Ciertamente el Tribunal Constitucional con su actual composición y a la vista de sus reiteradas sentencias se ha constituido en un “tribunal constituyente” por no definir con palabras más gruesas sus decisiones que hacen que ya se hable de Tribunal de Apelación, Tribunal de la amnistía e incluso de Tribunal Prostitucional. Veamos por qué:

El Tribunal Constitucional, según dice la todavía vigente Constitución Española, es una Institución Independiente de las demás, cuya función consiste en garantizar la supremacía de la Constitución y su acatamiento por parte de todos los poderes públicos. Es ajena al poder judicial, y por tanto no es un tribunal de casación de las sentencias del Tribunal Supremo, que es en lo que ha sido convertida por parte de la mayoría izquierdista que lo controla, (yo me resisto a llamarla progresista, aunque muchos de esa mayoría bien que están progresando…).

Pero el problema es que es el propio Tribunal quien se salta a la torera sin el más mínimo pudor la propia Constitución, pasando de respetarla a interpretarla, y termina modificando por la puerta de atrás la propia Carta Magna, sin recurrir al procedimiento señalado en el propio texto constitucional para su reforma.

Ciertamente todos los Gobiernos que en España han sido han intentado controlar todas las Instituciones que tienen como misión el controlar las decisiones del propio Gobierno, pero nunca la osadía del Gobierno ha llegado a una situación como la actual en la que control es de tal calibre que desde el CIS a la TVE, (acordaos de Tezanos y de los viernes negros en la TVE en la época de Rajoy), pasando por el Tribunal de Cuentas, el INE, el mercado de la competencia, el Consejo de Estado, y desde ayer pretenden controlar el Banco de España, y muy fundamentalmente los órganos relacionados con la Justicia, como la Fiscalía General del Estado, y muy especialmente el CGPJ llegando al máximo órgano de garantías que es el Tribunal Constitucional, que de forma repetitiva se ha autoconstituido en un ilegal Tribunal de Casación de las sentencias del Tribunal Supremo e incluso tiene la osadía, no de decidir si determinadas decisiones del Gobierno y los Tribunales se ajustan al texto constitucional o de falta a los derechos humanos,  sino de hacer una lectura torticera de la propia Constitución que debería proteger haciendo una interpretación de la misma que se acomoda sistemáticamente a los intereses del Gobierno y de su partido.

Y no hay más que ver la composición del actual Tribunal Constitucional y la repetición de sentencias que impone la mayoría izquierdista por 7 a 4, que próximamente pasará a ser de 7 a 5, al incorporarse al Tribunal el magistrado José María Macías procedente del CGPJ. Y el problema es que por encima del TC no hay recurso posible.

Y no cabe la menor duda de que el Presimiente Sánchez tiene perfectamente controlado el Tribunal a través de su presidente, Cándido Conde Pumpido, antiguo Fiscal General con Felipe González, aquel que defendía manchar las togas con el polvo del camino, camino que se recorrió para que el TC legalizara a Bildu en contra de lo sentenciado por el Tribunal Supremo, y de la misma forma que Sánchez dijo aquello de “ y de quien depende la Fiscalía General del Estado ?, pues eso”, hace unas semanas y antes de que se hiciera pública la sentencia que absolvía a Magdalena Álvarez, reivindicó a tan funesta política en un acto de partido, lo cual hizo sospechar a más de uno que una vez más Conde Pumpido actuaba a las órdenes de quien lo nombró.

Pero es que además en este momento hay quien, con buen fundamento jurídico, y a la vista de lo que está ocurriendo con las primeras sentencias de los ERES, afirman que deberían de abstenerse cinco de los magistrados izquierdistas, empezando por el propio Conde Pumpido, como hizo cuando siendo magistrado del Tribunal Supremo se abstuvo precisamente en el tema de los ERES. Es una pena que Conde Pumpido sea el punto final del prestigio de una saga de ilustres juristas… y desde luego nadie cree que su hijo, también licenciado en derecho vaya a recuperar.

Además del presidente se solicita la abstención de la magistrada ponente, Inmaculada Montalbán y de María Luisa Balaguer, del que fuera ministro de justicia, el autor del indulto de los golpistas, Juan Carlos Campo, que por cierto fue Director General de Justicia en el gobierno de Manuel Chaves, y de la magistrada vallisoletana María Luisa Segoviano, por haber dictado sentencias o haber tenido relación con el tema de los ERES.

Y es preciso recordar que en la nota de prensa del TC el propio presidente prohibió que se publicaran los votos particulares de los magistrados discrepantes, al parecer bastante mejor construido jurídicamente que el disciplinado voto mayoritario, algo fácil de entender si tenemos en cuenta que están justificando el mayor caso de prevaricación y malversación de la España democrática y posiblemente de Europa, en el que se han repartido cerca de 800 millones de euros entre amigos y correligionarios, de los que se han recuperado 27, y hay pruebas incuestionables de su utilización en el consumo de drogas y prostitutas, hasta el punto de que la madre de uno de los beneficiarios confesó que su hijo “tenía billetes para asar una vaca”, y tuvieron la poca vergüenza de incluir como beneficiarios de las indemnizaciones por despidos a amigos que nunca han trabajado en empresas que supuestamente les despidieron.

En fin, la vida sigue y mucho me temo que la ruptura de los gobiernos autonómicos de coalición entre el PP y Vox será el tema más comentado este fin de semana. Veremos como acaba todo.

En todo caso, hasta el viernes que viene.