El Rey es libre de actuar en la representación del Estado, que es su labor; si bien, siempre, sus actos habrán de ser refrendados por el Gobierno, de forma que si este le impide acudir a la entrega de despachos judiciales, él no deberá de acudir, lo que no le impide felicitar a los que los reciben y mostrar su cercanía y deseo de haber acudido, pues con ello no hace más que expresar una cercanía de la Institución a esas otras Instituciones, de modo que el disgusto por tal llamada por parte del Gobierno, al que no ha desobedecido en momento alguno, no es más que una forma ridícula de intentar generar un conflicto institucional inexistente.
Por otra parte, resulta muy burdo el imponer al monarca no acudir a un acto de la relevancia de la entrega de despachos judiciales sin que se indiquen los motivos, circunstancias o causas de dicha actuación, sin ni siquiera asumir quién, cómo o la causa por la que se impide dicho desplazamiento, para finalizar con una más que grosera y fuera de lugar "se han pasado 3 montañas" ante el más que normal "viva el Rey".
De todo ello se colige que el mencionado conflicto ni es tal, ni es serio, ni es casual, sino que es todo un montaje o maniobra de un gobierno que, en lugar de cuidar de los ciudadanos, se dedica a realizar maniobras absurdas, repletas de carga ideológica y carentes de sentido, pero prefiere mancharse las manos de sangre que cuidar con seriedad de sus conciudadanos.
La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad del Estado Español que, tras establecer los Derechos y libertades fundamentales, se establecen y especifican los Derechos y Deberes de los ciudadanos, tras lo que se regula en primer término a la Corona como Jefatura del Estado y símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes, siendo refrendados sus actos por el Presidente del Gobierno, y no a la inversa como se pretende.
El único poder al que se hace referencia expresa en la Constitución es el Poder Judicial, que debería de ser independiente y no sometido a cualquiera de los otros poderes del Estado, al funcionar como un control de los mismos, resultando que la Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey. El ejército tiene al Rey como Comandante en Jefe y este mantiene el mando supremo del mismo, como Capitán General de las Fuerzas Armadas, en la judicatura, en la medida que la Justicia se administra en su nombre, como figura que garantiza y representa la unidad del Estado y el Estado social y Democrático de Derecho resulta un referente fundamental.
Es evidente que el PSOE, ab initio, desmontó la independencia judicial con la monserga de su democratización, pero en ningún momento pretendió o presentó un proyecto en tal sentido, sino el de "violar" a la Justicia, que ha continuado siendo "violada" por cuantos gobiernos han acudido y nadie parece querer devolver su sanidad, fuerza y vigor.
Desde su independencia, su representatividad, su atalaya de imparcialidad, sí debe, puede y no debe de existir pudor alguno, mostrar su cercanía, su cariño y su voluntad de estar cerca de aquellos que representan el Poder Judicial y, por tanto, sin color político, ni apropiación alguna: ¡VIVA EL REY!.