Si abordamos la incidencia que sobre el concepto “calidad de la democracia” tienen el desarrollo o minoración de las alteraciones sobre los “controles al poder”, su implementación y alteraciones, se puede comprobar si estos incrementan, reducen o no afectan a la variable principal. Con ello se busca un acercamiento independiente y objetivo a la valoración sobre la calidad democrática de nuestra política actual, exenta de sesgo o sumisión a una visión política concreta.

Conforme a este planteamiento, observamos que se han reducido, de forma significativa, los controles constitucionalmente establecidos y/o han sido reglamentados, de forma que estos queden restringidos, cuando no muy limitados, lo que afecta de forma que se observa una reducción drástica de la calidad democrática española que, aún no alcanzando los niveles de Venezuela, pero se encara por ese camino.

Si aplicamos este modelo a los servicios públicos, a lo que se ha dado en llamar la gobernanza pública, nos encontramos con un ministro dedicado al vertido de “basura” contra los jueces, la oposición y todo aquello que suponga el control o la oposición a un gobierno débil, con presunciones de corrupción muy serias que alcanzan al personaje, de forma y manera que, sin haber podido evaluar aún los servicios públicos, nos encontramos con situaciones que hacen desaparecer la calidad democrática, para cuando procedemos a estimar los servicios públicos comprobamos que se produce una situación sistémica en la administración pública nacional y que se sintetiza en que no sirven al público, que pretende lucrar del usuario y que son muchísimo más caras que las empresas privadas, de forma que prestando el mismo servicio son capaces de ganar dinero, y no se comprende de otro modo que cambiar una bombilla del alumbrado público resulte más económico a las arcas públicas si lo hace una empresa privada que si se manda a un servidor oficial o dependiente de la administración a realizar la labor.

Pues con estos datos, la calidad del servicio se encuentra en valores inferiores a los de la calidad democrática, afectando a esta de forma evidente al acreditarse que los fondos públicos no sólo están mal gestionados, sino que su uso dista mucho de los niveles óptimos de una empresa privada que tiene como exigencia el lucro, mientras que a la gobernanza pública únicamente le es exigible el beneficio social que queda mucho más lejos que en el servicio privado.

Si evaluamos los niveles ético-morales de los dirigentes políticos comprobamos la existencia de altísimos niveles de nepotismo revisado judicialmente como posiblemente delictivo, si bien su exoneración judicial no empece su existencia y, menos aún, la carencia de los principios democráticos de igualdad y probidad en el uso de los fondos y posiciones públicas, quedando de este modo la calidad democrática bajo mínimos evaluativos, por debajo de la calificación de “baja”

No parece muy democrático, sin entrar en valoraciones judiciales, que la esposa del presidente utilice la sede presidencial para la realización de negocios privados; es decir, se prevalezca de una posición física, legal, e incluso reputacional, de la institución para su lucro y beneficio personal, o alcance una cátedra sin la preparación mínima exigible para ello, así como que el hermano del presidente vea favorecida su contratación, en formas y modos poco habituales, por el hecho de ser el hermano del presidente.

Un dato relevante a la hora de evaluar dichas actuaciones es que en el pasado el mismo partido tuvo actuaciones similares con el hermano del vicepresidente y ello fue causa o motivo de la derrota electoral por evaluar el electorado al PSOE como el partido más corrupto y degradado, significando que, en el presente, la valoración popular no se ve afectada por dichos eventos, no tanto por su aprobación, sino por el grado de crispación social, económica y política en que se produce, lo que provoca una evaluación que afecta a la calidad democrática de forma muy negativa.

Finalmente, se comprueba el grado de colonización política de los órganos del Estado que debieran de cursar en tramos de la máxima independencia por deber de ser controladores del poder y defensores a ultranza del ciudadano, impidiendo todo tipo de acción ilegal, inconstitucional e incluso que pueda rebajar los niveles democráticos, en lo que con un simple vistazo en los últimos años del gobierno del Sr. Sánchez, nos preocupa el grado de manipulación de los órganos constitucionales en favor del poder y contra el ciudadano, produciendo con ello una nueva nota negativa en la evaluación democrática, que se pone en riesgo evidente.

A ello hemos de acreditar que la calidad legislativa es paupérrima, pues no existe una ley que cumpla con todos los requisitos necesarios y que no incurra en defectos graves que provocan situaciones presuntamente indeseadas. Vemos la “ley de sí es sí” que se supone quiere perseguir al agresor sexual, pero lo que provoca es la excarcelación de los mismos; la “ley de paridad” que se supone promueve una paridad real en la contratación, pero que provoca la posibilidad de despidos procedentes que anteriormente hubieren sido declarados improcedentes; una “ley de amnistía” que busca reducir la tensión en Cataluña y que, finalmente, se convierte en la humillación del Estado sometido al chantaje de los delincuentes y promotores de la destrucción de España.

La calidad legislativa no afectaría de forma directa la estudiada calidad democrática, pero sí pone de manifiesto la incapacidad de los dirigentes, su falta de preparación, su evidente sectarismo y su inadecuada prestación del servicio al que debieran estar dedicados, reduciendo por debajo de cero la evaluación de los excelentísimos personajes.