La Justicia parece algo prescindible, pues sus decisiones sólo se aceptan cuando concuerdan con los implicados, siempre que sean de izquierdas, por supuesto.

Lo acabamos de ver con el apoyo en el Congreso de Podemos y otros partidos de similar ideología a los seis de Zaragoza, e decir a los condenados en firme por altercados con la autoridad tras una agresión a simpatizantes de Vox. El que sea un partido de Gobierno el que promueva semejante afrenta a la judicatura demuestra a las claras el nulo respeto que la tiene.

Hechos como ése no son la excepción, sino la norma, como sucedió en el caso del ex diputado Alberto Rodríguez, que perdió su acta tras su condena por un acto de violencia. El que esa misma izquierda haya puesto en cuestión la sentencia por no creer el testimonio de un policía refleja también su desprecio a la veracidad de las fuerzas del orden.

Podríamos seguir con ejemplos hasta el infinito, como el de Juana Rivas, indultada parcialmente de sus delitos de secuestro a menores por los prejuicios de género, que le dan la razón porque sí, aun sin tenerla.

Pero el más flagrante de todos los hechos, el que ratifica que la Justicia entre nosotros es una quimera, es el desplante y la insumisión de todo un Gobierno autonómico, como el catalán, a una sentencia del Supremo porque no coincide con sus intereses.

El argumento para el desacato suele tener como base la judicialización de la política, como algo nefasto en sí mismo, cuando la Justicia tiene que aplicarse siempre y a todo el mundo, sea quien sea. Sorprende, además, que quienes hacen esa acusación a los tribunales son quienes han llevado a docenas de políticos de derechas a los juzgados, sometiéndoles a un escarnio mediático y que luego, en los casos en los que son absueltos de sus imputaciones, como sucede por ejemplo con Rita Barberá o Paco Camps, apenas si merecen un pie de página en las noticias.

Es que, insisto, una Justicia independiente no interesa a una izquierda, que homenajea a los culpables, cuando son de los suyos, y criminaliza a sus oponentes, para quienes no existe la presunción de inocencia en ningún caso.