Cuando pensaba dedicar mis comentarios al nuevo Gobierno de Castilla y León, y visto que el tema va para largo, me decido a reflexionar sobre la huelga de los transportistas que tiene patas arriba a todo el país desde hace más de 15 días. Y el primer problema es definir si esto es o no una huelga: personalmente prefiero hablar de paro, pues la huelga es un paro de trabajadores frente al patrón para mejorar sus condiciones laborales, sea el patrón un empresario o una administración pública, lo que evidentemente no ocurre en el caso que nos ocupa, pues la mayoría de los parados son trabajadores y patronos a la vez, es decir autónomos.
Pero es que, si comienzo por analizar la personalidad de los integrantes de las partes en conflicto, los antecedentes y las acusaciones de unos contra otros, no me gusta ninguna de ellos:
El Gobierno de España ha llegado a implicar a la vicepresidenta primera y a dos de las ministras para intentar resolver el conflicto. En diciembre pasado hubo un principio de acuerdo de 20 medidas negociado entre el Gobierno y el CNTC que fue recogido en un Real Decreto a primeros de marzo. El problema es que los transportistas a los que el Gobierno convoca a esas reuniones son los representantes del CNTC, es decir, la gran patronal del gremio a quienes no reconocen los integrantes de la plataforma rebelde y a los que acusan directamente de competencia desleal y de subcontratar con los pequeños empresarios que aseguran son más del 85% del gremio, pero fijando ellos, los grandes, el precio. La verdad es que la actitud de estos tiene aspectos de sumisión con el Gobierno, (¿habrá subvenciones de por medio?), a pesar de haber conseguido pasar de los 500 millones inicialmente ofrecidos por el gobierno a los 1.135 finales, ya que mientras tanto se disparaban los precios del diésel.
Pero es que además de haberse negado a reunirse con los representantes de la plataforma cuya representatividad no aceptan, que no su capacidad de paralizar al sector que es evidente, las ministras los han descalificado acusándoles de ultraderechistas vinculados a Vox y de hacer el juego a Putin. Vamos que entre Abascal y Putin paralizan el mundo, mientras Su Sanchidad Antonio se pasea en Falcon por media Europa. Y al final, la ministra de transportes tuvo que tragarse su tremenda soberbia y recibir a los líderes de la plataforma, claro que para decirles aquello de “éstas son lentejas…”
Y en el otro lado, los representantes de la plataforma para la defensa del transporte por carretera, liderados por Manuel Hernández; pero en estos momentos me muevo en un mar de dudas. Se inició un paro perfectamente coordinado en toda España y al que se sumaron después otros sectores del trasporte, algunos como Fenadismer, Fetransa y Feintra, integrados en el CNCT, autobuses, taxis, vehículos de alquiler con conductor, ambulancias… pero muchos de estos se han desenganchado últimamente del paro, al parecer conformes con los acuerdos cerrados entre el gobierno y la CNTC. Reconociendo que el comportamiento de la inmensa mayoría de los que han seguido el paro ha sido correcta, el número de agresiones contra quienes querían ejercer el derecho al trabajo, contándose por cientos las lunas rotas, las ruedas rajadas e incluso en algunos casos daños mayores, a pesar de la movilización masiva de guardias civiles y policías naciones, que aquí sí estuvo diligente el ministro Marlaska, por aquello de que “quien siembra vientos…”, después de despenalizar las actuaciones de los piquetes… y ha faltado una condena más enérgica por parte de la Plataforma de estas actuaciones. Finalmente, la afirmación hecha por Gabriel Rufián en el Pleno del Congreso de la pertenencia de Manuel Hernández a Vox y la de que ni siquiera tiene carnet de camión, no desmentida por nadie, aumenta aún más mis dudas.
Entre las demandas de la plataforma hay una que puede resumir todas: que no les obliguen a trabajar a pérdidas, es decir, lo mismo que llevan reclamando hace meses agricultores y ganaderos y que a todo ser sensato le parece razonable, y bastaría aplicarles a ellos los principio que inspiran la Ley de la Cadena Alimentaria o la que regula las subcontratas en la obra pública. Acusan a los miembros del CNCT de ser los intermediarios en el negocio y los últimos responsables de las condiciones que se imponen a los pequeños, algo que con una regulación de las subcontratas previa una auditoría realizada por el Observatorio del Transporte podría solucionarse. También exigen que no se les obligue a ellos a realizar la carga y descarga de sus camiones, algo que pretenden que se regule por ley, y que el tiempo de espera para la carga y descarga no supere una hora. Finalmente, reclaman la jubilación a los 60 años. Mientras tanto las empresas solicitan 13.000 conductores de vehículos pesados y 107.000 de reparto. Y algo parecido ocurre en el resto de Europa. Y mientras tanto, ¿Qué hacen los sindicatos de clase? Pues al parecer CCOO y UGT están muy ocupados repartiéndose los millones con los que los tiene amordazados la vicepresidenta segunda.
Pero no podemos olvidar los daños colaterales que estamos sufriendo todos los españoles y especialmente aquellos cuya actividad está ligada al mundo del transporte: en primer lugar, los agricultores y ganaderos, por los que los transportistas han expresado su simpatía, pero que con su actitud han venido a agravar. De otro lado este parón en la cadena de suministros ha provocado llamadas de atención de los responsables de las cadenas de algunos supermercados, lo que unido a la histeria colectiva por el acaparamiento ha permitido ver algunos lineales vacíos. (aceites, leches, yogures, etc.) mientras que las flotas de bajura han tenido que amarrar sus barcos porque al precio del gasóleo tienen que sumar las dificultades para hacer llevar sus pescados al mercado.
También grandes industrias, y no sólo las vinculadas con la alimentación han tenido que recurrir a los cierres patronales. (y en Valladolid algo sabemos de esto…)
Sin embargo, todo parece indicar que cada vez son más las organizaciones que se descuelgan del paro y que este próximo fin de semana veremos el final, salvo que la soberbia de la ministra lo impida.
Y mientras tanto, el alcalde de Valladolid sigue sin enterarse, o lo que sería peor si se ha enterado, sigue sin aplicar la legislación de tráfico en nuestra ciudad, y es que con tal de fastidiar al automovilista… es capaz de todo.
Hasta lo próxima.