Ya es de conocimiento colectivo que la pandemia del Covid-19 y su obligada respuesta del confinamiento han provocado una nueva crisis económica y social en el mundo y en España. Oxfam Intermón, ningún partido político ni ninguna institución con intereses de poder, ha cuantificado en 700.000 el número de nuevas personas pobres en España mientras 23.000 millonarios han aumentado sus fortunas en 19.200 millones de euros durante los 80 días que ha durado el estado de alarma. Y con toda su inocencia ha pedido, entre otras medidas, por ejemplo, aplicar una fiscalidad progresiva. Porque la desigualdad en España se puede multiplicar por ocho, en otras palabras, que los que menos tienen perderían ocho veces más dinero del que tienen los más ricos.

Por ello, Oxfam Intermon dice: “una reconstrucción justa y necesaria es posible”. Es decir, que en España mejore en la recaudación de sus impuestos, básicamente gravando a las grandes fortunas, y recuerda que la recaudación fiscal sigue cuatro puntos por debajo de la media de los países de la Unión Europea. Y proponen crear unimpuesto temporal que grave los beneficios empresariales extraordinarios, y de forma permanente reformar los impuestos de patrimonio, del IRPF y del impuesto de sociedades. De esta forma, consideran que podrían aflorar 10.000 millones de euros más, con los que el Estado debería invertir en protección social, residencias, educación y sanidad. Lo importante es que coincide con lo planteado por Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) en la comisión de reconstrucción del Congreso. Redistribuir la riqueza es la clave.

Sin embargo, desde una posición y unos intereses antagónicos con la inmensa mayoría de los españoles, la CEOE, ha organizado unas jornadas públicas de diez días de conferencias -casi inéditas en la reciente historia democrática de nuestro país- con la participación de prácticamente todos los grupos oligopólicos de España. Jornadas inauguradas por Antonio Garamendi, presidente de la CEOE y con la sucesiva presencia de los presidentes de los grandes bancos, oligopolios energéticos y demás sectores estratégicos. Y, por ello, con todos los grandes medios de comunicación transmitiendo en directo sus intervenciones.

Estamos hablando de más de 130 grandes empresas -entre ellas los grandes bancos y monopolios del Ibex35- con el objetivo de llegar a una declaración de medidas anticrisis para presentar al Gobierno de España. Estamos hablando de los oligopolios de la construcción, las telecomunicaciones, el turismo y la hostelería, el transporte, la industria, en particular la del automóvil, el agroalimentario, el inmobiliario, las infraestructuras, los servicios, el comercio, el textil, la asesoría y, ¡cómo no!, la sanidad privada. Es decir, como anomalía comunicativa, la clase oligarquía financiera española nos presenta al resto de los ciudadanos de España -con cámaras y en directo, vía oligopolios de la comunicación y también redes sociales- su proyecto para que en los próximos años ellos sigan obteniendo beneficios a nuestra costa.

Eso sí. Primero mostrando su carácter de clase dominante dependiente del extranjero. Por ello, “hay que aprovechar la oportunidad de ‘oro’ que brindan los fondos provenientes de la UE para utilizarlos bien”. Traduciendo, que, sí o sí, es necesario aceptar una masiva llegada de capital extranjero. Y que será inevitable una u otra forma de rescate europeo. Y, por tanto, habrá que aceptar las “condiciones macroeconómicas” -en forma de recortes, ajustes e imposiciones fiscales- que Bruselas y los centros de poder extranjeros nos quieren imponer.

Y segundo, una gigantesca socialización del gasto que genera la pandemia a través de un enorme endeudamiento del Estado. Lo que supone, durante los próximos dos años, una monumental expansión del gasto público, recurriendo a un gran incremento de la deuda pública. Y ya plantean directrices en el destino preferente de ese gasto. Debe limitarse en el campo social -un Ingreso Mínimo Vital necesario, pero restringido- y ampliarlo todo lo posible en inyectar liquidez a empresas y grandes negocios oligárquicos. Un endeudamiento amparado por el gasto público que supone una formidable transferencia de rentas desde el 90% a la oligarquía y el capital extranjero.

El inefable presidente de Bankia -¡quién lo diría! con mayoría de capital público- José Ignacio Goirigolzarri, rechazando posibles “nuevos impuestos que perjudiquen la rentabilidad de la banca” -¿pagan tanto los pobres!, un tercio de lo que pagan las PYMES-. Y sigue su queja -¡qué imagen, ay, Cervantes, la de un rico quejándose como si fuera un pobre!- “sería contraproducente que se le pida al sector bancario impuestos que puedan incidir en su rentabilidad. Si el sector no es rentable será un problema para toda la sociedad”, porque -¡ay, pobre de ellos!- “los bancos estarán infracapitalizados y no podrán cumplir con el objetivo de apoyar a familias y empresas” -¡queridas hermanitas de la caridad!-, una banca que lleva cinco años de beneficios y las que las familias y las PYMES sin recuperarse de la crisis de 2010.

Aunque Carlos Torres, ejecutivo principal del BBVA reconoce “las cosas que ha hecho bien el gobierno”, en especial, “las líneas ICO (Instituto de Crédito Oficial, banco público) pero gestionadas por la banca que han aportado a más de medio millón de autónomos y empresas una liquidez imprescindible. Somos la única fuente de financiación de autónomos y PYMES”. En realidad, una gran verdad a medias, una gran mentira, porque es un gran negocio para la banca, porque el ICO podía prestar, sin ningún problema, si hubiera una decisión política, directamente a los autónomos y PYMES, con gran ahorro en intereses.

Incluso Ana Patricia Botín, la presidenta del Banco Santander ha propuesto un plan de vivienda para la juventud -que sea una nueva manera de socializar los costes del relanzamiento del mercado inmobiliario-, “que el gobierno aporte entre un 20 y un 25% de la entrada de la compra de la vivienda”. Eso sí, que el resto de la hipoteca, a 30, 40 o 50 años, ya la pagarían los jóvenes. Y -¡cómo no!- Francisco Reynés, principal ejecutivo de Naturgy ha insistido en la “necesaria estabilidad normativa” para las relaciones laborales. Es decir: que no se toque la reforma laboral del empleo precario y temporal, una fuente de sus ganancias desde la crisis de 2010.