La Constitución Española, en su artículo 116 establece la posibilidad de que en todo, o en parte del territorio español, pueda ser declarado el Estado de Alarma, Excepción o Sitio, y la Ley Orgánica 4/81 regula las causas por las que estos pueden declararse y el procedimiento para hacerlo, estableciendo que el Estado de Alarma debe ser declarado por Decreto del Consejo de Ministros por un periodo máximo de 15 días, que luego pueden ser prorrogados por el Congreso de los Diputados.

El 14 de marzo del presente año, el Consejo de Ministros, después de salvar las manifestaciones del 10 M, declaró el primer estado de alarma por COVID 19 y por un plazo máximo de 15 días que se prorrogó seis veces por periodos de 15 días, hasta el 21 de junio. Salimos del mismo a través de unas llamadas fases de “descalamiento”, de forma asimétrica en función de los compromisos del Gobierno central con los de las diferentes CCAA.

A lo largo de estos meses, el Gobierno descubrió la posibilidad de exhibir sus éxitos en la lucha contra el coronavirus con numerosas comparecencias del “Presimiente Sánchez” emulando los “Aló, Presidente” de los dictadores chavistas, a lo que se sumaban las comparecencias del quinteto matutino liderado por el licenciado Simón, con representantes del Ministerio de Defensa, Guardia Civil, Policía Nacional y Ministerio de Fomento, y la de distintos ministros a cualquier hora y con cualquier pretexto para disimular la inacción del Gobierno ante la crisis y la del vicepresidente Iglesias que se erigió en el salvador de las residencias de la tercera edad de toda España.. y así nos fue.

Al final de la “desescalada”, Pedro Sánchez en un nuevo “Aló, presidente” nos anunció que “habíamos derrotado al virus y que había que volver a salir a la calle”, para acto seguido irse de vacaciones a Lanzarote y las Marismillas, ahora sabemos que con un grupo de amigos, a celebrar el éxito...y buscar nuevos enchufes a su Bego.

La realidad es que después de múltiples mentiras (las mascarillas no son necesarias, la compra de test inutiles...) y de trapicheos con múltiples comisiones pagadas por el camino a amigos y correligionarios, el derrotado coronavirus resurgió de sus cenizas, (“como el gato Felix” que diría Adriana Lastra), y se dispararon los contagios, los ingresos en los hospitales, la colmatación de las ucis y la necesidad de declarar un nuevo estado de alarma.

Pero como el Gobierno se fue de vacaciones sin hacer los deberes, llegó la segunda ola, (que yo creo que seguía siendo la primera) y como no se había reforzado la atención primaria, escaseaban los rastreadores, los test eran insuficientes, las mascarillas seguían tributando como artículos de lujo, hubo que declarar un nuevo Estado de Alarma, y se inventaron aquello de las “autoridades delegadas”, para trasladar así el problema a los presidentes de las CCAA, olvidando que la vigente Ley de Salud Publica señala al Gobierno Central como responsable en caso de pandemias y que esta decisión es de dudosa legalidad.

Ahora, los presidentes de varias CCAA superados por el virus, reclaman el confinamiento que con el actual decreto no se puede aplicar, por lo que ya están preparando un nuevo decreto que aprobarán, como el actual, al margen de la legalidad constitucional, que sólo permite prórrogas quincenales, pero cuidándose muy mucho de no asumir la responsabilidad que la Ley les atribuye. Y como hicieron en el anterior periodo de alarma, aprovecharán el tiempo de descontrol parlamentario para proseguir manipulando la Educación, la migración, la sexualidad y todo el adoctrinamiento al que nos están sometiendo desde hace más de un año. Negociamos una cátedra para Bego, que ni siquiera es licenciada, colocamos en una empresa pública a la mujer del íntimo amigo traído de USA para el que se creó una Dirección General,etc..

La ausencia de un liderazgo nacional en este tema, como en otros tantos, de un comité científico, (pero de verdad) que dicte las normas sanitarias de aplicación general, y de un comité económico que arbitre las medidas necesarias para la reconstrucción económica, se pone todo ello en manos del todopoderoso Iván Redondo, mientras en Grecia lo lidera un Premio Nobel, en Francia un político de la oposición, en Alemania un comité Independiente, y nos anuncian el viaje de los aguinaldos del presidente del Gobierno que, chequera en mano, se dispone a recorrer las CCAA recordando aquellos viernes electorales previos a las últimas elecciones. Finalmente nos anuncian la creación de un ministerio de la verdad para controlar a los medios y a las redes no afines, que controlaran el inevitable Iván Redondo y el secretario de Estado de comunicación. Ríanse de la Ley de Prensa de Fraga.

Esperemos que los Partidos Políticos constitucionales despierten y denuncien la situación ante los Tribunales nacionales y extranjeros para que pongan coto a estos excesos. Y mientras tanto, unos y otros, dando palos de ciego y culpando a la hostelería de todos los males, y con ellos a los empresarios y a los trabajadores del sector y a sus proveedores (carniceros, pescaderos, panaderos, fruteros, bodegueros, distribuidores, repartidores, lavanderías, taxistas, etc. etc.), para parecer que hacen algo, mientras siguen proliferando los botellones y fiestas más o menos privadas.

Hasta el propio Jorge Verstringe ha pronosticado que a este Gobierno se le lleva la pandemia, Que Dios le oiga !, y no me refiero a que se los lleve con El, sino que se los lleve al banquillo de los acusados.

PD. Esperemos que el gobierno presente un plan de apoyo a la hostelería con un programa de actuaciones para evitar las improvisaciones con las que castigan una vez tras otra a estos profesionales.