La interpretación jurídica se fundamenta, según el código civil, vid. Artículo 3, en el sentido propio de las palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de las normas; es decir, se produce sobre la base o fundamento de los elementos gramaticales, históricos, lógicos, sistemáticos y teológicos.



Con este proceso interpretativo, se puede colegir que la interpretación no puede producir un efecto diverso al pretendido o buscado por la norma y que, dicho efecto, se observa en los propios términos de la regla.



Desde hace ya tiempo estamos viviendo un proceso de alteración de las normas por medio de la interpretación, llegando a la conclusión de que se puede algo que la norma prohíbe o que es aceptable un determinado acto que la norma presenta como reprobable, de forma que, para algunos, manchar las togas con el barro del camino no es otra cosa que turbar y perturbar el sentido de la norma para obtener el sentido deseado por el interpretador, dicho en Román paladí, alcanzar la constitucionalidad de acciones que la propia Constitución reprueba o pretendía impedir.



Se pretenden mesas de diálogo entre iguales por los gobiernos de la autonomía catalana y el de España, cuando la Constitución no acepta la igualdad de posiciones entre autonomías y Estado, pues no se regula en ella una federación o confederación de Estados, sino que reconoce la singularidad cultural de la autonomía en el seno y protección de un Estado único y unificador. No cabe, por tanto, la visión del PNV de la plurinacionalidad o, lo que es lo mismo, el derecho a la secesión o separación entre Estados, pues la norma suprema no permite, sin su retorcimiento, dichas figuras.

Interpretamos no solo las normas para retorcer las mismas a nuestra voluntad, sino el sentido de los partidos, para determinar que Vox es fascista pese a que no existe el más mínimo elemento que lo pueda justificar, frente a otras fuerzas que se aceptan, pacíficamente, como democráticas pese a defender el terrorismo o compender el mismo, así como propugnar la destrucción de España.



No, no estamos ante interpretaciones, sino en el proceso propugnado por Pablo Iglesias de superación del proceso constituyente del 78, declarando que la democracia es la que ellos propungnan, al estilo hispanoamericano, y no un control efectivo, que hay que desmontar, del ciudadano sobre el poder, pues con ello sólo les valdría para el adverso; pero, cuando ellos detentan el poder, no les sirve para someter y lobotomizar al pueblo, como han hecho allende los mares, y han iniciado, de forma avanzada, en el suelo patrio.



Se precisan dos revoluciones de signo opuesto y confluentes en defensa de la democracia, su fortalecimiento y defensa de la Carta Magna. De un lado, la que se debe de proceder a realizar en el ámbito de los conservadores, entre VOX y PP, en el que se adecúen las posiciones, se mesuren y permitan acuerdos sin complejos. Y, otra en la izquierda, en la que se abandonen las derivas de blanqueo del asesino, del delincuente, de reconstrucción de las normas anticorrupción y la defensa de la Constitución que permita un reforzamiento de los controles democráticos, tanto formales como informales, en favor de los ciudadanos.



Sobre esa base de común denominador democrático, la disputa política puede llegar a ser cruel y dolorosa, pero nunca vulnerar el campo de juego, entre señores nunca entre truhanes.



Se podrá discrepar, pero siempre dentro del marco constitucional y, para evitar las tendencias rupturistas, debemos de modificar el modelo electoral, de forma y manera que 100.000 votos en una región concreta no puedan someter a 10.000.000 de votantes en el territio nacional -sean estos de los colores que sean-; es decir, urgen unos pactos entre todos los partidos constitucionalistas, de izquierda, extremaizquierda, el PP y aquellos que están a la derecha del PP, sólo y únicamente en la defensa de la constitución, la regeneración democrática, el fortalecimiento de la calidad de nuestra democracia y en la proporcionalidad del voto que impida la existencia de ciudadanos de distinto nivel o valor, es una exigencia vital.