Después de asistir a la ceremonia del desconcierto que nos ha servido VOX con la ruptura de los gobiernos regionales, que absolutamente ninguna de las personas con las que he hablado es capaz de explicarse, han empezado los ceses y nombramientos de los altos cargos públicos en la Junta de Castilla y León.

Seguro que mucha gente se pregunta cómo se nombran los altos cargos públicos que tienen la responsabilidad de gestionar los recursos públicos que salen de los impuestos que todos pagamos.

14.000 millones de euros de presupuesto público

La Junta de Castilla y León dispone de algo más de 14.000 millones de euros para este año 2024 para desarrollar todas las políticas que afectan a nuestra vida: la sanidad, la educación, los servicios sociales, la vivienda, el mantenimiento de muchas de nuestras carreteras, la agricultura y ganadería, la promoción turística, la actividad cultural, etc.

La correcta decisión acerca de cómo se gasta el dinero público requiere conocimiento de las herramientas de las que dispone la Administración. No es fácil conocer el funcionamiento de la Administración. Cumplir las leyes y lo que se denomina procedimiento administrativo exige destreza y experiencia.

No solo esto es necesario, también la determinación y el impulso para empujar las decisiones que necesitan los ciudadanos para que los servicios se adapten a las exigencias de cada momento. Vivimos en un tiempo en el que los cambios son más rápidos y continuos y la toma de decisiones también exige una mayor celeridad y, por lo tanto, estar más preparado y en constante formación.

Volviendo a la afirmación que he realizado sobre el desconocimiento que en general existe sobre cómo se nombra a los altos cargos públicos y asentada la importancia que tiene su labor, no parece muy razonable ni tampoco tranquilizador que el nombramiento se pueda realizar sin tener que acreditar unos méritos probados en la gestión de políticas públicas dotadas de cantidades elevadas de presupuestos públicos.

Nombramiento de cargos públicos

Pues esa es la realidad: no hace falta contar ni con probada experiencia ni tampoco solvencia en la gestión de fondos públicos para pasar a ocupar el puesto de director general o viceconsejero de cualquiera de los departamentos del Gobierno.

Algo que en una empresa privada sería impensable: que alguien que se nombre o elija para ocupar el puesto de director general, director financiero, de recursos humanos o comercial sea una persona sin acreditada experiencia en cualquiera de las áreas de las que se tiene que ocupar.

Cualquier empresa valora sus resultados económicos para decidir la continuidad de los responsables de los diferentes departamentos y, cuando los números son negativos, aborda cambios; pero si tiene rentabilidad y todo funciona correctamente, las personas que los ocupan continúan en sus posiciones.

Esto, que parece de sentido común, no rige en la Administración pública. Nos encontramos con casos en los que personas con una acreditada trayectoria y resultados reconocidos, no solo a nivel nacional o europeo, son cesados como responsables del departamento público que dirigían. Me sirve como ejemplo, y como se suele decir “para muestra un botón”, el caso del responsable de la PAC en Castilla y León.

Cuando la gestión es eficaz

Y como él, hay muchos otros a los que, lógicamente, no conozco. Se trata de personas que son reconocidas tanto por los balances que se realizan externamente de la actividad que desarrollan. Este es el caso, muy llamativo además por su importancia en Castilla y León, como es la gestión de las líneas económicas que se nutren de fondos europeos y que son fundamentales para nuestra Comunidad, como es la Política Agraria Común.

No podemos olvidar que Castilla y León recibe más de 1.100 millones de euros de la Unión Europea para desarrollar las políticas agrarias y que siempre hemos estado en las primeras posiciones en el nivel de ejecución de estos fondos. Todos los presidentes de la Junta de Castilla y León de los últimos tiempos han presumido y destacado la buena gestión que se hace aquí de estos fondos. Detrás de esta gestión siempre ha estado Pedro Medina, un magnífico conocedor de esta materia que exige un detallado conocimiento de una política que es sumamente compleja.

Quizás no puedo ser muy objetiva porque también trabajó conmigo cuando estuve al frente de la Consejería de Agricultura, pero ya estaba allí cuando llegué y continuó cuando me fui.

Creo que cuando alguien acredita solvencia y capacidad para gestionar los intereses de todos los ciudadanos debe mantenerse en el puesto que ocupa. Quiero aprovechar esta tribuna para hacer un llamamiento para que los nombramientos de cargos públicos se guíen por la prestación del mejor servicio a la sociedad. En eso consiste, o debería de consistir, la cosa pública: la mejor administración y gestión del dinero que con tanto esfuerzo los ciudadanos aportamos a las arcas públicas y que debería tener siempre la gestión más eficiente posible porque eso permitiría tener también una sociedad mejor.

El nombramiento de cargos públicos exige un proceso de selección que debería de ser similar al que se sigue en el sector privado: concurrencia de los mejor preparados, acreditación de los méritos que se poseen, análisis y evaluación de todo ello y que se elija al más preparado. Lo contrario solo deriva en un mal uso de los recursos públicos y eso no debe ser así.