Viendo y oyendo lo que está pasando en nuestra actualidad, sin duda y no solo los que ya lo hicimos en la Facultad, hace ya muchos años, debemos no solo refrescar nuestros conocimientos jurídicos, sino hacer un curso intensivo de derecho, para intentar comprender lo que cada día se convierte en un farragoso galimatías legal o más bien ilegal.

Porque ¿Cómo puede entenderse sino que todo un magistrado del Tribunal Constitucional, máximo órgano judicial, discrepe abiertamente de otro sobre la procedencia o no de un recurso de inconstitucionalidad.

¿Es posible que haya sobre una cuestión tan importante como el recurso del PP, posturas contrapuestas, según el talante progresista o conservador de quien decide?

La ciudadanía y no solo los juristas, debe estar atónita ante tamaño espectáculo.

Recuerdo que mi profesor de Penal era el eximio penalista Antómn Oneca, que tenía de adjunto a Marino Barbero, luego magistrado del Supremo e instructor del caso Filesa, famoso y primero de corrupción de un partido político. Y de Derecho Político, entonces no había Constitucional, a Tierno Galván. Y así podría seguir, con Ruiz Giménez, en Derecho Natural, etc.

¿Qué dirían todos ellos si levantaran la cabeza?.

Ya sabemos que el Derecho no es una ciencia exacta si es que hay alguna, que lo dudo, pero al menos tiene unos parámetros que deben respetarse sino se quieren cometer auténticos dislates, como parece que está sucediendo ahora.

Los legisladores, ósea los diputados y senadores, deben cuidar las formas, para que no parezca que todo el monte es orégano, pero los auténticos intérpretes de la ley como los tribunales, y más aún el Constitucional o el Tribunal Supremo, deben tener criterios claros que sirvan para poner orden donde no lo hay como está sucediendo.

Ahora, lo que sí parece evidente, si es que uno todavía recuerda las lecciones recibidas es que mal se puede paralizar una ley que todavía no existe, por no estar aprobada ni por ello promulgada y publicada en el Boletín Oficial del Estado, momento en el cual según nuestro ancestral Código civil, es del sigo XIX, podrá hablarse de que existe como tal ley.

Por ello y a riesgo de equivocarme, entiendo que lo pedido por el PP es claramente prematuro y que el Constitucional no va a paralizar una ley inexistente, por mucho que se argumente que el trámite legislativo ha sido incorrecto, que puede que lo sea pero que todavía no ha llegado el momento para plantearlo. Y ello, por cuanto tampoco se está poniendo en peligro la integridad o la unidad de España, valores estos que sí podrían, como sucedió con Cataluña con su declaración unilateral de independencia propiciar un acuerdo declarativo que sí fue anulado de inmediato por el Tribunal de Garantías.

En fin, creo que esta tormenta en un vaso de agua, se quedará en eso.