Los periodistas independientes que cubrimos los años más intensos del ‘procés’, sabemos que lo ocurrió entre 2011 y 2021 no se puede amnistiar bajo ningún concepto. Sin embargo, la amnistía ha sido aprobada definitivamente en el Congreso de los Diputados con un ambiente bronco y por la mínima. Los votos justos que necesita Pedro Sánchez para seguir en Moncloa y por los que se ha blanqueado la inconstitucional y perversa ley de amnistía, diciendo también que Cataluña está mejor que en 2017, cuando eso es una falsedad descarada, porque está región española ha empeorado mucho en muchos sentidos.

Es importante recordar que los golpistas separatistas intentaron romper España utilizando las instituciones catalanas y usando amplios recursos de la administración y medios de comunicación para tal acto de traición. Además para ese objetivo hicieron uso también de muchos tipos de individuos y colectivos, entre ellos, terroristas CDR que incendiaron las calles catalanas y agredieron, periodistas afines que manipulaban o hacían sectarismo y policías de los Mossos D'Escuadra que se saltaron las leyes ofreciendo información incluso a quién delinquía o no actuando cuando tocaba. Por lo tanto, fue un Golpe de Estado muy bien organizado y que pagaron todos los catalanes, independientemente de que estuvieran de acuerdo o no con la deriva totalitaria, y que también pagaron el resto de españoles.

El golpe secesionista aún así fracasó, pero jamás pensaron quienes perpetraron este enorme ataque a España y su Constitución de 1978, que serían amnistiados por España por semejantes barbaridades y peor todavía por puro interés del sanchismo. Lo que estamos viviendo, indica con claridad el gran momento de inestabilidad política, social y económica en el que está sumido el país bajo los mandatos de Sánchez, pero también demuestra la gran decadencia institucional y moral que afecta a la sociedad española.

La amnistía no es cualquier ley, si somos estrictos, no cabe en la Carta Magna y por lo tanto el Rey de España Felipe VI debería negarse a firmar tal despropósito, ya que todo lo que afirma la misma, es un gran acto de corrupción y traición a los españoles diseñado y llevado a cabo por el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez con sus aliados separatistas y proetarras, que son los beneficiados por esta ley ilegal. Todo un esperpento que busca poner fin al Estado de Derecho, poniendo en tela de juicio a los jueces y terminando de una vez por todas así con la libertad y la igualdad entre los españoles.