En la última década, en España se ha disparado notablemente la criminalidad y la inmigración ilegal, según datos del Ministerio del Interior y fuentes policiales consultadas para la realización de este artículo. Todo ello, ha influido significativamente en que bandas criminales se organicen también para llevar a cabo «okupaciones», concretamente más de 39 propiedades privadas asaltadas al día, más de 100.000 en toda la nación, la gran mayoría okupas concentrados en Madrid y Barcelona.

La situación es muy grave, y puede empeorar todavía más, gracias a la crisis y la indulgencia del Gobierno socialcomunista con los llamados «okupas». Por ello, ejerciendo mi labor de periodista, he hablado personalmente con un matrimonio afectado por una «okupación», a los que les resultaba incomprensible cómo pasadas las 48 horas no se puede expulsar a quienes asaltan su domicilio. Una auténtica injusticia que deja a los propietarios en la calle si se trata de una primera vivienda.

Además, he querido hablar con «okupas» de Barcelona: uno de ellos, me ha asegurado que “la propiedad no es de nadie” como excusa para saquear una vivienda de la ciudad con más delincuencia de España. Es realmente bárbaro el descaro en numerosas ocasiones de los «okupas», quienes llegar a pedir protección a la policía, aunque sea insólito, porque muchos españoles de quejan de los asaltos y también de los desórdenes públicos que estos provocan allá donde van.

Por lo tanto, es incuestionable que en España los «okupas» gozan de mucha impunidad, a diferencia de lo que pasa en otros países europeos, algo muy envidiable, salvo la excepción de Portugal. En Alemania ante un suceso algo parecido las casas son desalojadas 24 horas después de conocerse y denunciar la «okupación» por parte de los propietarios. En caso de que la vivienda esté vacía y en mal estado, el propietario está obligado a realizar obras de rehabilitación, siguiendo el ejemplo de la ciudad de Berlín. Y en Francia, la Policía puede proceder al desalojo inmediato de la vivienda, sin necesidad de orden judicial, durante las primeras 48 horas desde que el propietario tiene conocimiento del hecho. Una vez pasado este plazo, los okupas deben probar ante la Policía que llevan residiendo en la citada vivienda al menos esos días y que el inmueble reúne las condiciones mínimas de habitabilidad. A partir de ese instante, el propietario debe denunciar y el desalojo se produce una vez exista sentencia judicial, si bien se suele resolver de forma rápida.

Por ello, no es de extrañar que cada vez más ciudadanos de bien reclamen un marco legal diferente, que tenga en cuenta los modelos europeos más rígidos para frenar las okupaciones ilegales y las personas afectadas no sean expulsadas de sus casas como está pasando de manera realmente lamentable, mientras hay un gran desgobierno en España. Al fin y al cabo, se trata de una medida de justicia para proteger un derecho como es el derecho a la propiedad privada, por la cual todos los gobiernos deberían trabajar con métodos parecidos.

Pero lo que es evidente es que a día de hoy no hay una ley antiokupa en España. Las medidas para conseguirlo son varias, algunas de ellas, son realizar los desalojos de» okupas» en un plazo máximo de 48 horas, y la prohibición a los ayuntamientos para empadronar a las personas que hayan ocupado una vivienda de forma ilegal que hasta no existe, porque se empadronan para percibir ayudas sociales y se empadronan además para que sus legítimos propietarios no les puedan desahuciar ya que se considera al estar empadronados como su morada, aunque sea impresionante.