Ciertamente he de confesar que son tantos los temas que podía tratar en mi columna de hoy, que me ha costado elegir entre los problemas jurídicos de la familia del Presimiente Sánchez y del propio Presimiente, el fracaso del sanchismo en su último intento de aprobar dos importantes iniciativas legislativas, una sobre la ley de inmigración y otra sobre el techo de gasto, de la permanente humillación del Gobierno de España ante las exigencias de los golpistas catalanes, la negativa de SuperSanchez a convocar la conferencia de Presidentes de las CCAA, la constitucionalidad de la ley de amnistía, la permanente invasión por el Sanchismo de las distintas Instituciones… y tantos y tantos temas que al final todos ellos coinciden en la intención de acabar la separación de poderes.
Es verdad que el control de las distintas Instituciones han sido objeto de deseo de todas las fuerzas políticas, pero cualquier observador neutral tendrá que admitir conmigo que en ningún caso la obsesión de ningún líder político había llegado a la desvergüenza exhibida por Pedro I El Mentiroso, lo cual es normal si tenemos en cuenta que para sentir vergüenza por algo hay que tener una vergüenza que el inquilino de la Moncloa desconoce.
Comenzó Su Sanchidad demostrando su obsesión por acceder a la Presidencia del Gobierno a pesar de haber perdido las elecciones, aunque para ello tuviera que “cambiar de opinión” cuantas veces fuera necesario, comenzando por formar gobierno con quien un día antes manifestó que no podría dormir, pasando de considerar como delito de rebelión el procés catalán a suprimir tal delito hasta el punto de modificar el código penal plegándose a las exigencias de quien con siete votos en el Congreso y unos pocos miles de votos en Cataluña pasó de ser un prófugo de la Justicia, al que iba a traer y poner a disposición de los Tribunales a ofrecerle una Ley de Amnistía en cuya redacción participó activamente el líder golpista huido.
Una amnistía que hasta poco tiempo era indiscutiblemente inconstitucional, por mucho que la banda de Conde Pumpido esté dispuesta a tragar lo que les pida quien los nombró para colonizar un Tribunal que debía ser la máxima garantía del respeto a la constitucionalidad de las leyes, y que se ha trasformado en un tribunal de casación de las sentencias del Tribunal Supremo, como ha hecho con los responsables del desfalco de los 680 millones de los ERES en Andalucía, en la el mayor caso de corrupción de la Unión Europea.
Lo que no se le puede negar al Presimiente es su habilidad para colonizar cualquiera de las Instituciones que tienen por objeto el control del Gobierno, y hasta el momento tan sólo hay una Institución a la que no ha llegado el poder sanchista más que parcialmente, y digo parcialmente que el control de la fiscalía ya lo tiene y bien que lo ejerce, y ello explica la permanente descalificación por parte de los ministros del Gobierno respecto del Poder Judicial y en particular de determinados jueces.
El primer paso hacia el control político del poder judicial se inició en tiempos de Felipe González, quien abusando de su mayoría en el Congreso modificó el sistema de elección del CGPJ dando un mayor protagonismo a los partidos políticos. Y por cierto, el PP que iba a recuperar el sistema de elección devolviéndole a los jueces, se olvidó de la reforma prometida cuando pudo hacerlo con su mayoría absoluta, aunque después se arrepintió de no haberlo hecho y decidió bloquear la renovación del CGPJ, hasta hace unas semanas en las que, bajo tutela europea PP y PSOE decidieron renovar el mismo proponiendo diez nombres cada uno de los dos partidos con posibilidad de gobernar, además de otras condiciones impuestas por el PP para cerrar el acuerdo.
Por cierto, los 20 integrantes del nuevo CGPJ tomaron posesión ante el Rey, en cuyo nombre se administra la Justicia en España, y elegirán Presidente la próxima semana.
Pues bien. Hay dos jueces, el señor Peinado en Madrid y el señor Aguirre en Barcelona que se han erigido en defensores de la Ley, muy a pesar de las descalificaciones a la que ambos han sido sometidas por distintos miembros del Gobierno y muy particularmente por el “ministro trinidad” es decir por el ministro de justicia, con el auxilio en ambos casos del ministerio fiscal, que ya “sabemos de quien depende”, y la colaboración de la “abogacía del gobierno”, antes abogacía del Estado. Esperemos que ambos jueces no cedan a las presiones de los políticos y mantengan su independencia. Por cierto, ya ha habido quien ha solicitado al mas puro estiló bolivariano al recién constituido CGPJ, que tome medidas contra el juez Peinado, que sigue adelante con su instrucción.
Y para que no se piense que son dos jueces de la parte inferior de la carrera judicial, ayer mismo la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se ha dirigido al Tribunal Prostitucional requiriendo su parecer sobre la constitucionalidad de la Ley de Amnistía en un escrito muy bien construido desde el punto de vista jurídico en el que califican nada menos que en diez ocasiones de golpe de estado lo ocurrido en Cataluña con ocasión del Procés.
Sería de agradecer que al menos el Presidente Conde Pumpido se abstuviera en la votación como hizo cuando conoció del caso siendo miembro del Tribunal Supremo y que otro tanto los dos miembros que desembarcaron en el Tribunal procedentes del gobierno sanchista… pero mucho me temo que no. Todavía algunos tenemos confianza en una decisión sensata de la Comisaría de Justicia Europea que suspenda su aplicación a pesar del Tribunal Constitucional.
Y no es fruto de la casualidad que ayer mismo la Comisión Europea mostrara su preocupación por la situación de la Justicia en España, a la vista de la presión que están padeciendo los jueces que tienen la osadía de ejercer honestamente su profesión.
En fin. Que el tema de la Justicia en España está tan caliente… como la climatología. Y seguro que en la Justicia las oleadas del calor seguirán llegando a lo largo del verano. Y si no, tiempo al tiempo.
Hasta el viernes que viene.
