El PP de Castilla y León y su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, se hallan en una encrucijada a raíz de la decisión de la Audiencia Provincial salmantina de mantener como investigado o encausado al presidente provincial del partido en Salamanca, Javier Iglesias, por el caso de presunta financiación ilegal del partido en las primarias al congreso regional de 2017.
A este asunto se suma el frente judicial abierto como consecuencia de que Iglesias haya excedido en más de año y medio su mandato como presidente provincial del partido en Salamanca, sin dar explicaciones de por qué no convoca el congreso provincial para renovar los órganos internos de gobierno y la propia figura del presidente.
La actitud autocrática de Iglesias, todavía presidente, sí, pero sin legitimidad, está generando profundas divisiones internas entre militantes y cargos públicos, y ha conllevado que una afiliada interponga una demanda ante el juzgado para que el propio juez imponga al PP salmantino la medida cautelar inmediata de convocar el congreso provincial. La vista ha sido fijada para el 14 de diciembre.
En esta coyuntura preelectoral, cuando en el horizonte asoman ya las elecciones municipales (mayo de 2023) y también las generales, ambos asuntos están regalando metralla dialéctica a los partidos de la oposición para arremeter contra Fernández Mañueco y, por extensión, contra el líder nacional, Alberto Núñez Feijóo
El grave deterioro de la democracia en España se percibe en situaciones como estas. Por una parte, en la actitud antidemocrática del presidente del PP salmantino, quien, por mero interés personal (vive de la política) se niega a convocar el congreso provincial. Sorprendentemente, en año y medio nadie en su partido ha dicho ni mu por ello, ni quienes forman parte de los órganos provinciales ni los órganos regionales ni los nacionales.
Y, en segundo lugar, en la reacción de los partidos de la oposición, convirtiendo prácticamente en culpables tanto a Mañueco como a Iglesias por el caso de las primarias, sin que se haya celebrado juicio al respecto. La secretaria de Organización del PSOE de CyL, Ana Sánchez, y otros, con el lógico objetivo de desgastar al adversario político, están disparando calificativos de grueso calibre, en especial contra Mañueco, que es pieza cinegética mayor: “es un tramposo”, “obstruye la labor de la Justicia” y ya se verá “si además cometió el delito de financiación ilegal".
Al presidente regional del PP, Fernández Mañueco, no le falta razón cuando declara que “hay que dejar trabajar a la Justicia y esperar a ver cómo termina todo”. La presunción de inocencia es uno de los principios básicos de un sistema judicial en democracia.
Sin embargo, tanto las primarias como la no convocatoria del congreso provincial de Salamanca ofrecen una clara vertiente política, que los grupos de oposición está aprovechando, legítimamente, para minar la imagen de Mañueco y, de paso, también la del propio Núñez Feijóo.
La figura polémica de Javier Iglesias, presidente del PP de Salamanca desde 2008 y de la Diputación Provincial salmantina desde 2011, constituye la piedra angular en ambos casos, y aviva las sospechas de quienes se preguntan por qué se le permite que siga siendo presidente del partido año y medio después de que haya concluido legalmente su mandato.
La decisión de la Audiencia Provincial de Salamanca de que se mantenga a Iglesias como encausado pone fin a todo el periodo anterior de dimes y diretes. Iglesias no es culpable, pero hay indicios de culpabilidad en su actuación en el caso primarias y por eso seguirá en el proceso judicial como investigado.
Ante lo que pueda suceder a partir de ahora, lo que debería hacer Iglesias es aparcar sus intereses personales y, con carácter inmediato, presentar su dimisión como presidente de la Diputación de Salamanca y como presidente provincial del PP. Por el bien de la propia institución provincial, de su partido y del propio Alfonso Fernández Mañueco, que se está llevando los guantazos. Y si no quiere dimitir, que lo cesen. La Justicia determinará al final del proceso si Iglesias es inocente o culpable, pero solo así el PP podrá privar de munición dialéctica a los partidos de la oposición.
En cuanto al congreso provincial, el PP debería buscar una solución cuanto antes. O convocarlo de inmediato o nombrar una gestora. Lo peor que podría sucederle es que el juzgado impusiera judicialmente la convocatoria.
Tudanca, Ana Sánchez, Pablo Fernández, Francisco Igea y demás darían saltos de campana. Y la imposición vía judicial salpicaría tanto a Mañueco como a Alberto Núñez Feijóo, que nadie lo dude. Sería ponérselas al PSOE y a Pedro Sánchez como a Felipe II.