Pese a la terrible crisis política, social y una economía de posguerra, España nunca antes había malgastado tanto dinero público, sin embargo, se ha llegado a esta situación escandalosa, fruto de una nefasta y opaca gestión de las cuentas públicas. Sobre todo, se ha visto incrementado el gasto político, dado que los propios gobernantes han aumentado verdaderamente en los últimos años las nóminas de los políticos españoles y también la cantidad de cargos a dedo. Por lo tanto, no es solo porque el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez haya formado el ejecutivo más grande y costoso de toda la Unión Europea, ya que debemos tener en cuenta que se ha disparado con creces el gasto innecesario en unos términos muchos amplios y que el país no puede sostener si realmente quiere mantener los servicios públicos esenciales. Además, no olvidemos que España está recibiendo en estos momentos un rescate de la UE por la pandemia y esto sin duda tiene un precio muy alto, aunque a veces haya quién lo pase por desapercibido. De hecho, desde Bruselas ya le han lanzado la segunda advertencia al ejecutivo central en este sentido y no es para menos.

Pero yendo a datos ciertamente preocupantes de cómo se gestiona lo público en España, El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha calculado que la nación podría reducir su gasto público en un 14%, alrededor de 60.000 millones de euros sin rebajar la calidad de los servicios que presta gracias solamente a la mejora de la eficiencia.

Aunque si todavía creen que eso es poco, para que se hagan todavía más una idea clara de lo mal que se gestionan las arcas públicas, en un informe alarmante, la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef) cargó duramente contra la falta de transparencia incluso en el reparto de las subvenciones españolas. Como datos contrastados realmente preocupantes, España gasta ya 14.000 millones de euros anuales sin control en las subvenciones y un total de 122.000 millones de euros al año en sufragar subvenciones destinadas a colegios, profesionales, sistema eléctrico, minería, toros de lidia, gastronomía, ópera, centros de estudios catalanes y vascos, etc. Dichas ayudas generan redes clientelares por la gran dependencia que suponen para los beneficiarios y por lo tanto no es nada positivo que se dispare el gasto en el mantenimiento de estos incentivos, que sin la menor duda deberían ser algo meramente temporal.

Y volviendo al despilfarro en el gasto político, España no puede mantener a 445.000 políticos, contando asesores, dado que el país no genera tanta riqueza como para que exista una Administración inmensa en relación al tamaño de población. Es un esperpento. Por ejemplo, en Alemania y Francia el gasto político es bastante más inferior que en España y son países más ricos, y con esto quiero llegar a la conclusión de que España necesita rebajar los gastos innecesarios y destinarlos a las políticas fundamentales que son ciertamente las interesan a los ciudadanos: educación, sanidad, seguridad, entre otras.

No obstante, al ejecutivo nacional no parece importarle nada está situación, porque va en la dirección contraria al más puro estilo del dictador Nicolás Maduro, ya que el Gobierno socialcomunista se propone seguir subiendo los impuestos a las clases bajas y medias y recortes en las nóminas de los funcionarios españoles, evitando así tocar el gasto político, el cual costea muchas duplicidades y chiringuitos para los amiguetes, entre los cuales destacan las embajadas regionales con una función simbólica, dado que para la actuación en el exterior ya están las embajadas españolas.

Así pues, el despilfarro público en España es una auténtica barbaridad que no debería ser intocable, más aún, cuando sabemos que el país se ha empobrecido notablemente en los últimos diez años y con la tasa de paro juvenil más alta de la Unión Europea. Por ello, los políticos españoles deben tomar nota de aquellos países que han reducido el gasto político y superfluo, poniéndose más en el lugar de las personas que han perdido su trabajo o su empresa o aquellas que trabajan en pésimas condiciones o que directamente no encuentran un empleo, porque en estos momentos, todos los recursos deben ir a los españoles que más lo necesitan. No se entiende otra política.