positivos, y recuerdo las frases de mis catedráticos de Derecho Penal que, al hablar de la política criminal, argumentaban que la mayor penalidad no supone una fórmula adecuada para la limitación del delito, y que una aplicación inadecuada de la norma penal puede derivar en un incremento de la criminalidad, en un efecto perverso de la política criminal. Pues bien, de eso hace más de 30 años y parece que nuestros legisladores actuales no debieron, en todo ese tiempo, haber bebido de las mismas fuentes o similares, pues incurren en errores de bulto.

Si la legislación penal contra el hombre es “per se” una legislación discriminatoria y no igualitaria, no está obteniendo resultados ni siquiera mínimamente aceptables y, según las técnicas de política criminal, provocan el efecto contrario al deseado, ¿Cuál es el motivo de que se pretenda seguir en esa senda? ¿Por qué se critica el que un partido busque una ley de violencia intrafamiliar que ataque el delito, con independencia del sexo, religión, ideología o estrato social del delincuente? ¿Acaso es inaceptable que un varón agreda a un menor, pero no reprobable que lo haga una mujer? ¿Se puede aceptar que un menor golpee a su progenitor (sea madre o padre) e inaceptable que su tutor le dé una bofetada?

Son, por tanto, las acciones las que son reprobables con independencia de la personalidad del actor, de modo que se habrá de sancionar al delincuente sobre la base del delito y no contemplar en momento alguno el sexo, ideología, religión o estrato social del sujeto activo del delito.

Estas afirmaciones eran la base y fundamento del Derecho Penal moderno y democrático, hasta que determinados lobbies han alcanzado poder y lo utilizan en beneficio propio para generar la lucha de sexos que precisan, al haber perdido la sempiterna lucha de clases.

Hoy es la lucha de sexos, mañana de pensamiento, pasado de ideología, y así sólo será válido el que piense como se ordene, el disidente será fascista, o eliminable, pero eso no hará que seamos ni más justos, ni más democráticos, ni mejores y, desde luego, con ello, no progresamos, sino que nos hundimos en el más triste ostracismo.

Me preocupa, por tanto, que la Universidad de Salamanca, y sus profesionales, realicen grandilocuentes manifestaciones en pro de una normativa e ideología que se demuestra falaz, ilógica y dañina, para entrar en política contra un partido, que no reacciona ante la agresión y se mantiene silente,  cuando lo que debería de hacer la sesuda institución es dedicarse a lo que deben y realizar estudios serios, solventes, críticos y reflexivos, si es que saben, y que faciliten técnicas jurídicas democráticas e igualitarias que puedan suponer, “lege ferenda”, unos métodos de política que eviten los asesinatos de mujeres, ancianos, niños, desfavorecidos o desprotegidos, sin que ello tenga que suponer una violación de los principios de igualdad o de presunción de inocencia, que son pilares básicos de una democracia moderna y de nuestra Constitución.