Cuando en 1985 el PSOE perpetró la Ley Orgánica del Poder Judicial, conforme a la cual se rupturaba el sistema de elección de los miembros del gobierno de los jueces de entre ellos por una captación política y refrendo parlamentario, algunos observamos la fractura del principio de división de poderes, que nos confirmó el Sr. Guerra declarando fallecido al Sr. Montesquieu. Poco antes había finiquitado los controles, constitucionalmente establecidos, con los recursos previos de inconstitucionalidad, el Banco de España, el Tribunal Constitucional, etc.
Esos pasos fueron andados sobre ellos por el PP, que no sólo no tocó ni una coma, sino que ahondó en el camino, de forma que todo aquello que diferencia a la democracia del totalitarismo, es decir, el control del poder, la accountability general, la transparencia, el adecuado circular de las comisiones parlamentarias y el contrapeso de los poderes del Estado, se fue por el sumidero, mientras vivíamos una aparente situación de libertad y cachondeo
Hemos ido retorciendo la Constitución para mantenerla con vida y hemos desarrollado los mejores y más prósperos años, pero hemos ido perdiendo en control democrático, hemos caído en calidad democrática que no se recupera con la asamblea, ni con la amenaza como pretende PODEMOS, sino con el trabajo de solidez del control al poder, el restablecimiento de un CGPJ independiente, un Banco de España y de su inspección sólida y sin interferencias políticas, una nueva redacción de las comisiones de investigación que sean útiles y responsables, un sistema de control y transparencia sometido a los oportunos criterios de auditoria legal, y no sólo contable, en manos de profesionales e independientes que puedan realizar su trabajo con celeridad y pulcritud, evitando la manipulación y el control político. Recuperando los criterios de independencia, esfuerzo, probidad, objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, así como la clara y sólida diferenciación entre el sector público y el privado que impida los trabajos competitivos de una misma persona en ambos ámbitos.
Frente a esto, la realidad nos demuestra la ponzoña en que se ha convertido la administración pública en determinados niveles, la falta de criterio, la manipulación en favor de unos u otros.
España, con esta crisis, no necesita un cambio constituyente, como afirma algún desleído ministro. Lo que realmente necesita es trabajar por una sociedad mucho más colaborativa, por una economía de apoyos comunes, de estructuras sólidas en sectores esenciales que hemos perdido, robustecer los controles constitucionales y democráticos, eliminar la “magra” política que nos ahoga, desarrollar un sistema autonómico de acercamiento de la administración al ciudadano sin necesidad de grandes estructuras mastodónticas e ineficaces, con un Estado Central fuerte, eficaz y ágil que, en casos de necesidad, pueda y tenga los mecanismos de ejecución precisa, con las reservas oportunas, como coordinador real del trabajo de las comunidades; en definitiva, un Estado descentralizado pero convenientemente organizado que impida duplicidades, gastos superfluos y corrupciones sistémicas.
España precisa una bajada de impuestos que permita reactivar la economía a la par que se aplican criterios de austeridad de guerra en la administración pública limitada a lo que es la pura gestión de los servicios públicos, de forma que estos se optimicen, se prioricen y se obtengan estándares de alta calidad, necesitamos coordinaciones y servicios operativos que ayuden a las empresas a una colaboración efectiva que permita su supervivencia, su crecimiento y su robustez, con una preparación mediante programas de acción previstos para casos de emergencia, generar modelos de competencia y productividad en el crecimiento reforzando, valorando, de forma vital, la humildad, el esfuerzo, la honradez y el trabajo.
Cada Ayuntamiento, cada Comunidad, cada empresa, cada ciudadano, con la orientación profesional adecuada, deberá de tener un plan de prevención de emergencias que permita una acción inmediata.
Tenemos que conseguir una economía más solidaria, más proactiva, más colaborativa y mucho más sólida, sin perder la idiosincrasia de la calle, la sencillez de nuestras gentes, la empatía, la fiesta, el descanso y la forma de vivir compatible con un país industrializado y pionero en las nuevas tecnologías.