Una enmienda a la nonata Ley de Memoria Democrática pretende hacer tabla rasa con la Ley de Amnistía de 1977 y juzgar así los posibles crímenes del franquismo.

Nada estaba más lejos de la idea de los legisladores de la época que una derogación retroactiva por parte de la izquierda de una ley que fue la propia izquierda quien la pidió: “Libertad, amnistía y estatuto de autonomía”, era el eslogan de la oposición al franquismo, que se la arrancó a los herederos del antiguo régimen y que consiguió sacar de la cárcel a miles de prisioneros, incluidos, por ejemplo, miembros de la banda terrorista ETA.

Claro está que los posibles delitos de estos últimos quedan fuera de la auto enmienda que el Gobierno se ha sacado de la manga para su última ley. Sólo al franquismo y a su sempiterna sombra en la retórica izquierdista sería aplicable la punitiva norma.

Por desgracia para los autores de la medida legislativa, es más que discutible que una ley ordinaria pueda modificar una ley orgánica, aparte del carácter no retroactivo de la legislación penal. Pero les da lo mismo: el ruido está hecho, da igual que los presuntos autores de hechos delictivos estén muertos o en situación de senilidad y que la normativa no sea aplicable. Se trata de un paseíllo más del cadáver de Franco, de demostrar que en nuestra historia sólo hubo unos malos, frente a la bonhomía de los otros y que la reconciliación entre españoles ni es posible ni deseable.

Ése es el quid de la cuestión: el revanchismo unilateral, la denigración de la concordia como bien común de todos los ciudadanos y la venganza hacia un régimen político que, por suerte, ya es sólo historia.

Por eso, la derogación de la amnistía, aunque sea un cuento chino para mantener entretenido al personal, es, en su mero intento, de una perversidad notoria, por no respetar las leyes que nos dimos los españoles para reconciliarnos y para enterrar así un pasado del que nadie puede sentirse orgulloso, pero que al menos tuvo la virtud de auto inmolarse, a diferencia de otras dictaduras.