Cada vez llegan más inmigrantes a España. Los últimos datos de población en nuestro país acreditan que la población ha crecido por la llegada de extranjeros; de hecho, representan ya el 15% de las personas que viven aquí, con casi 7 millones. Esto no es bueno ni malo en sí mismo; es un dato que demuestra que la gente se mueve de un país a otro y que debe ser algo intrínseco a la libertad de las personas poder hacerlo, y por supuesto, es algo con lo que estoy plenamente de acuerdo.

Ahora bien, España, que recibe aproximadamente 400,000 migrantes extranjeros al año, se ha convertido en el segundo país de la Unión Europea que más recibe, solo por detrás de Alemania, y el doble de lo que reciben de media otros países en Europa. 

UN NUEVO MODELO DE SOCIEDAD: LA MOVILIDAD

La cuestión es cómo llegan los inmigrantes a nuestro país. Todos aquellos que llegan de forma regular, vienen con contratos de trabajo y con la voluntad de desarrollar su proyecto vital en nuestro país son bienvenidos, porque esto determina que estamos dentro de un modelo global en el que la movilidad se ha convertido en uno de los elementos básicos de nuestra sociedad. La posibilidad de viajar y de hacerlo de forma cada vez más fácil, económica y rápida está impresa en nuestra forma de vida actual. Cuando existe una voluntad de construir tu futuro en cualquier otro país de una forma honesta e integrándote plenamente en el modo de vida del lugar al que llegas, eso debe ser siempre absolutamente factible y las políticas que desarrolle cada Estado deben favorecerlo y hacerlo viable.

El problema aparece cuando la inmigración llega de manera ilegal a nuestro país. Precisamente esto es lo que viene sucediendo año tras año y en 2023 ha crecido de manera exponencial y se ha convertido en el año en que más inmigrantes en situación ilegal han llegado desde 2018, con un crecimiento del 82% con respecto al año anterior, con la llegada de 57,000 personas a nuestro país. En lo que va de año han llegado 25,000, el doble que en el mismo período del año pasado.

La mayor parte de estos inmigrantes lo han hecho a las islas Canarias, donde llegan en cayucos y pateras. En 2018, las zonas de entrada preferentes fueron las costas andaluzas.

LOS CENTROS DE ACOGIDA

La solución a este problema no puede ser la de acoger a los inmigrantes y poner en marcha centros de acogida como los que se han ido anunciando en diferentes lugares del territorio nacional. No tiene ningún sentido esta política; no creo que la misión de un Estado sea convertirse en una gran ONG que da cobijo a cualquiera que llega a nuestro país.

Una política migratoria cabal y coherente es aquella que atiende el interés general y que aplica los recursos públicos para favorecer el máximo bienestar social y la convivencia de todos los ciudadanos de un país. Los españoles y los que llegan a nuestro país debemos contribuir al sostenimiento de las arcas públicas pagando los impuestos legalmente establecidos, con el fin de que sean destinados al desarrollo de políticas públicas que sean coherentes y que presten servicios a aquellos que lo necesitan.

Los fondos públicos deben servir para prestar un servicio educativo, una asistencia sanitaria, prestaciones sociales para aquellos que en un momento dado no pueden trabajar por una situación de incapacidad o situaciones de desempleo. Para lo que no están los fondos públicos es para mantener a los que llegan ilegalmente a nuestro país.

En estos últimos días ha vuelto a abrirse el debate político sobre este tema y las posiciones son siempre malversadas y utilizadas de manera interesada. Parece como si los que apoyan la inmigración en cualquier forma, ya sea legal o ilegal, fueran más humanitarios y acogedores que los que exigen un control sobre la inmigración ilegal y como si estas últimas fueran radicales o deshumanizadas.

EL DESTINO DE LOS IMPUESTOS

Sinceramente creo que esta polarización de las posiciones lo único que provoca es confusión en los ciudadanos. La mayoría de la gente lo que quiere es que su país sea un lugar en el que sus impuestos se destinen a prestar mejores servicios, y no lo es claramente el acoger a personas que no vienen a integrarse plenamente en nuestra sociedad y no lo es destinar a construir centros de acogida ni a pagar hoteles a inmigrantes que llegan ilegalmente a nuestras fronteras.

Tampoco lo es cuando suceden acontecimientos como el que esta semana ocurrió en Madrid, en el que bandas latinas traen sus enfrentamientos a nuestro país y traen un modelo de delincuencia mafiosa que no teníamos. Que un tipo entre en una pizzería y se líe a tiros contra otros dos por una rivalidad generada en sus países de origen con bandas de trinitarios y de DDP es importar además un modelo de delincuencia que España no tenía.

De verdad creo que la política de inmigración en nuestro país requiere un modelo riguroso. España, por su posición geográfica, tiene muchos problemas en la llegada de inmigración ilegal. Nuestra proximidad con África y tener una costa tan amplia nos hace especialmente vulnerables.

No podemos permitirnos que el futuro de nuestro país pase por acoger extranjeros en situación ilegal que llegan aquí sin oficio ni beneficio, con la única finalidad de que generemos un modelo pensionado pagado con los impuestos de todos los españoles. Un modelo que, en la medida en que no es justo, supone gastar nuestros recursos en algo indebido y que resta recursos de nuestro modelo de sociedad en el que tenemos muchos retos que afrontar, como mejorar nuestro sistema educativo que ha empeorado sustancialmente o prestar mejores servicios sanitarios o prestaciones sociales para una sociedad muy envejecida.

En definitiva, no se pueden gastar nuestros recursos en algo que no procede. Hay que parar la inmigración ilegal en frontera y devolver a sus países de origen a todos los que llegan sin contrato de trabajo y en definitiva sin futuro a nuestro país. Es tan simple o tan complicado como eso.