MADRID, 29 (OTR/PRESS) Nos hemos puesto todos estupendos en defensa de la sagrada separación de poderes del Estado. Un debate absurdo si tenemos en cuenta que el polémico informe de la Guardia Civil era de dominio público cinco minutos después de ser entregado a la juez (jueves 21), tres días antes de la presunta intromisión del ministro (domingo 24). Acusarle de querer controlarlo de forma ilícita es como acusar a alguien de robar arena en el desierto.
Sin embargo, nadie se rasga las vestiduras por la filtración del trabajo policial, declarado secreto, a los medios de comunicación. Fue el Juzgado o fue la Guardia Civil. No hay otra. Al ministro no se le puede acusar de querer conocer el contenido a toda costa y, a la vez, de filtrarlo a los sabuesos de la Prensa.
Así como no reparamos en ese supuesto delictivo -revelación de secretos-, tampoco hemos prestado atención a otros hechos que, si no delictivos, revelan o comportamientos poco ejemplares en la parte teóricamente agraviada. Cuando se conozcan todos los detalles del escándalo, descubriremos entre quienes han dejado al ministro a los pies de los caballos actitudes reñidas con el trabajo funcionarial de jueces y policías.
Por ejemplo, la falta de neutralidad en las actuaciones públicas encomendadas. La acusación consta en el recurso de apelación que la Abogacía del Estado ha dirigido a la Audiencia Provincial de Madrid, en relación con las diligencias de la juez Medel contra el delegado del Gobierno, José Manuel Franco. Las acusaciones contra la juez, a la que atribuye la intención de iniciar una causa general contra el Gobierno, no son de menor calibre que las que soporta el ministro, algunas muy poco fundadas. Como las que afectan a la libertad de elegir colaboradores de confianza para el trabajo en equipo (generales Sala y Blázquez, en este caso) cuyo historial no desmerece del que presentan los cesados (Pérez de los Cobos y Ceña).
Con más de treinta años en la Judicatura y una competencia profesional sobradamente probada, no se me pasa por la cabeza que el señor Grande Marlaska haya enloquecido de repente o que ahora reniegue del principio de separación de poderes que ha presidido su larga trayectoria como juez. Así que no deberían elevarse a definitivas las conclusiones que con tanta ligereza afloran al discurso de tantos políticos y finos analistas que estos días le acorralan, como si fuera la encarnación de todos los males sin mezcla de bien alguno.
El PP le ha acusado sin ninguna prueba de haber dado órdenes ilegales a un subordinado. Y una diputada de este partido le caracterizó como héroe para los independentistas y villano para los demócratas. Me parece muy injusto. Dicho sea a sabiendas de que el asunto presenta zonas que desconocemos, respecto a las que habrá novedades poco santas en la parte supuestamente agraviada por el ministro.