Una ley con un objetivo concreto, el de endurecer las penas de los delitos sexuales al hacer desaparecer el concepto de abuso sexual, está teniendo efectos varios e inesperados algunos de ellos.
No parecía difícil armonizar los supuestos penales de la ley y sus respectivas condenas, pero al endurecer las penas por abajo, queda una horquilla más laxa por arriba que permite la dulcificación del delito. Y ya está el lío, al aprovecharse de ese supuesto agresores sexuales confesos y convictos, algunos de los cuales ya han salido de la cárcel al aplicarse la ley.
El lío no lo habían previsto sus redactores, con la propia ministra Irene Montero al frente, quien ya ha acusado a los jueces poco menos que de prevaricación en la revisión de sentencias, Incluso entre los ministros del PSOE hubo un inicial desconcierto hasta que Pedro Sánchez los alineó tras el argumento de que hay que dejar que el Tribunal Supremo normalice las sentencias.
En este totum revolutum hasta hay algún miembro de Podemos que no ve mal la aplicación de la ley, aunque la postura general y oficial es arropar a la ministra con un cierre de filas completo en no modificar ni una coma de la ley. Para acabar de enredar el asunto, Pablo Iglesias arremete, sin nombrarla, contra Yolanda Díaz, diciendo que no defender a Montero es un acto miserable, cobarde y estúpido.
La polémica también ha salpicado a los periodistas, con la Delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, solicitando a la prensa que no hable de la petición de reducción de penas que se está produciendo.
Ya ven que una simple ley aprobada por el Consejo de Ministros está poniendo patas arriba la gestión gubernamental al estar hecha sin cautela y sin los principios jurídicos que debían sustentarla.
