La semana pasada dedicaba mis comentarios al proyecto de Ley de interrupción del embarazo aprobado en el consejo de ministros, Ley que espero y deseo que no vea la luz sin sufrir profundas modificaciones, y esta semana dedicaré mis comentarios a la Ley de Eutanasia aprobada hace 14 meses. Y lo hago porque este Gobierno que padecemos, ante su incapacidad para resolver los verdaderos problemas que afectan a nuestro país, parece obsesionado por decidir por nosotros cuándo podemos nacer y cuando tenemos que morir, y por supuesto qué podemos hacer y no podemos hacer a lo largo de nuestra vida. El tema es, como en el caso del aborto, tremendamente delicado y trataré de comentarlo con extrema delicadeza.

Eutanasia es etimológicamente "buena muerte", y la RAE lo define como "intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva de vida" y también como "muerte sin sufrimiento físico". Personalmente esta segunda acepción me parece muy desafortunada, pues hay infinidad de casos en que sobreviene la muerte sin sufrimiento alguno, pero también es discutible la primera ante la dificultad de asegurar cuando un paciente "carece de perspectivas de vida", pues los médicos no siempre podemos certificarlo con plena certeza.

Pero vaya por delante que, como en el caso del aborto, el juramento hipocrático prohíbe expresamente proporcionar e incluso facilitar la muerte a los pacientes, aunque estos lo reclamen, y al igual que en el aborto los colegios de médicos se oponen radicalmente a la eutanasia y exigen la garantía de la objeción de conciencia para el personal sanitario que pudiera verse afectado por este supuesto. En el mismo sentido se han pronunciado el Comité de Bioética y por supuesto la Iglesia Católica. Como médico, comparto el juramento hipocrático y la postura de los colegios de médicos.

Pero está claro que quienes pensamos así estamos en minoría, y el 24 de marzo de 2.021 el Congreso de los Diputados aprobó, con 202 votos a favor, 141 en cuenta y dos abstenciones la Ley Reguladora de la Eutanasia, y no puedo ocultar que me produjo una profunda decepción ver a más de 200 parlamentarios puestos en pie y aplaudir con entusiasmo el resultado de la votación convirtiendo a España en el séptimo país que aprobaba la eutanasia, tras Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Colombia, Nueva Zelanda y algunos estados de Australia ¡Menudo éxito!

La norma regula por primera vez en España la aplicación activa de la eutanasia para aquellas personas que reúnan determinadas condiciones y contempla dos modalidades para su práctica: la intervención de una tercera persona (sanitario) que actúa directamente sobre el paciente, o bien que le suministre los medios necesarios para facilitar un suicidio asistido, actuación que puede tener lugar en cualquier centro sanitario e incluso en el domicilio del paciente y está cubierta por el Sistema Nacional de Salud. La norma dice pretender respetar la autonomía y la voluntad de poner fin a la vida de "quien está en una situación de padecimiento grave, crónico e inhabilitante o de enfermedad grave e incurable padeciendo un sufrimiento insoportable que no puede ser aliviado en condiciones que considere aceptables".

Los autores del despropósito legal aseguran que es una ley garantista, puesto que en principio la iniciativa parte del paciente quien se lo plantea a su médico teniendo que ratificarlo quince días más tarde y su médico debe informar y elevar el caso a una Comisión de Garantía y Evaluación que deberá existir en todas las comunidades autónomas, integrada al menos por siete miembros entre los que debe haber médicos, juristas y personal de enfermería. En caso de que el paciente no esté en condiciones de solicitarlo, la Ley regula el procedimiento alternativo. Entre la primera petición y la solución final no deben pasar más de 40 días, periodo en el que solicitante puede dar marcha atrás.

Pero en toda la Ley no se hace la más mínima referencia a la potenciación de las unidades de cuidados paliativos que reclamamos los médicos, el Comité de Bioética y la Iglesia Católica. Ciertamente la aplicación de los cuidados paliativos a este tipo de pacientes puede alargarse en el tiempo y suponer un coste económico muy superior a la inyección letal. Pero, ¿qué precio tiene una vida?

En fin, lo que los izquierdistas consideran un logro y aplauden efusivamente, somos muchos los que consideramos la eutanasia y el aborto como dos procedimientos regresivos contrarios a la ética profesional del personal sanitario, a quienes nos formaron para "curar cuando se pueda, aliviar siempre que sea posible y consolar en todo caso". Todo, menos para ejercer de verdugos.

Esperemos que el Gobierno entre en razón y se dedique a resolver los verdaderos problemas de los españoles y deje de legislar con marchamo ideológico harto peligroso para distraer al personal. Ayer, sin ir más lejos, el Congreso aprobó un nuevo engendro legislativo de Irene Montero, defensora de secuestradoras de niños, con su Ley del 'Sí es sí', que acaba con la presunción de inocencia de los hombres.

Claro que esperar que su Sanchidad sea capaz de actuar con sensatez es como pedir peras al olmo, casi tanto como pedir al alcalde de Valladolid que deje de prevaricar y aplique de una vez la nueva normativa de tráfico.

Hasta la semana que viene.