Cuando las reglas de la convivencia sociales impregnadas de los principios éticos y valores ordinarios no funcionan es preciso acudir a la justicia para restaurarlos y hacerlos valer. Esta es la función básica de la JUSTICIA, como bien he escrito con mayúsculas. Todos preferimos que la convivencia se desarrolle en paz y con pleno respeto a valores fundamentales como la honradez, la transparencia, el respeto a derechos elementales como el honor, la vida, la integridad física, la propiedad…Lamentablemente, son muchas las ocasiones en que esto no sucede y aparecen los ladrones, defraudadores, asesinos de más o menos guante blanco.
Es el momento en que para intentar restaurarlos tenemos que acudir a los tribunales. Nadie quiere recurrir a la justicia con carácter ordinario. Si cabe la posibilidad lo primero que cualquiera se plantea es que si a título individual te han robado te devuelvan lo tuyo y ya está, y si lo que ha sucedido es reparable es preferible siempre intentar llegar a un acuerdo porque como dice el popular dicho “siempre es mejor un mal acuerdo que un buen juicio”. El problema es que hay muchos delitos en que esto no es posible porque ya no cabe reparar o restaurar el daño causado de forma ordinaria. Solo la justicia te puede ofrecer esa reparación.
Estoy haciendo esta breve introducción y análisis porque en esencia esto es la JUSTICIA: el afán por restablecer los valores y principios éticos que rigen nuestra vida. He querido hacer esta reflexión porque están sucediendo demasiadas cosas que convergen en la acción de la justicia y esto deja mucho que desear.
Planta de Santovenia y Archivo de Salamanca
A lo largo de mi vida he experimentado todo tipo de situaciones en el ámbito público, solo por recordar algunos de los más llamativos: casos que estaban guiados netamente por intereses políticos y de repente sin saber cómo ni por qué te encontrabas situaciones como la clausura de un día para otro de una instalación de gestión de residuos peligrosos, que estaba funcionando con un absoluto control de su actividad y que al cabo de años de funcionamiento por un defecto formal primigenio en la tramitación de la apertura, descubierto de forma inesperada, se acordaba judicialmente su cierre. Fue necesario tramitar una ley para resolver el defecto formal y mantenerla abierta. Si no hubiéramos aprobado la Ley para la que existía una mayoría suficiente capaz de hacerlo la planta se hubiera cerrado y el perjuicio al sector industrial de Castilla y León hubiera sido incalculable.
Vinieron otros como la declaración de constitucionalidad del desmembramiento del Archivo de Salamanca de la Guerra Civil, que recopila toda la documentación de la represión ejercida en nuestro país durante ese tiempo. Un archivo es un lugar en el que se guardan todos los documentos que dan fe de una época, de una tramitación, en definitiva, de algo que ha sucedido y cuya veracidad se acredita en los documentos que al archivo que lo alberga refleja. Curiosamente la salida de unos documentos hacia Cataluña, por el simple hecho de que en este territorio querían tener los de los catalanes, fue decretada constitucional. Quizás lo fue porque había un acuerdo para que los partidos nacionalistas catalanes votaran a favor de la aprobación de la Ley de presupuestos que se tramitaba en ese momento en el Congreso de los Diputados. Seguro que esto les suena, porque 20 años después es el mismo trueque con la Ley de Amnistía, muchísimo más grave este último, ¡claro está!
Otros casos que fueron mucho más peliagudos y que de repente llevaron a la cárcel en el acto a un presidente de Diputación por la apertura de una causa nacional en la que lo que se le atribuía a esta Diputación en cuestión, era haber encargado un estudio a una empresa que apareció en una trama en la que se intentaba que tuviera despliegue en todo el país. Este hombre no sabía ni de que le acusaban y estuvo en la cárcel varios meses. Entiendo que en este caso habría riesgo de que se fugara o hiciera desaparecer pruebas, pero la gravedad del delito no aparecía por ningún lado. Estamos hablando de privación de la libertad, que es uno de los bienes más preciados que tiene cualquier persona.
Mascarillas y adjudicaciones
Ahora estamos viendo como una trama en la que la magnitud de lo que ha sucedido se desdibuja, que han robado una abultadísima cantidad de dinero con la venta de mascarillas y la adjudicación de otro tipo de contratos, estamos hablando de millones de euros, de más de 20 delincuentes que se sepa y están todos en la calle campando a sus anchas, seguramente poniendo a buen recaudo y haciendo desaparecer todas las pruebas que les incriminen de los delitos que han cometido. Tomando café en un hotel en Madrid pude ver pasar a uno de ellos que fue reconocido por un hábil fisonomista que me acompañaba en ese momento.
Y ya cuando desciendes al terreno de los ciudadanos de a pie, el desastre de la justicia no mejora, una buena amiga ha sufrido un robo en su casa perpetrado por su empleada del hogar. Con todas las pruebas de haber entrado un día que no debía trabajar en su casa reflejadas en las cámaras de acceso a la vivienda, atestiguadas por el conserje del domicilio y por la investigación de la policía, la justicia ha dicho que no ha pasado nada. Ni siquiera llamaron a declarar a la ladrona, que resulta que tenía antecedentes policiales por tráfico de drogas y hurto en unos grandes almacenes. Por si esto fuera poco la profesional y entrenada ladrona demandó a mi amiga por despido improcedente y el juez de lo social la ha condenado a pagarle una indemnización.
Protección de datos y pareja de Ayuso
Mientras para distraer la atención respecto a la trama de Koldo, Ábalos y compañía, asistimos a cómo se pueden desvelar los datos de un ciudadano de a pie, por muy pareja que sea de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y se le puede hacer un juicio público inculpándole la mismísima vicepresidenta y ministra de este país. Solo había faltado que le hubieran detenido y metido en la cárcel para llevar el escarnio a máximos. Se da la paradoja que les habrá pasado a cualquiera de ustedes que cuando vas a hacer cualquier gestión firmas tantos folios donde no autorizas el uso de tus datos.
Ni que decir tiene que he vivido múltiples situaciones kafkianas en las que me he visto envuelta a manos de mis enemigos políticos, de las que salí siempre indemne en todos los casos, pero que dan para mucho más que un artículo. En todas ellas los medios de comunicación contaron a bombo y platillo el inicio de los cargos, pero nunca contaron el final.
¿Qué tipo de justicia tenemos en nuestro país? La de la conveniencia en cada momento, la de la antítesis del sentido común y de cualquier sentido que guía las reglas elementales de una justicia reparadora del daño y reprobatoria de los que cometen los delitos. Estamos ante una justicia “caprichosa” que se ejerce en función de quien sea el que la recibe y quién la imparte, de en qué territorio sucede y de un montón de factores aleatorios que no ofrecen justicia. En los tiempos de las tecnologías y la inteligencia artificial seguimos asistiendo a la arbitrariedad más absoluta en el análisis de las situaciones y las medidas que se adoptan que pueden ser desproporcionadas en unos casos y absolutamente insuficientes en otros. Desde mi propia experiencia mi recomendación es que si pueden se alejen todo lo más posible de los tribunales, porque solo les van a provocar desasosiego e impotencia, la misma que nos provocan como espectadores.
