Una organización de hombres por la igualdad y 19 colectivos de mujeres, convocadas con menos de 24 horas de antelación, abrieron la ronda de reuniones del Gobierno en funciones con colectivos sociales.

Una vez más y ya no se calcular cuantas, el gobierno de la nación, en este caso en funciones, se olvida de que hay otras 70 asociaciones en España, que siguen trabajando por la igualdad real entre hombres y mujeres.

Me voy a centrar en la que tengo el gusto de presidir y que además es la más longeva, la APFS, Asociación de Padres de Familia Separados. Trabajando por la igualdad desde hace 26 años, ininterrumpidos.

Desde el año 2004, llevamos sufriendo la mayor de las desgracias, la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, las 70 asociaciones discriminadas por el PSOE, entre otras muchas cosas por ser como tiene que ser una asociación, “apolítica”, nos hemos visto obligados a exigen a todas las formaciones políticas del parlamento español la urgente derogación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género , por ser una ley que atropella cada día los derechos más fundamentales de cualquier ordenamiento jurídico que pretenda vertebrar un estado democrático.

La “Violenta Ley de Género” que paradójicamente fue aprobada el día de los Santos Inocentes del año 2004, se ha consagrado como un arma infalible para fulminar el “derecho de presunción de inocencia” de la mitad de la población española, la masculina, que por el mero hecho de tener un cromosoma distinto es considerada presuntamente culpable, invirtiéndose el sentido de la carga de la prueba cuando los hombres son denunciados.

En efecto, esta violenta ley rescató en 2004 el erradicado “delito de autor” que nos recuerda a la Ley de Vagos y Maleantes, para instaurarlo como eje vertebrador de nuestro maltrecho Estado de Derecho, sin que más de doscientas cuestiones de constitucionalidad pudieran impedir que un Tribunal Constitucional, cuya independencia política todo el mundo cuestiona, le otorgara un sospechoso y controvertido aval.

Ahora, el conjunto de la sociedad española está recogiendo lo que el gobierno del PSOE sembró en su día: mujeres, hombres y niños desprotegidos ante la violencia que sufren en sus hogares, y miles de hombres inocentes engrilletados y estigmatizados de por vida por recibir una simple denuncia encaminada a obtener importantes ventajas para la denunciante en los procesos de divorcio.

En efecto, esta ley echó a andar de la mano de la Ley de Divorcio, su compañera de viaje, logrando entre ambas el perverso objetivo de penalizar la vida de decenas de miles de familias, con la falsa excusa de pretender proteger vidas humanas. Ese era el objetivo de la Violenta Ley de Género, servir de herramienta para ganar la partida del divorcio, provocando en innumerables casos la orfandad paterna más brutal y prematura que ningún hijo pueda experimentar.

Y mientras este tándem legislativo ha ido progresivamente devastando la paz familiar de los españoles, los gobiernos se jalean y vitorea con el aumento exponencial de las denuncias, traduciendo éste en la superación del miedo de las mujeres a denunciar. Y estos gobiernos desde la creación de la ley hasta el que tenemos en funciones con el Sr. Sánchez, han perdido la vergüenza para denunciar sin motivo, aunque sí con una gran motivación, al saber que la ley les otorgaba un arma de destrucción para saciar todo su despecho. Algunas, como Juan Rivas, no se cansan en denunciar, después de multitud de denuncias archivadas, informes desfavorables, e incluso perdida de la patria potestad y con 5 años de cárcel a sus espaldas, por secuestro de menores.

Ni que decir de Infancia Libre esa asociación que funcionaba como una "organización criminal", utilizando informes falsos prácticamente iguales para los distintos casos investigados, y una operativa semejante para alejar a los niños de sus padres por la vía de denunciarles por abusos sexuales sin pruebas.

Esta es la asociación que asesoró a los posibles compañeros de viaje del Sr. Sánchez en el Gobierno, Unidas Podemos, sobre abusos intrafamiliares y fue de la mano de la formación morada al Congreso de los Diputados y al Senado.

“A todas se las acusa de sustracción de menores e incumplimiento del régimen de visitas de los padres a sus hijos”.

Más pronto que tarde, por tratarse los dos casos de mujeres, se les concederá el beneplácito del indulto.

Hoy la comunidad judicial, y la sociedad en su conjunto, conocen perfectamente la perversidad de esta ley, que nació bajo el paraguas de los nada representativos, pero muy bien subvencionados, grupos de presión que han contaminado el feminismo, y que, sustentados por el Ministerio de Igualdad, insisten en ponerle zancadillas a otro derecho fundamental: el de la libertad de expresión de todos los que no hemos tenido miedo de hablar.

Es pues el momento de que todas las formaciones políticas se posicionen públicamente respecto a este grave problema, antes de que la justicia internacional tenga que venir a darnos un buen tirón de orejas cuando se entere de que el Estado español conculca sistemáticamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos.