El fracaso de la reforma sanitaria, nuevo réquiem para el mundo rural. La deuda pública de España está desbocada. Según los últimos datos del Banco de España, en el segundo trimestre de este año hemos alcanzado el máximo histórico de 1,42 billones de euros, lo que supone el 122,8% del PIB. La mayor parte de la deuda corresponde a la Administración central (109,7 % del PIB), seguida por la de las comunidades autónomas (26,9 % del PIB), Seguridad Social (7,9 % del PIB) y corporaciones locales (2 % del PIB).
Estamos ante unas cifras que producen escalofríos y que suponen que cada español deba a título individual casi 30.000 euros. Sin embargo, da la impresión de que a nadie o a muy pocos le preocupan estos datos tan desalentadores, dando por buena esa idea tan equivocada entre los españoles de que en España “el dinero del común es dinero de ningún”. Lo cierto es, sin embargo, que el dinero público es un dinero de todos, sí, es decir, un dinero de cada uno de nosotros.
Semejantes datos macroeconómicos devuelven a un primer plano la definición elemental de economía que se enseña a los escolares en los centros educativos: la economía es la ciencia que se ocupa de la forma en que las personas gestionan recursos limitados para satisfacer nuestras necesidades, que son ilimitadas o casi.
Por tanto, como el dinero es limitado, la obligación de los gobernantes es administrar los recursos de modo que pueda atenderse el mayor número de necesidades de la sociedad.
Con esta idea de fondo, surgió en la actual legislatura autonómica la propuesta de Ciudadanos de introducir reformas en la administración sanitaria de Castilla y León, cuyo plan piloto se llevó a cabo en la comarca zamorana de Aliste, de ahí que enseguida se le conociera como Plan Aliste.
En la misma línea, la gestión más racional de los recursos públicos, se hallaba la propuesta del gobierno de Juan Vicente Herrera en la Junta de Castilla y León cuando en 2014 trató de alcanzar un acuerdo con el PSOE, liderado entonces por el palentino Julio Villarrubia, para llevar a cabo la reorganización territorial de la comunidad autónoma.
Fracasos
Finalmente, ambos proyectos han acabado en fracasos estrepitosos. Y ello, porque los proyectos chocaban con los intereses electorales de los grandes partidos. Resultaba demasiado fácil para cualquier partido poner sobre la mesa el argumento populista del agravio que supone penalizar los servicios en el medio rural, porque los ciudadanos del medio rural tienen los mismos derechos que quienes residen en las grandes ciudades, y además estas medidas contribuirían a agravar más si cabe el problema profundo de la despoblación.
Así pues, es cierto que estamos ante un asunto muy complejo. Castilla y León presenta, por un lado, un grave problema de despoblación, y por otro, el de la dispersión geográfica, lo cual supone un gran encarecimiento a la hora de prestar los diferentes servicios públicos: sanidad, educación, servicios sociales, etc.
Una de las eternas reivindicaciones de los gobernantes de Castilla y León ante los sucesivos gobiernos centrales ha sido la de que se tengan en cuenta estas peculiaridades en el reparto de los fondos que el Estado asigna a las comunidades autónomas. Una pretensión, por otra parte, que siempre ha sido desatendida. Precisamente porque los recursos públicos son limitados, y en demasiadas ocasiones había que derivarlos a otras comunidades autónomas para pagar vergonzantes peajes políticos.
Rehenes de la pugna política
Pero la sanidad, la educación, el tamaño de las administraciones públicas…, no pueden convertirse en rehenes de la pugna política. Urge un gran pacto de comunidad para lograr un modelo sostenible a largo plazo. Esta era la idea de Ciudadanos. Una idea que penalizaba electoralmente al PP, aliado con Ciudadanos en la Junta de Castilla y León, y que, finalmente, está siendo también como un boomerang que ha acabado golpeando a la propia formación naranja.
Con unas elecciones autonómicas anticipadas a la vista, todo parecen indicar que volveremos a la casilla de salida. Como en El Gatopardo de Lampedusa, las conversaciones que sostienen actualmente unos partidos y otros sobre la sanidad apuntan al famoso “que algo cambie para que todo siga igual”.
Y aunque parezca lo contrario, estaríamos ante un nuevo réquiem para el mundo rural. Puesto que el sistema actual es insostenible en el tiempo, la solución no estriba en dejar las cosas como están, como se hizo con la fallida reorganización territorial, sino en encontrar entre todos la solución más adecuada.