Castilla y León había sido hasta ahora solo una mancha muy grande en el corazón de las Españas. Mucho territorio, más incluso que Portugal, pocos habitantes y escaso o nulo peso en la política nacional. Algo sorprendente, sin duda, porque la comunidad autónoma ha aportado dos de los siete presidentes del Gobierno de España en la etapa democrática: Adolfo Suárez y José Luis Rodríguez Zapatero.

Serían tres si en el saco metiéramos también a José María Aznar, que fue presidente de Castilla y León entre 1987 y 1989. Pero Aznar es madrileño, aunque en su momento hizo creer a muchos que era castellano y leonés, porque Miguel Ángel Rodríguez, el ahora Rasputín de Isabel Díaz Ayuso, lo llevaba a Quintanilla de Onésimo a que lo retrataran jugando al dominó con los lugareños en el bar del pueblo. Aquella hábil foto rural del dominó le otorgó la ciudadanía cidiana ante la opinión pública y conectó en un plis plas su árbol genealógico con el de Rodrigo Díaz de Vivar.

A Aznar se le reprocha el desapego que ha tenido hacia Castilla y León después de llegar a la Moncloa. Solo ha vuelto en contadas ocasiones, y casi siempre para promocionar alguno de sus libros. Seguramente, de no haber sido presidente de Castilla y León, Manuel Fraga no se habría fijado en él para nombrarlo sucesor.

Atenciones a Fraga

Fue en el verano de 1989 cuando recibió la ansiada llamada del gran timonel de Alianza Popular, que en enero de ese año había pasado a denominarse ya Partido Popular. Aznar había encargado a Juan José Lucas que se volcara en atenciones con Manuel Fraga. Y Lucas se empleó a fondo en el empeño durante los dos años en los que Aznar estuvo al frente del gobierno de Castilla y León. El séquito de Aznar tributaba a Fraga honores de jefe de estado cada vez que se acercaba a Castilla y León, algo que satisfacía enormemente el ego del viejo político gallego.

Zapatero ha ejercido más de castellano y leonés, aunque poco a poco ha ido plegándose a los encantos de Madrid. No obstante, su vinculación con León sigue siendo estrecha. Según algunos, incluso sigue manejando los hilos del PSOE leonés. Dicen que su hombre de confianza en León es el actual secretario provincial, Javier Alfonso Cendón, y entre uno y otro quitan y ponen a conveniencia candidatos en las listas electorales, ante la impotencia del secretario regional, Luis Tudanca, quien se limita a acatar los hechos. O sea, Zapatero sigue siendo todavía un poder fáctico en León.

Desde 1983, fecha en la que se aprobó el Estatuto de Autonomía, Castilla y León ha tenido también siete presidentes autonómicos. El primero de ellos fue el socialista Demetrio Madrid. Su etapa al frente de la Junta apenas duró tres años. Tuvo que renunciar al cargo al estallar el ‘caso Pekus’, al ser denunciado por un presunto delito laboral en su empresa textil, del que, finalmente, resultó absuelto.

Ejemplo de honradez

Su figura se agigantó en la política nacional cuando Felipe González, asendereado por los casos de corrupción en su partido (Filesa, Malesa, Time Export…), echó mano de su nombre durante una intervención en el Congreso para ponerlo como ejemplo de honradez de los cargos socialistas. Madrid ha vivido de esta renta desde entonces.

Su sucesor, José Constantino Nalda, pasó por el cargo sin pena ni gloria, hasta 1987, año en el que Aznar consiguió una amplia mayoría en las elecciones autonómicas de mayo de ese año.

La etapa de Aznar también fue fugaz, dos años. Se resume en su afán por saltar a la política nacional como sucesor de Manuel Fraga Iribarne al frente del recién creado PP.

Tras su marcha, cedió el cargo a Jesús Posada Moreno, político eterno, que formaba parte de su gobierno regional como consejero de Fomento, y que años más tarde se convertiría en ministro (Agricultura, Pesca y Alimentación y Administraciones Públicas) y presidente del Congreso de los Diputados. Posada permanece en la memoria colectiva por estos cargos y no tanto por su etapa de presidente de Castilla y León.

La presidencia de la Junta de Castilla y León estuvo en manos del soriano Juan José Lucas (PP) desde julio de 1991 a febrero de 2001. Lucas fue uno de los presidentes más conocidos más allá de las fronteras de la comunidad, probablemente porque ya se había forjado un nombre en la política nacional a la sombra de José María Aznar. Tras casi diez años al frente del gobierno regional, volvió a la política nacional como ministro de Presidencia y en 2002 fue aupado a la presidencia del Senado.

Lucas movió hilos para que la presidencia de la Junta pasara a manos de Juan Vicente Herrera, un desconocido político de origen burgalés que había desempeñado algunos altos cargos en la consejería de Economía y Hacienda durante la etapa de Fernando Bécker Zuazúa, quien a la larga se haría con un relevante puesto en la compañía Iberdrola.

Herrera y Mañueco

Aunque Herrera permaneció durante más de 18 años como presidente de Castilla y León, probablemente es uno de los menos conocidos a nivel nacional. Actualmente, tiene un puesto en el Consejo Consultivo de Castilla y León, con sede en Zamora, al que tiene derecho por su condición de expresidente. Desde que dejó la Junta, ha declinado cualquier invitación para aparecer en público. A su pesar, volverá a estar en el punto de mira mediático a partir del 14 de marzo, cuando comience el juicio por el denominado ‘caso Perla negra’, en el que tendrá que declarar como testigo.

Durante sus 18 años al frente del PP de Castilla y León, ha estado acompañado en todo momento por Alfonso Fernández Mañueco como secretario regional del partido. Durante su primer mandato, Herrera nombró a Mañueco consejero de Presidencia y Administración Territorial.

Por circunstancias aún no suficientemente aclaradas, Herrera fue perdiendo la confianza en Mañueco. En la legislatura siguiente lo mantuvo en el gobierno de la Junta, pero creando para él una consejería de tono menor, la de Justicia e Interior, sin apenas competencias que gestionar. Finalmente, decidió prescindir de Mañueco en la Junta, lo cual obligó a éste a retornar a Salamanca, donde concurrió como candidato a la alcaldía, puesto en el que permaneció durante casi ocho años.

Pero, a pesar de las diferencias, Mañueco nunca perdió su condición de secretario regional del partido. Según algunos, sus buenos contactos en Génova, 13, durante la etapa de Mariano Rajoy, especialmente a la sombra de María Dolores de Cospedal, impidieron que Herrera se lo quitara de encima.

Las diferencias entre uno y otro se hicieron visibles en abril de 2017. Herrera se marchaba y el partido debía elegir a un sucesor. Herrera quería que su heredera fuera la zamorana Rosa Valdeón, a la que había nombrado vicepresidenta de la Junta durante su último gobierno. No pudo ser. Rosa Valdeón fue sorprendida al volante en un control policial con una tasa de alcohol superior a la permitida y su carrera política se fue al traste.

El contratiempo obligó a Herrera a apostar por su amigo Antonio Silván, exconsejero de la Junta y entonces alcalde de León. Pero, Mañueco, conocedor profundo de los entresijos del partido, barrió a Silván en las primarias convocadas al efecto.

Castilla y León, en primer plano

Unas primarias polémicas, porque en Salamanca, provincia natal de Mañueco, se manejaron cantidades de dinero de dudosa procedencia para poner al corriente de pago en sus cuotas al partido a numerosos militantes, quienes, de otro modo, no habrían podido ejercer el derecho al voto. El caso sigue aún pendiente de resolución en vía judicial. De hecho, a finales de este mes será llamado a declarar el presidente provincial del partido y presidente de la Diputación, Javier Iglesias.

El adelanto de las elecciones autonómicas, anunciado sorpresivamente por Fernández Mañueco el pasado lunes, 20 de diciembre, ha puesto a Castilla y León en primer plano de la política nacional. Nunca hasta ahora la comunidad autónoma había hecho correr tantos ríos de tinta ni un presidente alcanzaba tal grado de conocimiento por parte de la ciudadanía como ahora Mañueco.

No es que interesen especialmente las elecciones autonómicas de Castilla y León. Las circunstancias han convertido a la comunidad autónoma en un laboratorio de pruebas para los grandes partidos. Ahí radica el verdadero interés. Igual que la guerra civil española sirvió a las grandes potencias de la época como campo de experimentación de la inmediata guerra mundial, tal parece que acontece ahora con Castilla y León en el ajedrez político de las Españas.

Mañueco tenía que convocar elecciones autonómicas anticipadas sí o sí, porque el riesgo de moción de censura a partir del 10 de marzo era muy grande. Algunos pensábamos que eso ocurriría a primeros de marzo, pero los acontecimientos se han precipitado. Mañueco necesitaba un pretexto para justificar su decisión. Y lo ha hallado en la supuesta traición de Ciudadanos a la hora de aprobar los presupuestos. Una excusa útil para sus fines, pero poco o nada creíble.

La incógnita de Vox

Por otra parte, la aprobación de los presupuestos generales de la comunidad para 2022 pasaba por aceptar las peticiones de Por Ávila, un partido de corte local surgido de una escisión del PP abulense. Primar a Por Ávila significaba hundir al PP de Ávila. Y todos saben que Pablo Casado, buen conocedor de la provincia de Ávila, por la que ha sido diputado nacional, y Jesús Manuel Sánchez Cabrera, líder de esta formación y alcalde de la ciudad, no pueden verse ni en pintura. Así pues, el acuerdo con Por Ávila parecía un Rubicón infranqueable.

Sea como fuere, Castilla y León se ha convertido así en el gran teatro de operaciones de los grandes partidos. El 13 de febrero se librará la gran batalla. Mañueco se juega el ser o no ser, Casado quiere presumir de músculo con una victoria en esta comunidad autónoma; el socialista Tudanca sale ya como perdedor según algunas encuestas; y Pedro Sánchez sopesa consecuencias desde Moncloa.

De paso, podremos ver lo que dará de sí en el futuro esa fórmula novedosa de la España vaciada y, sobre todo, dónde estará el techo de Vox. Se aprecia cabreo y hartazgo entre la ciudadanía con los grandes partidos. En los últimos años, el populacho tenía dos letrinas sobre las que depositar el vómito. Ahora, con Podemos institucionalizado y en retroceso, sus posibilidades de expresar el cabreo se han reducido notablemente.

Además, se desconoce a quién presentará Vox como cabeza de lista. Sin una cara visible, las encuestas le otorgan ya 11 escaños; de modo que si Abascal da con un candidato adecuado, los resultados podrían ser incluso mejores.